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Radioblog #LaVida: Tiempos de cambio, por Manoly Roldán

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Autogolpe o golpe frustrado en Bolivia, el controvertido debate entre los candidatos Biden y Trump, en Francia el triunfo de Marine Le Pen, con un 33,1% de votos, en primera vuelta, Israel con dos focos de guerra Hamas y Hezbolá (Líbano), Ucrania en proceso de trámite para su adhesión a la UE, no se rinde y sigue luchando a pesar de las adversidades, la Eurocopa que tiene entretenidos a muchos, etc.

Y en España, continuamos con un Gobierno que anda lentamente por no disponer de una mayoría propia para gobernar, sino que depende de sus socios nacionalistas, independentistas y comunistas para llevar su proyecto adelante. A la vez sus socios van perdiendo fuerza.

También, está la cuestión de la investidura catalana donde se disputan el poder entre JxCat y el PSC para dirigir la Generalitat de Cataluña, pero ambos requieren del apoyo de ERC.

Resulta que ambos partidos catalanes, quieren conseguir del Gobierno central  la cesión del 100% de los impuestos, es decir tener una Hacienda catalana propia. Hasta el momento, parecía que solo era ERC quien quería este “concierto económico” a cambio de su apoyo al candidato Salvador Illa, del PSC.

Pero JxCat, quiere conseguir lo mismo, no quiere dejar que ERC se haga con ese triunfo, así que ha decido hacer público, que ellos llevan meses negociando la financiación catalana y para ello está dispuesto a publicar las actas donde supuestamente consta que es así.

Por su parte, el PSC, les ofrece constituir el “Consorcio Tributario de Cataluña”, el cual sería la primera piedra de la futura Agencia Tributaria Catalana, basado en el Estatuto de Cataluña, del año 2006, para ellos, eso representa el pasado. Ahora, consideran que se merecen un trato bilateral por ser “un país o nación”.

De igual manera, la pasada semana, el presidente del Parlamento catalán, Josep Rull, informó a la Cámara Catalana, que no se iba a celebrar la  investidura porque ninguno de los dos candidatos, Salvador Illa y Carles Puigdemont, habían conseguido los suficientes apoyos para ser investidos, tienen de plazo hasta el 26 de agosto para conseguirlo y si no fuera así, entonces el 13 de octubre, la sociedad catalana estaría llamada otra vez a las urnas.

Además, se aprobó la modificación del Reglamento del Parlamento Catalán, en el que se incluyen los votos telemáticos de los diputados en el extranjero (Carles Puigdemont, Lluís Puíg y Rubén Wagensberg), salió adelante con los votos favorables de JxCat, ERC, Comuns, la CUP y el PSC.

Por su parte, ERC ha dado de plazo a Illa y Puigdemont, hasta finales de este mes de julio, para decidir qué proyecto tienen para Cataluña. Al final, será  ERC y sus bases quienes decidirán a cuál de los dos prestan su apoyo.

De los movimientos de JxCat y ERC, depende el futuro de Illa y del Gobierno de España.

Por otro lado, el PSOE requiere del apoyo de los dos partidos independentistas para poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2025, ya que de momento se está utilizando los PGE 2023. JxCat, avisó que en caso de que ERC preste su apoyo al PSC, ellos no darán su apoyo para aprobar dichos presupuestos.

Respecto a los PGE 2025, el Gobierno aprobó la Ley de Representación Paritaria, es decir que debe existir un 40% de presencia de mujeres y un 60% de hombres, en los diferentes organismos institucionales, pero en dicho documento incluyó dos enmiendas, la primera, para quitar al Senado su capacidad de veto sobre el techo de gasto público y anual, imprescindible para aprobar los PGE.

De tal manera que estos ya no llegarán al Senado para su revisión y aprobación, sino que serán ellos mismos en el Congreso de los Diputados, quienes aprobarán los Presupuestos sin contar con la posición del Senado como estaba reglamentado.

Con esta operación quitó la facultad que correspondía al Senado, hecho por el cual, el PP que tiene mayoría absoluta en esta Cámara presentará una denuncia por prevaricación contra el PSOE, por considerarlo inconstitucional.

La otra rectificación se refiere a la supresión del  artículo de la ley de amnistía que impedía su inmediata aplicación una vez publicado en el BOE, sin necesidad de realizar una consulta prejudicial a la UE. Esto facilitaría que se conceda la amnistía con mayor agilidad.

Así mismo, después de más de cinco años de espera y de las últimas negociaciones con los intermediarios en Bruselas (Didier Reynders y Vera Jourová), con los representantes del PSOE, Félix Bolaños y del PP, González Pons, como consecuencia del ultimátum que dio el presidente del Ejecutivo, al dar un plazo hasta finales de junio para arreglar la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que si no lo hacía con el PP, lo haría el Gobierno con sus socios y para ello cambiaría el requisito de tres quintos (210 diputados) para su aprobación, por una mayoría simple, que ellos sí cuentan.

De tal manera que hubiera sido el Gobierno quien nombraría a los miembros del CGPJ y por ende controlaría el Tribunal Supremo, rompiendo de esa manera la independencia judicial y la separación de poderes.

El PP al ver este peligro, optó por negociar a pesar de la gran desconfianza que siente hacía el Gobierno del PSOE.

Al parecer, el representante del PSOE, aceptó firmar el acuerdo porque vieron las consecuencias de no hacerlo, por las posibles sanciones económicas europeas que podrían aplicar, como lo han hecho con Hungría y Polonia, les retiraron las ayudas económicas.

Entre las dos partes, acordaron varios puntos, entre los más importantes tenemos, que de momento se renuevan los vocales del CGPJ, tienen un plazo de 6 meses, para elaborar un Reglamento de funcionamiento del órgano, teniendo en cuenta que deben realizar una reforma acorde a la normativa europea, donde de los 20 jueces, 12 deben ser nombrados por sus pares y debe ser aprobado en el Congreso de los Diputados con los votos de dos quintos de los diputados (210) y el resto por los dos partidos mayoritarios.

Los diferentes partidos del Congreso no estuvieron conformes con lo acordado, entienden que el PSOE los ha cambiado y que ahora su socio es el PP, incluso Vox está en contra porque entiende que el PP se ha sometido al PSOE.

Días después del acuerdo, se han producido fricciones entre ambos partidos firmantes, respecto al nombramiento de los jueces y su número, el ministro Félix Bolaños, afirmó: “que no es vinculante”, y González Pons, afirmó que cumplirá lo pactado, de no ser así recurrirá al intermediario para que se cumpla.

A pesar del cambio de postura del PSOE, lo bueno es que existe un tercer documento firmado y que quedó en poder de la intermediaria europea, así que no le quedará más remedio que cumplir o el PP, podría romper el acuerdo firmado con lo cual volveríamos a estar como antes, poniendo en peligro la separación de poderes y la independencia judicial.

Otro punto destacado del acuerdo, es que los ministros que terminen su mandato no podrán incorporarse a ocupar puestos de relevancia en los órganos de justicia hasta que hayan pasado cinco años. Igualmente, se han creado 1.000 nuevas plazas para optar a la carrera de juez.

Igualmente, en el Tribunal Constitucional (TC), está ocurriendo un tanto de lo mismo. Se está intentando blanquear uno de los mayores casos de corrupción producidos en Andalucía, durante el gobierno del PSOE, entre los años 2000-2011, el caso de los ERE.

El TS los condenó, pero recientemente pidieron revisión al TC, y según Fran Serrato, a los implicados  posiblemente les concederán amparo por malversación de caudales públicos, esto crearía nueva jurisprudencia que podría beneficiar para la aplicación de la ley de amnistía, en caso que algún afectado recurra al órgano Constitucional. Es como si fuera un indulto encubierto, del cual se beneficiarán los exrepresentantes políticos del PSOE de Andalucía.

El tema es que el TC, presuntamente está invadiendo competencias del TS que es el órgano máximo en juzgar los casos y del TC, su labor es certificar que lo juzgado cumple con la Constitución Española y no volverlos a reinterpretar porque esa no es su función.

Y esto no solo se da en el TC, sino también en la Fiscalía, donde hace más de una semana el Fiscal General del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz, ordenó a su número dos a que elaborara tres informes respecto a la ley de amnistía y los enviaran al TS.

Pero en Cataluña, la semana pasada por orden del FGE, ya se iniciaron las concesiones de la ley de amnistía a algunos implicados. Según informaciones, los jueces recibieron órdenes expresas de aplicar la Ley de amnistía, tal cual estaba redactada sin ningún tipo de modificación. 

No se esperó a la respuesta de los tres informes enviados al TS ni se han tenido en cuenta otras consideraciones, como la malversación o la desobediencia que no estarían cubiertos por la ley de amnistía.

En teoría, según el artículo 124 de la CE, el fiscal general, debería ser una persona independiente de ideología política y actuar en defensa de una justicia igual para todos

Hay que mencionar, además que este pasado lunes, el TS, dio respuesta sobre la ley de amnistía a través de una resolución donde: rechaza amnistiar el delito de malversación de caudales públicos a los diferentes representantes políticos catalanes, promover una cuestión de inconstitucionalidad respecto al delito de desobediencia, no se borrará el delito de malversación a Carles Puigdemont y sigue en vigor la orden de busca y captura a nivel nacional a él y a los otros fugados, no enviarán una cuestión prejudicial (consulta) ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea  (TJUE), sino que ellos se encargarán de responder sobre los delitos de malversación y desobediencia.

Por otra parte, con la llegada del buen tiempo y el verano, trae consigo el aumento desproporcionado de pateras con tripulantes venidos del Magreb o del África subsahariana, llegando a territorios españoles que están muy afectados como las Islas Canarias y otros lugares como Andalucía, Murcia, etc.

Vienen gentes de diferentes edades, en su mayoría son adultos entre 20-45 años, y en menores cantidades, niños, mayores y adolescentes sin sus padres o una persona adulta (llamados menas, adolescentes menores de 18 años), motivo por el cual la ley los protege.

En estos momentos, Canarias está saturada por tantos que vienen, y de manera especial el colectivo de menores no acompañados. Como no se abastece para atenderlos, se está planteando reformar el art. 35 de la Ley de Extranjería, hecho por el cual se tendrá que repartir entre las diferentes Comunidades Autónomas. Posiblemente a finales de julio estará hecha la reforma de la Ley.

No todos los partidos están de acuerdo con el planteamiento (JxCat y Vox), pero por humanidad tendrán que aceptar las diferentes comunidades autónomas, incluido el PP.

En el caso de JxCat, no están de acuerdo porque dice que está negociando con el Gobierno la cesión de la competencia de inmigración integral, que están saturados y que no cuentan con una financiación suficiente para mantener los gastos elevados de este colectivo.

En más de una ocasión se ha dicho que el tema migratorio es muy complejo porque tiene muchas aristas, pero se tendría que estudiar bien cómo se gestiona bien al colectivo de adolescentes, porque no se trata de actuar de forma buenista, sino de manera planificada y organizada para que estos un día puedan ser personas de provecho, para ellos, su familia y la sociedad en su conjunto. También, hay que pensar en la población receptora porque es al final el entorno en el que se desarrollarán y tendrán que adaptar sus vidas a los usos y costumbres del lugar y no al revés.

Existen opiniones encontradas para su aceptación, por eso los dirigentes deben medir los recursos que se les proporciona porque de lo contrario la población autóctona menos favorecida económicamente del país aumenta su rechazo a los venidos de fuera.

En conclusión, observamos que la situación en algunas partes del mundo es complicada y en España no es menos. La población espera que la situación que vive el país mejore, que las cosas vuelvan a su sitio. Que la relación del Gobierno y las instituciones sean cordiales.

Necesitamos un gobierno fuerte, confiable, con dirigentes políticos ejemplares, honestos, que tengan principios y valores, que cumpla y haga cumplir la ley, que respete la libertad de prensa, la libertad de expresión, que de seguridad jurídica. Que la población sienta que sus problemas son escuchados y resueltos.

Una sociedad más justa, donde haya separación de poderes, independencia judicial, se respete el Estado de Derecho, se cumpla la CE y la ley.

“Detrás de las nubes, siempre brilla el sol” 

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