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El Parlamento Andaluz reclama al Gobierno viabilidad y futuro para la cogeneración

La parlamentaria andaluza, Julia Ibáñez, ha defendido la Proposición No de Ley en la que se pide la prórroga inmediata de las plantas, nuevas subastas y aprobación de la orden ministerial

El Parlamento Andaluz ha debatido esta semana una Proposición no de Ley del Partido Popular, que ha defendido la portavoz de Política Industrial y Energía, Julia Ibáñez, en la que se ha reclamado al Gobierno central que garantice la viabilidad y la seguridad jurídica para el sector de la cogeneración dedicado en producir varios tipos de energía al mismo tiempo.

La iniciativa, que ha sido apoyada por PP y VOX, ha contado con la abstención de PSOE y Por Andalucía, una decisión que Julia Ibáñez ha tachado de “incongruente” con la defensa de los intereses de la comunidad andaluza, más aún cuando “todos los grupos presentes han puesto en valor la importancia de la cogeneración para Andalucía como sector necesario y fundamental”.

Ibáñez ha sostenido que era “importante defender” un acuerdo como el aprobado, por cuanto supone el “apoyo firme y decidido” a un sector que “ha demostrado su capacidad de gestión, evolución y adaptación para seguir aportando competitividad y eficiencia a la industria andaluza, además de cumplir los acuerdos en materia de sostenibilidad”.

La portavoz ha explicado que en la PNL se exige de forma “urgente” al Gobierno que garantice la viabilidad económica y seguridad jurídica de la cogeneración, un sector “estratégico” para la comunidad andaluza, la cual alberga el mayor número de instalaciones de esta tecnología de toda España.

En la iniciativa, ha precisado, también se reclama al Ejecutivo central que prorrogue durante dos años la operatividad de las plantas “hasta que se culmine el nuevo marco”. Del mismo modo, demanda la convocatoria “de manera urgente y definitiva” de las subastas de generación y capacidad, paralizadas desde hace dos años. 

Julia Ibáñez insiste además en la “necesidad urgente de que por parte del Gobierno de España, se lleve a cabo la aprobación definitiva de la Orden Ministerial en virtud de la cual se debe regular y actualizar la nueva metodología de cálculo y sus parámetros retributivos para el sector de la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de cogeneración y residuos”.

Respecto a las subastas, precisa que el objetivo es “evitar el riesgo de desinversión y deslocalización latente”. En esta línea, también se insta al Gobierno a que “impulse y ejecute con la mayor celeridad la línea de incentivos para proyectos de producción eléctrica y/o calor, con energías renovables incluidos dentro del programa RenoCogen”. Dicho programa está financiado con fondos Next Generation.

“La cogeneración es estratégica por su contribución a la industria local y su competitividad en un entorno económico cada vez más exigente, ya que permite disminuir sus costes energéticos al generar electricidad y calor de manera más eficiente, lo cual promueve el empleo y la creación de empresas, así como la competitividad y la inversión”, ha explicado.

Además, la parlamentaria del PP ha añadido que las plantas de cogeneración “ahorran anualmente millones de barriles de petróleo y millones de metros cúbicos de agua a una variedad de sectores industriales, tales como el alimentario o el químico”, y reducen “costes de transmisión y distribución a los grandes demandantes de energía, ya que se localizan donde se ubican aquellos”.

A su vez, otro de los valores de la cogeneración es su “adaptación y transición hacia la sostenibilidad”, al haberse incrementado de forma paulatina hasta hoy en día su consumo de “combustibles no fósiles como biogases renovables, biomasas o hidrógeno verde”.

Por tal motivo, Julia Ibáñez considera que “no es entendible que mientras la Unión Europea promueve la cogeneración en Alemania o Italia, duplicando la producción española, el Gobierno central sea tibio en una estrategia y progresión a corto y medio plazo”.

En este sentido recuerda que el sector mantiene 200.000 empleos directos, estables y de calidad, además muchos de ellos en áreas rurales donde existe riesgo de despoblación, promoviendo la economía de escala en áreas deprimidas.

La iniciativa defendida por Julia Ibáñez destaca además que la cogeneración tiene capacidad para “generar más del 11% de la electricidad de España, lo que aporta seguridad y resiliencia a la industria”, sin embargo, las cogeneradoras atraviesan una situación compleja, que se inició con la crisis energética en 2022, y que se ha agravado por la falta de un marco regulatorio estable”.

Al respecto, explica que “el 60% de plantas cogeneradoras paralizaron su actividad, lo que redujo en un 51% la producción de energía cogenerada respecto a la de 2021”, con el agravante de que “en 2023 esta caída continúa”.

Por último ha alertado que “las industrias que se benefician de la cogeneración han dado un paso atrás en la descarbonización y están volviendo a tecnologías como los combustibles fósiles” y, “en paralelo, las cogeneradoras han paralizado sus inversiones para adaptar su tecnología a las exigencias del PNIEC y las directivas europeas”.

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