Radioblog #LaVida: ¿Democracia plena o sistema deteriorado?, por Manoly Roldán
Hace una semana se celebraron los congresos del PP y del PSOE, donde se abordó la posibilidad de que, en caso de victoria, el Partido Popular gobierne en solitario sin Vox. Sin embargo, resulta paradójico plantear este tipo de escenarios cuando ni siquiera se han convocado nuevas elecciones y, según las encuestas, el PP tendría dificultades para imponerse.
El último barómetro del CIS (julio de 2025) revela que un 25,3 % del electorado se declara indeciso, y esta cifra va en aumento, en parte debido a los recientes casos de corrupción que afectan al PSOE. Actualmente, el PP obtendría un 26,5 % de intención de voto, Vox un 18,9 % y SALF un 1,7 %. De ese grupo de indecisos, entre un 5 % y un 10 % podría acabar repartido entre estos tres partidos.
España atraviesa también un momento delicado, marcado por una corrupción que parece impregnarlo todo. Algunos analistas políticos, e incluso una parte de la ciudadanía, sostienen que ya no importa si gobierna el PP o el PSOE, porque consideran que el sistema democrático está profundamente deteriorado.
En teoría, España goza de una democracia plena, pero en la práctica muchos ciudadanos perciben graves fallos en el sistema. Entre los principales motivos de desconfianza destacan la sensación de que apenas existen diferencias entre PP y PSOE, ambos alineados con la Agenda 2030, las políticas globalistas, la corrupción estructural y el control judicial y mediático; una justicia politizada; una corrupción sistémica que rara vez se castiga; y pactos con fuerzas contrarias al orden constitucional, como los acuerdos con partidos separatistas que no reconocen la soberanía nacional. A ello se suman cesiones y ley de amnistía que socavan el Estado de Derecho. Como resultado, la desconfianza ciudadana va en aumento, y muchos afirman confiar más en instituciones como la Guardia Civil o el Ejército que en el propio sistema político.
Es decir, consideran que el sistema está secuestrado por una clase política profesionalizada que no rinde cuentas, no resuelve los problemas reales, utiliza las instituciones en su propio beneficio y ha olvidado el verdadero significado de la democracia: “demos” (pueblo) + “Kratos” (poder, gobierno), es decir, el poder del pueblo.
Por otro lado, el pasado miércoles 9 de julio, tuvo lugar en el Congreso de los Diputados el debate entre el presidente del Gobierno y los distintos grupos parlamentarios. En la primera jornada, el jefe del Ejecutivo pidió disculpas por haberse equivocado en la elección de sus antiguos secretarios de Organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, y por los casos de presunta corrupción que afectan a su partido.
Para hacer frente a esa presunta corrupción, el presidente presentó un paquete de 15 reformas agrupadas en cinco bloques, entre los que se incluyen:
- Prevención y controles administrativos: siendo lo más destacado la creación de una Agencia de Integridad Pública independiente, manejado con IA, abierta, y aplicando Compliance en las empresas contratistas.
- Partidos y financiación: auditorías a partidos y fundaciones, transparencia en donaciones y Ley de control de lobbies.
- Protección a denunciantes: con un canal legal protegido y confidencial para alertadores y la obligación de sistemas internos de denuncia en la administración
- Refuerzo judicial: con tribunales especializados, listas negras de empresas corruptoras, etc.
- Reparación y cultura cívica: con estudios demoscópicos anuales sobre corrupción y campañas de concienciación y formación en integridad
Algunos se cuestionan si, como representante de un partido señalado por presuntos casos de corrupción, el presidente está legitimado para presentar una batería de medidas anticorrupción. Para unos, se trata de simples “medidas de maquillaje”; para otros, de un “lavado de cara” innecesario. Así lo expresó el juez Sergio Oliva, quien declaró: “Ya contamos con órganos especializados como la Fiscalía, los jueces, las fuerzas de seguridad o el Tribunal de Cuentas”, y añadió: “Lo que falta no es estructura, sino voluntad política para dejarles actuar con autonomía”.
Asimismo, en la segunda jornada del debate, se abordó el rearme de la OTAN ante un posible ataque de Rusia a alguno de los Estados miembros. Algunos de los partidos que sostienen al Gobierno, como IU/PCE, Podemos, BNG y la CUP, son abiertamente contrarios a la OTAN y condicionan su apoyo a que el gasto en Defensa no supere el 2,1 % del PIB; de rebasarse ese límite, retirarían su respaldo. Por su parte, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo (PP), reprochó al presidente haber firmado previamente un compromiso del 5 % de gasto militar y luego desdecirse. Le recordó que “si uno no está de acuerdo, no firma” y concluyó que haberlo hecho demuestra que “es un farsante, dentro y fuera de España”.
Este debate sirvió para confirmar el respaldo de sus socios de investidura y, de forma indirecta, superar la moción de confianza a la que nunca se sometió. También evidenció que esos mismos socios han decidido acelerar sus exigencias, ante la incertidumbre sobre cuánto tiempo podrá mantenerse en el poder. El presidente, por su parte, parece convencido de tener una misión superior que cumplir y no tiene intención de abandonar el barco. Por otra parte, entre las principales demandas de sus socios independentistas se encuentra la de ERC, que tiene previsto reunirse este lunes en el Palau de la Generalitat, en Barcelona, con representantes del PSOE-PSC. El objetivo es garantizar el cumplimiento del acuerdo alcanzado en el pacto de investidura de Salvador Illa, firmado el 8 de agosto de 2024. Dicho pacto contempla el cierre de una “financiación singular” para Cataluña, también conocida como “concierto catalán” o “cupo catalán”, que otorgue a la comunidad la capacidad de recaudar sus propios impuestos a través del refuerzo de su Agencia Tributaria Catalana (ATC). Este modelo comenzaría a aplicarse en 2026, con la gestión del IRPF, la matriculación de vehículos y el IVA de las pymes.
Entre las exigencias de ERC destacan: que la ATC no esté subordinada a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT); que Cataluña asuma de forma plena las competencias de inspección, gestión, recaudación e incluso capacidad normativa; y que el nuevo modelo de financiación se incorpore a la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Para ello, ERC propone la presentación en el Congreso de una proposición de ley conjunta con el PSOE para reformar la LOFCA y regular específicamente la Agencia Tributaria Catalana.
Las posibles consecuencias de esta cesión serían significativas: podría fracturar el modelo territorial, ya que otras comunidades autónomas reclamarían un trato similar; aumentar el enfrentamiento político entre los barones del PP y del PSOE; generar tensiones fiscales en la redistribución de recursos y en el equilibrio presupuestario nacional; y, además, otorgar un mayor poder al independentismo, al permitirle controlar la economía catalana con una supervisión estatal reducida.
No hay garantías de que esta cesión prospere, ya que el PP y varios barones socialistas la consideran un “trato desigual entre comunidades autónomas”. Si no se alcanza un acuerdo, tanto el presidente del Gobierno como el de la Generalitat podrían perder el apoyo de ERC, lo que pondría en riesgo la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado de 2026, así como los presupuestos catalanes. Incluso podría desencadenar la caída de ambos ejecutivos.
Para muchos constitucionalistas, se trata de una ruptura del principio de igualdad y solidaridad que da sentido al modelo autonómico. Para los nacionalistas catalanes, en cambio, representa un paso hacia la “plena soberanía” sin necesidad de una ruptura legal.
José Luis Rodríguez Zapatero ofreció a JxCat la creación de un “Consejo de Justicia de Cataluña”, un órgano similar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a cambio de su apoyo para aprobar la llamada Ley Bolaños, con algunas enmiendas. Esta propuesta representa un riesgo serio para la independencia judicial, la unidad del sistema legal español y la igualdad jurídica entre los ciudadanos. De hecho, las cinco asociaciones de jueces y fiscales que protagonizaron una manifestación y tres días de huelga acudieron al Parlamento Europeo, en Luxemburgo, para denunciar los efectos de dicha ley sobre la independencia del poder judicial. Asimismo, este 15 de julio tendrá lugar en Luxemburgo una vista ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en la que se evaluará la posición de cuatro entidades jurídicas españolas que han planteado cuestiones prejudiciales sobre la Ley de Amnistía. Estas consultas cuestionan si dicha norma es compatible con el Derecho de la Unión Europea, en particular en lo relativo a delitos de malversación o financiación indebida de fondos públicos. Para la Comisión Europea, esta ley podría constituir una “autoamnistía”, lo que refuerza la trascendencia jurídica del caso.
Por su parte, EH Bildu, encabezado por Arnaldo Otegi, se reunió recientemente con representantes de Podemos para solicitar al Gobierno una “reforma estructural del Estado” con el objetivo de superar el denominado “régimen del 78” y abrir un “nuevo ciclo político” que avance en derechos nacionales y sociales. Esta propuesta busca reabrir el debate sobre el modelo territorial de España.
Por último, diversas organizaciones e instituciones internacionales, como Freedom House (EE. UU.), The Economist Intelligence Unit, la Comisión de Venecia, GRECO, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como juristas, plataformas independientes españolas y movimientos ciudadanos, coinciden en que, para que en España exista una democracia real tanto en la teoría como en la práctica, es necesario llevar a cabo una serie de reformas profundas.
1. Reforma del poder judicial: despolitizar el CGPJ, permitiendo que los jueces elijan a los jueces, sin interferencia de partidos políticos; modificarel sistema de nombramiento del Tribunal Constitucional y la Fiscalía General del Estado, para garantizar neutralidad; establecer plazos máximos para causas judiciales y prohibir prescripciones provocadas por retrasos injustificados, y asegurar protección a jueces y fiscales independientes, sin represalias por investigar a políticos o empresarios poderosos.
2. Regeneración del sistema político: listas abiertas para que los ciudadanos voten a personas y no solo a partidos; limitación de mandato y no vitalicias;
incompatibilidades estrictas entre cargos públicos y actividad empresarial/lobista; prohibir que políticos condenados por corrupción puedan volver a cargos públicos; crear un sistema de rendición de cuentas obligatorio con sanciones reales por incumplimientos de programas electorales.
3. Control efectivo de la corrupción: unidad anticorrupción totalmente independiente del poder político, protección y recompensa para denunciantes de corrupción, publicación obligatoria y verificada de patrimonios de cargos públicos y familiares directos, auditorías externas y aleatorias en todos los niveles de la administración y prohibición de puertas giratorias entre política y grandes empresas o fondos.
4. Democratización de los medios de comunicación: convertir RTVE en un verdadero servicio público independiente, no en aparato de propaganda gubernamental; regular para que los medios de comunicación sean más plurales, más voces y más transparencia en propiedad; protección legal a periodistas de investigación y sanción a las presiones institucionales o empresariales y fomento de medios ciudadanos y financiación participativa del periodismo independiente.
5. Modelo territorial y constitucional: fijar límites claros a las concesiones autonómicas, con igualdad entre ciudadanos sin importar su lugar de residencia; condicionar los pactos de investidura a la lealtad constitucional (ningún partido debería poder formar gobierno con apoyo de fuerzas que no reconocen el Estado).
6. Educación cívica y participación ciudadana: introducir en todos los niveles educativos una formación en democracia, derechos, deberes y pensamiento crítico; fomentar la participación directa en decisiones locales a través de referéndums vinculantes, presupuestos participativos o asambleas ciudadanas; garantizar el acceso digital igualitario para evitar que solo ciertos sectores puedan ejercer presión o informarse y crear un sistema accesible para iniciativas legislativas ciudadanas reales y vinculantes, sin obstáculos.
7. Revisión del sistema electoral: corregir la sobrerrepresentación de algunos territorios (Ley D’Hondt) que distorsiona la voluntad popular; Garantizar el voto en el extranjero sin trabas, sin las actuales dificultades del voto rogado y estudiar fórmulas más proporcionales o mixtas que combinen representación local y proporcional nacional.
En conclusión, España se encuentra en un momento de profunda desafección ciudadana y desgaste institucional. La acumulación de casos de corrupción, las cesiones políticas con consecuencias estructurales y la falta de reformas reales han deteriorado la confianza en el sistema democrático. Mientras los partidos tradicionales pierden credibilidad, las demandas de regeneración crecen desde dentro y fuera del país. Sin cambios profundos y consensuados, el riesgo no es solo la fragmentación territorial, sino el vaciamiento progresivo de la democracia misma.
“Mientras las instituciones estén al servicio del poder y no del pueblo, la democracia será solo una palabra vacía. La democracia no se defiende con discursos, sino con hechos, límites y responsabilidades reales”.
