Radioblog #LaVida: El español en peligro dentro de su propia casa, por Manoly Roldán
La lengua española cuenta con más de 600 millones de hablantes en el mundo:
de ellos, aproximadamente 500 millones la tienen como lengua materna, 78
millones poseen competencias limitadas y 24 millones la estudian como lengua
extranjera. Es, además, la segunda lengua más hablada del planeta, solo
superada por el chino mandarín.
El español se estudia en más de 100 países y es lengua oficial y materna en 21
de ellos. Como segunda lengua, se imparte en distintos continentes: en África
(Guinea Ecuatorial y el Sáhara Occidental), en Asia (Filipinas), en América
(Estados Unidos, Belice, Brasil, Trinidad y Tobago, Jamaica, Antillas
Neerlandesas, Guyana y Canadá) y en Europa (Andorra, Gibraltar, Suecia,
Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Países Bajos, entre otros).
El interés por aprender español ha ido en aumento en países como China,
India, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, Tailandia y Vietnam. Las razones
principales son el fortalecimiento del comercio con América Latina y España, el
turismo, el acceso a estudios superiores y el creciente interés cultural por el
mundo hispano.
Como puede observarse, el crecimiento y reconocimiento de la lengua
española, también llamada castellana, se produce mayoritariamente fuera de
nuestras fronteras, no así en España, país que es precisamente la cuna de
este idioma. Según datos del INE y del CIS, el 99 % de la población entiende y
habla español. Sin embargo, en comunidades autónomas con lenguas
cooficiales, como Cataluña, Euskadi, la Comunidad Valenciana, Baleares y
Galicia, su uso está disminuyendo. Este fenómeno comienza también a
manifestarse en Asturias.
La Constitución Española de 1978, en su artículo 3, establece lo siguiente: “El
castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles
tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. Asimismo, reconoce que “las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”.
Por otro lado, en el caso de Cataluña, aunque gobierna el Partido Socialista de
Cataluña (PSC), formación que se supone constitucionalista y, por tanto,
obligada a respetar lo dispuesto en la Constitución, esto no se ha cumplido en
la práctica. Desde que gobiernan tanto el actual presidente del Gobierno como
el presidente de la Generalitat, han necesitado el apoyo de partidos
independentistas, nacionalistas y comunistas para mantenerse en el poder, lo
que ha provocado cesiones significativas a favor de la lengua catalana y en
detrimento del castellano o español.
Durante la pasada legislatura encabezada por Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC), su líder, Pere Aragonès, se negó a acatar la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ordenaba
impartir al menos un 25 % de las clases en español, con el fin de garantizar el
derecho a recibir educación en la lengua oficial del Estado.
En su lugar, se aprobó la Ley 8/2022, de 9 de junio, con el respaldo de ERC,
PSC, JxCat y los Comunes. Dicha ley eliminó cualquier referencia a
porcentajes concretos de uso del castellano en las aulas, sustituyéndolos por
criterios sociolingüísticos propios de cada zona. Los centros educativos
pasaron así a decidir la proporción de uso de cada lengua. La norma estableció
expresamente que el catalán es la lengua vehicular del sistema educativo. Esta
ley fue impugnada por el TSJC por considerarla inconstitucional, y actualmente
se está a la espera de la resolución del Tribunal Constitucional (TC).
Mientras tanto, el Gobierno de Salvador Illa (PSC) aprobó el pasado martes 13
de mayo el Pacto Nacional por la Lengua, en un acto celebrado en el Instituto
de Estudios Catalanes, con el apoyo de ERC, los Comunes y diversas
entidades sociales, educativas y económicas. De momento, no cuenta con el
respaldo de JxCat, que espera a conocer el fallo del TC o a que se logre la
oficialidad del catalán en la UE. Tampoco ha sido respaldado por la CUP.
Según los promotores, el objetivo principal del pacto es revertir el descenso en el uso social del catalán y alcanzar 550.000 nuevos hablantes para el año 2030. Los tres partidos firmantes afirman que la firma del acuerdo les otorga
«más robustez ante la eventual respuesta que se tenga que dar».
El Pacto contempla una inversión total de 255 millones de euros para el año
2025, con un aumento progresivo previsto hasta 2030. Estos fondos se
destinarán a diversos ámbitos: educación, cultura, medios audiovisuales,
programas de acogida y formación para personas recién llegadas a Cataluña, y
capacitación para profesionales del ámbito sanitario. También se incluyen
cursos de catalán dirigidos al sector comercial y judicial, la creación de una
oficina para registrar denuncias por discriminación lingüística, y el impulso al
doblaje audiovisual en lengua catalana. Ante la escasez de filólogos en catalán,
se prevé la implementación de programas específicos de formación.
Con la aprobación del Pacto, se intensificará la obligatoriedad o la imposición
del uso del catalán en las empresas públicas y privadas, en la justicia, la
sanidad, los centros escolares (incluido el control del idioma utilizado en patios,
aulas y pasillos), en la supervisión de los profesores respecto a la lengua en
que imparten clase, en las universidades y en los distintos medios de
comunicación. El control pretende ser total. Sin embargo, lo que las
autoridades no pueden controlar es el creciente uso del español entre los
jóvenes, tanto en el ámbito doméstico como en la calle y las redes sociales.
Ellos viajan y comprenden la utilidad del español fuera de Cataluña.
El Gobierno catalán también subvenciona a las escuelas privadas catalanas de
La Bressola, situadas en los Pirineos Orientales del sur de Francia, con el
objetivo de preservar la lengua catalana más allá de sus fronteras. Este año las
ayudas económicas se han incrementado, aunque esta práctica no es nueva,
pues se viene realizando desde hace años. Lo novedoso es que, por primera
vez, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha
decidido contribuir al sostenimiento de estos centros privados. Asimismo,
colaboran en su financiación diversos ayuntamientos de Cataluña.
En 2023, los partidos independentistas aprovecharon que el Gobierno
necesitaba su apoyo para formar mayoría parlamentaria, y a cambio lograron la
modificación del Reglamento del Congreso de los Diputados. Desde entonces,
los diputados pueden expresarse en sus lenguas cooficiales: catalán, vasco y
gallego. Esta medida se amplió posteriormente al conjunto de la Administración
General del Estado para facilitar también a los ciudadanos el uso de dichas
lenguas. Para ello, fue necesario implementar herramientas de traducción y
contratar traductores. Muchos consideran esta medida un gasto innecesario, ya
que todos los representantes y funcionarios dominan la lengua común: el
español.
En el Senado, el uso de las lenguas cooficiales en los debates del Pleno ya
estaba permitido desde el 20 de julio de 2010. Se autorizó expresarse en
catalán, gallego, euskera y valenciano. Esta medida fue aprobada por el PSOE
y contó con la oposición del PP, que la consideró un gasto innecesario,
especialmente por el coste derivado de la contratación de traductores.
No conformes con lo anterior, y aprovechando que tanto el Gobierno central
como el autonómico dependen de su apoyo para seguir gobernando, los
partidos nacionalistas e independentistas han exigido que se lleve la cuestión al
Parlamento Europeo, con el fin de lograr que las lenguas cooficiales o
regionales sean reconocidas oficialmente en las instituciones de la Unión. No
obstante, esta iniciativa se enfrenta a un obstáculo considerable: para que
prospere, es necesario que los 27 Estados miembros den su aprobación por
unanimidad.
En la UE existen actualmente 24 lenguas oficiales. Además, se reconocen unas
60 lenguas regionales o minoritarias que, aunque no tienen estatus oficial,
pueden utilizarse en determinadas instituciones mediante acuerdos políticos
específicos. El Consejo de Europa promueve y protege el uso de estas
lenguas. Y se hablan entre 225 y 287 lenguas indígenas (dialectos y lenguas
minoritarias).
Sin embargo, esta situación no se limita únicamente a Cataluña, ya sea bajo
gobiernos independentistas o del PSC. También se da en Galicia, donde desde
hace muchos años la promoción del gallego ha derivado, en algunos casos, en
una imposición que afecta a una parte considerable de la población.
Algo similar ocurre en la Comunidad Valenciana. Se pensaba que, con la
llegada del PP y Vox al Gobierno autonómico, la situación cambiaría. Sin
embargo, no ha sido así. La inmersión en lengua valenciana está tan
profundamente arraigada en la vida social, cultural y educativa que resulta
difícil revertirla e implantar un modelo de enseñanza verdaderamente bilingüe
que combine la lengua oficial del Estado con la lengua cooficial del territorio.
Como ejemplo reciente, entre el 25 de febrero y el 4 de marzo de este año se
llevó a cabo una consulta dirigida a los padres para que eligieran en qué lengua
querían que sus hijos recibieran la educación. Los resultados fueron muy
ajustados: el 50,53 % de las familias optó por el valenciano, mientras que el
49,47 % se inclinó por el castellano o español. La campaña previa a la votación
fue especialmente intensa, reflejando los importantes intereses que hay en
juego.
En Baleares se han logrado algunos cambios significativos. Por ejemplo, el
conocimiento del catalán ha dejado de ser un requisito imprescindible para
trabajar en la administración pública, pasando a considerarse un mérito.
Además, se ha puesto en marcha un plan piloto que permite elegir la lengua de
enseñanza, aunque se establece que al menos el 50 % de la educación debe
impartirse en catalán.
En Euskadi, existen teóricamente tres modelos educativos: A, B y D. Sin
embargo, desde el Gobierno vasco se promueve activamente el modelo D, en
el que toda la enseñanza se imparte en euskera, salvo la asignatura de lengua
castellana. Este enfoque se extiende también al ámbito administrativo,
fomentando el uso exclusivo del euskera y generando desigualdad para
quienes provienen de fuera o no dominan la lengua. Como consecuencia, el
castellano se ve reducido como lengua vehicular en la educación. En la práctica, no existe un bilingüismo real, sino una deriva hacia el monolingüismo en euskera, a pesar de que una parte mayoritaria de la población continúa
usando el español, a menudo relegado o marginado.
Por otra parte, en Asturias se está reproduciendo una dinámica similar a la de
Cataluña, aunque en este caso con la lengua asturiana, conocida como
«Bable». De momento, el PSOE no ha logrado su reconocimiento como lengua
cooficial, pero continúa trabajando en esa dirección. El uso del asturiano se
extiende progresivamente en distintos ámbitos: el social, el educativo, la
administración pública y la red de normalización lingüística. Asimismo, avanza
la oficialización de la toponimia en asturiano en numerosos municipios y
localidades, y se incrementa su presencia en la radio, la televisión y el
Parlamento asturiano. En el ámbito laboral, incluso se han llegado a exigir
niveles altos de competencia lingüística para empleos de baja cualificación. En
la universidad, por ahora, el asturiano es una opción académica no vehicular,
salvo en el caso de los profesores asociados en Lengua Española, a quienes
se les exige su conocimiento. En el sector privado, se valora especialmente en
los ámbitos cultural, editorial y turístico, y existen incentivos económicos para
aquellas empresas que lo utilicen.
Llegados a este punto, y observando que es mayoritariamente el PSOE quien
impulsa la promoción de las lenguas regionales, cabe preguntarse a qué
responde esta insistencia y avance. Posiblemente, se deba a su propio ideario
político en materia lingüística para conseguir lo que se propone en su
Declaración de Granada (6-7-2013).
Esta estrategia reforzaría su plan de transformar el actual modelo de Estado
autonómico en un Estado federado o incluso confederado de “cogobernanza”,
como lo indica en Impulso de país, (págs. 64-69). En ese contexto, el hecho
de que las comunidades autónomas cuenten con lenguas propias facilitaría la
consolidación de ese nuevo modelo territorial, basado en entidades más
diferenciadas y con mayor grado de autonomía política y cultural.
Es decir, el PSOE avanza por múltiples frentes: no solo en el ámbito
económico, como el cupo catalán o la creación de una Hacienda propia, o en
competencias sensibles como la inmigración, sino también en la imposición
creciente del catalán en detrimento de la lengua oficial del Estado. Esta
situación contrasta con lo que ocurre en otros países como Alemania (alemán),
Francia (francés), Italia (italiano), Reino Unido (inglés) o Estados Unidos
(inglés), donde se mantiene la lengua oficial común sin discusión.
Ante la deriva política y el menosprecio hacia la lengua española por parte de
algunos dirigentes, en Cataluña han surgido diversas asociaciones que luchan
incansablemente para denunciar esta situación y defender el bilingüismo real.
Entre ellas destacan Hablamos Español y Escuela de Todos, esta última
constituida en 2023 por la unión de 20 asociaciones comprometidas con esta
causa.
Ante el trato discriminatorio que sufre la lengua española en diversas regiones
del país, se hace imprescindible adoptar medidas concretas para promover su
uso, tanto a nivel nacional como internacional. Algunas de estas acciones
podrían ser las siguientes:
- Reforzar el Instituto Cervantes como pilar global, aumentando su presencia en
más países (África, Asía y EE.UU), incrementando su presupuesto, creando
más aulas y plazas docentes para estos centros. - Defender el uso efectivo del español en los organismos internacionales, como
la ONU, la UE, el FMI, la Corte Penal Internacional, y otros foros multilaterales,
garantizando su utilización real y no solo simbólica. - Impulsar una política exterior orientada al hispanismo, promoviendo el español
como lengua de cultura, comercio y diplomacia, y estrechando lazos con países
hispanohablantes. - Proteger el español dentro del propio territorio nacional, asegurando su uso
- vehicular en todas las comunidades autónomas, incluso en aquellas con
- lenguas cooficiales.
- Aprovechar el potencial cultural y mediático (financiar y exportar contenidos
en español: cine, música, videojuegos, literatura). Crear plataformas digitales
(tipo YouTube educativo) para la promoción del español con acceso libre.
Impulsar becas para estudiar en español en España e Hispanoamérica. - Reforzar la cooperación con los países hispanohablantes, por ejemplo
ASALE. - Apoyar el español en la ciencia y la tecnología, incentivando la producción de
investigaciones científicas, organizando congresos internacionales, y
desarrollando software, inteligencia artificial y plataformas educativas en
español.
Por último, conviene aclarar que estos problemas se presentan principalmente en los centros públicos y concertados, ya que dependen de fondos públicos y están sujetos a las políticas lingüísticas de la administración. En cambio, los centros privados gozan de mayor autonomía y suelen ofrecer enseñanza en diversas lenguas, como español, inglés, francés, alemán, entre otras.
Los responsables del gobierno en Cataluña desoyen tanto las resoluciones del poder judicial como las recomendaciones del Informe elaborado por los eurodiputados tras su visita a la región en diciembre de 2023. Si una familia desea que sus hijos reciban siquiera un 25 % de su enseñanza en lengua española, debe recurrir a la vía judicial y enfrentarse a un proceso largo y costoso. Muy pocas lo hacen; otras, directamente, optan por trasladarse a comunidades autónomas donde no existan trabas lingüísticas de este tipo. Quienes somos padres debemos tener claro que nuestros hijos deben dominar la lengua oficial del Estado, el español, así como al menos una lengua extranjera, especialmente el inglés, imprescindible hoy en día para el ámbito académico, profesional y para desenvolverse en un mundo globalizado. También es recomendable el aprendizaje del francés, por su proximidad geográfica y relevancia internacional, así como de otras lenguas que amplíen su horizonte cultural. Todo ello puede y debe convivir con el uso de las lenguas cooficiales o regionales propias, no como una imposición, sino como parte enriquecedora de su identidad cultural. De hecho, en Cataluña, una parte del alumnado ya es trilingüe.
En conclusión, la marginación de la lengua oficial española en aquellas comunidades con lenguas cooficiales provoca una serie de consecuencias graves: vulneración del derecho a recibir enseñanza en la lengua materna,
dificultades de aprendizaje y descenso del rendimiento escolar, discriminación y exclusión lingüística, desobediencia sistemática a resoluciones judiciales y limitaciones en la movilidad educativa. Todo ello rompe el principio de igualdad ante la ley, genera una sociedad desequilibrada y condena a muchos jóvenes a empleos de baja cualificación y a un futuro incierto. Por ello, los castellanohablantes reclaman un modelo bilingüe auténtico y justo, en el que ambas lenguas cooficiales puedan convivir sin que una se imponga sobre la otra.
“Imponer una lengua nunca es diversidad, es dominación disfrazada de cultura. No se trata de oponerse a las lenguas cooficiales, sino de garantizar que el español no se convierta en una lengua secundaria en su propio país”.
