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Radioblog #LaVida: ¿Existe independencia judicial en España?, por Manoly Roldán

Radioblog #LaVida: ¿Existe independencia judicial en España?, por Manoly Roldán

Una gran parte de la población percibe la falta de imparcialidad e independencia en los órganos judiciales, como la fiscalía general del Estado, el Tribunal Constitucional (TC) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según se ha podido apreciar en los últimos movimientos realizados en lo relacionado a la aplicación de la ley de amnistía y otros casos.

Así mismo, se continúa cuestionando la aplicación de la ley de amnistía por parte de los órganos judiciales, jueces, fiscales, etc.

En esta ocasión, la pasada semana, se produjo una reunión en la fiscalía general del Estado, donde se votó la postura del Fiscal general del Estado, quien defiende que se aplique la ley de amnistía conforme está redactada y que queden exonerados los implicados de cualquier responsabilidad penal, económica y que puedan volver a la primera línea política.

En cambio la posición de los cuatro fiscales del procés, es que en la ley de amnistía no se debería contemplar la malversación porque los independentistas catalanes en octubre de 2017, utilizaron recursos públicos para llevar a cabo un golpe de Estado (preparación y ejecución), por tanto existió ánimo de lucro y ahora consideran que no deberían ser incluidos para aplicarles la amnistía porque afecta a los intereses económicos de la UE.

Su argumento se apoya en la directiva 2017/1371 del 5 de julio de 2017, en su artículo 4, donde establece que no se pueden amnistiar delitos como la malversación, el blanqueo de capitales y el cohecho, activo y pasivo, cuando afecta a los intereses de la UE.

En las votaciones realizadas por los dos grupos quedaron 17 a 17, pero al grupo del fiscal general se sumó el voto suyo y el de Dolores Delgado.

Posteriormente, el fiscal general, quitó el caso del 1-O a los cuatro fiscales y ordenó que su número 2 y otro,  redactarán 3 informes para ser presentados al Tribunal Supremo (TS), uno por el caso de Tsunami Democràtic, otro por el procés y el tercero para pedir a la Sala Segunda del TS que levante las órdenes de detención dadas por el magistrado Pablo Llarena, contra los fugados. La Sala Penal del TS será quien tenga la última palabra.

Cabe la posibilidad de que el fiscal general del Estado, sea imputado ante el Tribunal Supremo por presuntamente haber autorizado la filtración de los datos personales de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Después de haber visto lo ocurrido, la presunta dependencia del Fiscal general del Estado a las decisiones adoptadas por parte del Gobierno en el Congreso de los Diputados, respecto a la aprobación y aplicación de la ley de amnistía, la fiscal Consuelo Madrigal, sugiere que se debería reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), con el objetivo de que los fiscales sean independientes, estos deberían ser elegidos por fiscales y no como hasta ahora por el Consejo de Ministros del Gobierno de turno, deben tener méritos acreditados para acceder al cargo, rendir cuentas de sus actos, ser idóneo al cargo, etc.

Para saber cómo podría ser esa reforma de despolitización de la fiscalía general del Estado, se sugiere estudiar los modelos que siguen los países de: Bélgica, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y EE.UU.

Por otro lado, el PP presentó ante el TC una medida cautelar por el voto telemático de Carles Puigdemont y Lluís Puig. El TC admitió el recurso, pero no anuló los dos votos ni la formación de la Mesa porque consideró que esos votos no alteraban los resultados adoptados para su constitución, pero dio la posibilidad de que se estudiarían para las próximas votaciones del Parlamento catalán.

A pesar de que semanas atrás ya había dictaminado sobre el voto telemático delegado de Lluís Puig, en respuesta a un recurso presentado por el PSC en la legislatura catalana pasada, pero que en esta ocasión no lo hizo.

Así mismo, el TC esta pasada semana empezó a blanquear el caso de corrupción de los ERE, de Andalucía, al revocar la condena impuesta por el TS  a la exministra socialista, Magdalena Álvarez, por el delito de prevaricación cometido durante su mandato. Después seguirán otros que se beneficiarán con esta anulación.

Con esta revisión y anulación por parte del TC, está irrumpiendo en el ámbito del TS que es el máximo órgano  para interpretar la ley.

Según Manuel Marín, Conde Pumpido, es un “auténtico inventor de doctrinas de puro constructivismo jurídico y uso alternativo del derecho. Ocurrirá con la malversación de dinero público”.

Por su parte, el Gobierno del PSOE y el PP,  después de más de cinco años, de no haber llegado a acuerdos para renovar los altos cargos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en esta ocasión están negociando y se espera que lleguen a realizarlos.

Se espera que además de la renovación se llegue a reformar el sistema de elección de los jueces de este órgano según marca la normativa europea y que vienen realizando otros países de la Unión. De esta manera se podría garantizar la independencia de los jueces del CGPJ, ya que hace falta para tener una democracia sana.

Puede que el PP acepte la renovación del CGPJ con el compromiso de que más adelante se reformará el reglamento según lo indica la UE.

En caso de no llegar a un acuerdo, el Ejecutivo está dispuesto a sacar adelante un decreto para regular el CGPJ y cuenta para ello con sus socios que le respaldan y así colonizar a este órgano y con ello al Tribunal Supremo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, piensa que primero hay que cambiar el sistema de elección de los miembros, de lo contrario pasará como se ve en el TC, dominado por el sector izquierdista.

Por otra parte, en Cataluña, no habrá pleno de investidura hoy 25 de junio, como estaba previsto, sino que mañana 26, el presidente del Parlamento catalán, Josep Rull, convocará un pleno donde se leerá un “acto equivalente” (investidura fallida). Tanto Salvador Illa (PSC) y Carles Puigdemont (JxCat), no consiguieron los apoyos para esta fecha, así que tendrán como máximo para lograrlo hasta el 25 de agosto, de no ser así, en el calendario empieza la cuenta atrás para unas nuevas elecciones catalanas en el mes de octubre.

Los dos candidatos lo tienen difícil. Salvador Illa, quiere el apoyo de una mayoría progresista del PSC (42) + ERC (20) + Comuns-Sumar (6)= 68, mayoría absoluta.

El PSOE-PSC, para conseguir el apoyo de ERC, quieren desplegar el Estatuto de Cataluña de 2006, en su artículo 204, que habla de una colaboración Estado-Generalitat para la creación de una Agencia Tributaria de Cataluña, para ello propone constituir el “Consorcio Tributario de Cataluña”, esta sería la primera piedra de la futura Agencia Tributaria Catalana, para su desarrollo requiere de tiempo, pero de momento se compromete a llevar a cabo una “financiación singular”, que consiste en ceder algunos tributos para que Cataluña financie a los Mossos, prisiones y Cercanías.

También tendrá en cuenta otros temas, como: el impulso de la lengua catalana, el refuerzo de los servicios públicos, y cómo enfrentarse a los discursos de odio de Vox y de Aliança Catalana en el Parlamento catalán.

Salvador Illa, está dispuesto a gobernar en coalición con ERC y los Comunes-Sumar y en solitario con apoyo puntual.

Mientras tanto, ERC, se encuentra en un momento delicado (renovación de sus órganos internos), no se contenta con el ofrecimiento de los socialistas, sino que quiere más, pide el “concierto económico”, que consiste en contar con una Hacienda Catalana propia para recaudar y gestionar el 100% de los impuestos de Cataluña (similar al cupo vasco) de ahí pagará por los servicios que le preste el Estado y se compromete a traspasar dinero a un fondo de solidaridad para las comunidades con menos recursos.

Además, quiere  la condonación de 15.000 millones de deuda del FLA, resolver el conflicto político, financiación singular, el catalán y políticas sociales. El Gobierno no está de acuerdo en concederles el concierto económico, pero sí una “financiación singular” dentro del régimen común autonómico. Para poder conceder el “concierto económico” habría que cambiar la ley.

Igualmente, las comunidades donde gobierna el PP no están de acuerdo. Tampoco gusta al PSOE de Castilla-La Mancha, Asturias, Andalucía y Extremadura.

Las bases de ERC esperan una buena oferta para que el PSC consiga la investidura. No están garantizados todos los votos de los diputados de ERC. ERC no quiere una repetición electoral. En caso de que se produzca no quieren ir en coalición con JxCat porque son proyectos políticos distintos.

Si ERC aceptará el acuerdo con el PSC, Puigdemont, no podría formar gobierno, solo tendría sus votos, 35 o 33 si es anulado por el TC + la CUP (4)= 39 o 37 votos.

Para evitar que esto vuelva a suceder, Josep Rull, estudiará la forma en que se pueda reformar el Reglamento del Parlamento catalán para que se tenga en cuenta el voto telemático, como ya se viene haciendo con las bajas por enfermedad o maternidad.

JxCat, considera que el pedido de ERC es un chantaje. Puigdemont, amenaza con no apoyar los Presupuestos si Sánchez pacta con ERC y sale investido Salvador Illa.

El presidente del Gobierno, quiso dejar claro, que lo que firmó para su investidura con ERC, fue una “reforma del sistema de financiación autonómica y reconocer la singularidad del pueblo catalán” y no un concierto económico.

Por último, el juez Joaquín Aguirre, del juzgado de Barcelona, abrió una pieza separada para que se investigue la injerencia rusa en el procés, en los supuestos delitos de traición y malversación desarrollados entre las presuntas conexiones de los independentistas con Rusia. Entre los implicados están: Carles Puigdemont, Artur Mas, Elsa Artadi, Francesc Dalmases, Gonzalo Boye y otros.

La injerencia rusa busca desestabilizar la democracia en los países occidentales. Tuvo contactos en Cataluña y con partidos de extrema derecha de Alemania, Italia, Francia, Austria, Hungría y Reino Unido. A los partidos de extrema izquierda ya los tiene porque comparten temas en común, como por ejemplo: contra la OTAN y antimilitarista.

Sin olvidar que el Lehendakari de Euskadi, Imanol Pradales, en su reciente investidura habló de ir a un plano superior, llevar adelante la formación de la plurinacionalidad, estado federal o confederal, lo mismo que David Madi, de la antigua CDC en su reciente libro, que viene a ser lo mismo que persiguen los independentistas catalanes y el PSOE-PSC.

En conclusión, hemos podido apreciar la fragilidad en que se encuentra la separación de poderes, la independencia judicial, la igualdad entre españoles, la unidad de España, la democracia, la libertad de expresión, la libertad de prensa, el cumplimiento del Estado de Derecho, la Constitución y las leyes, que son principios y valores que debemos cuidar en estos momentos delicados en que nos toca vivir.

Permitidme una reflexión en voz alta, si la ley de amnistía es inconstitucional porque no consta en la Constitución, entonces por qué se aprobó, firmó, publicó y se pretende aplicar.

Se pone en cuestión si la UE actuará en el asunto de la ley de amnistía, ya que la composición del nuevo Parlamento Europeo apenas ha variado, y el deseo del eurodiputado Manfred Weber, es que la “UE actúe ante una ley aprobada no en base a consideraciones jurídicas sino a juegos de poder”.

“Una de las principales amenazas para la democracia es la distorsión de la Constitución, vinculada a la colonización de las instituciones por los partidos políticos, lo que destruye la división de poderes”, (Manuel Aragón, junio 2024).

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