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Radioblog #LaVida: La separación de poderes en España, por Manoly Roldán

Radioblog #LaVida: La separación de poderes en España, por Manoly Roldán

El filósofo y jurista Montesquieu, en su obra «El espíritu de las leyes», publicada en 1748, argumentaba que la concentración del poder en una sola persona o institución era peligrosa, ya que podía conducir al abuso de poder. Por ello, propuso que los poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial deberían ser ejercidos por órganos de gobierno distintos, autónomos e independientes entre sí.

La separación de poderes se basa en la idea de que el poder debe ser limitado y controlado. Este principio se considera fundamental para la democracia, ya que ayuda a garantizar que el gobierno no abuse de su poder y que los derechos de los ciudadanos estén protegidos.

En los países no democráticos o países autoritarios, como Cuba, China, Corea del Norte, Irán, Rusia, Venezuela, etc., la separación de poderes y el poder están en manos de un líder, presidente o monarca, que suelen tener el poder de crear, aplicar e interpretar las leyes. Esto significa que el que ostenta el poder tiene el control absoluto sobre el país, lo que puede conducir a la represión, la corrupción y la violación de los derechos humanos.

En los países donde no existe una separación de poderes plenos, sino parcial o limitada, el poder judicial puede estar influenciado por el poder ejecutivo. Esto puede dificultar que el poder judicial sea independiente y que pueda controlar al poder ejecutivo.

En la actualidad, la separación de poderes en España está en una situación delicada. Estamos siendo gobernados por un Ejecutivo que llegó al Gobierno con engaños, no dijeron a la población en general cuáles eran sus verdaderas intenciones, aunque en privado iban negociando la legislatura, según palabras de propio Santos Cerdán (intermediario en las negociaciones del presidente del Gobierno y Carles Puigdemont), al afirmar: “la investidura nunca estuvo en peligro “, porque se llevaba negociando desde mayo, es decir antes de las elecciones generales del 23 de julio. Se unieron las 21 fuerzas perdedoras, de: PSOE, Sumar (15 agrupaciones), ERC, JxCat, EH Bildu, PNV y BNG, y se hicieron con el poder para continuar gobernando.

Según dicen que es para “el progreso”, pero eso no se ve, sino que han unido sus fuerzas para desmembrar la unidad de España, y acabar con el régimen de 1978, que tantos beneficios ha dado y establecer un régimen Federal.

El Gobierno de España ha entrado en una fase de autoritarismo o en los inicios de una autarquía, donde se intenta borrar la igualdad ante la ley, la independencia judicial y la separación de poderes.

Y no contentos con eso, en el acuerdo que firmaron JxCat y el PSOE, se aprobó el  lawfare o judicialización de la política (pg. 4, una guerra política contra la justicia).

Desde un punto de vista democrático, la aplicación del lawfare a los jueces podría ser considerada como una forma de persecución política. El lawfare es una estrategia que utiliza el derecho para perseguir a los adversarios políticos. En el caso catalán, la izquierda y los independentistas podrían utilizar la ley para atacar a los jueces que han investigado el procés catalán y casos relacionados con el.

Esto podría suponer una amenaza para la independencia del poder judicial, que es un pilar fundamental de la democracia. Si el poder judicial está sometido a la influencia del poder ejecutivo, se puede limitar su capacidad para controlar al gobierno y proteger los derechos de los ciudadanos.

Desde un punto de vista de la separación de poderes, la aplicación del lawfare a los jueces también podría considerarse como una violación de este principio. La separación de poderes establece que los poderes del Estado deben ser independientes entre sí. Si el poder legislativo o el poder ejecutivo pueden influir en el poder judicial, se puede debilitar la independencia de este poder.

Las posibles consecuencias de aplicar el lawfare son: silenciar a la oposición y reprimir la libertad de expresión; manipular el sistema judicial y obtener los resultados políticos deseados y erosionar la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas.

Aplicando el lawfare, los socialistas y separatistas, la pasada semana, abrieron 3 comisiones de investigación en la Mesa del Congreso, de los casos: los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017; la operación Cataluña, según ellos se realizó para desacreditar a los políticos independentistas, y sobre el presunto espionaje con el programa Pegasus a políticos independentistas, activistas, periodistas y abogados.

El objetivo de éstas comisiones de investigación son: “investigar todas aquellas iniciativas llevadas a cabo por las instituciones del Estado para perseguir a la disidencia política” y “proponen que se tomen las medidas oportunas de control, investigación y prevención” contra todos aquellos que hayan participado en estos hechos.

Incluso la agrupación Sumar, puso una querella por prevaricación administrativa en el Tribunal Supremo (TS), contra nueve vocales conservadores y el presidente  suplente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por haber manifestado su opinión en contra de la legalidad de la proposición de ley de amnistía, por considerarla inconstitucional. Al parecer no tendrá recorrido en el TS.

Así mismo, esta proposición de ley de amnistía, ya fue presentada a la Mesa del Congreso de los Diputados para su registro y se inició su trámite de urgencia, emitiendo un informe jurídico que no llevaba la firma de ninguno de los cuatro asesores, como si se hizo en el año 2021, cuando los independentistas presentaron la ley de amnistía, y fue rechazada por inconstitucional. Pero se justifica que se hace por “el interés general y la necesidad actual de apostar por una ley de amnistía para la pacificación del conflicto catalán”.

Una vez se hagan las rectificaciones por los partidos políticos, vendrá la votación, la aprobación, irá al Senado, publicación en el BOE a principios de abril si todo va según lo previsto y aplicación de la ley por los jueces. Así, se iniciará el cambio de la España que hasta ahora hemos conocido.

También, está el caso de los 18 fiscales que llevaron los casos del procés del 1-O de 2017, que están siendo acosados por los políticos de izquierda y separatistas, éstos pidieron la protección del fiscal general, nuevamente nombrado por el Gobierno, Álvaro García Ortiz, pero no lo ha hecho porque afirma que debe mantener su imparcialidad. Tampoco lo hará con el juez, Manuel García Castellón, quien llevó el caso del Tsunami Democràtic.

Frente a estos acontecimientos, la mayoría de la población está en contra de este Gobierno, y continúan las movilizaciones cada noche (vigésimo quinto día)  frente a la sede del PSOE, en Madrid. Los que acuden están siendo señalados, e incluso a alguno se ha enviado a prisión.

En vista que se restringe manifestarse frente a la sede socialista, entonces ocupan los espacios más cercanos donde se les permite expresar su descontento. Encontrando soluciones ingeniosas, como circular en coches, motos o bicicletas, portando la bandera española.

Para complementar estas acciones, el pasado sábado se realizó una manifestación multitudinaria en Valencia y se espera otra manifestación el 3 de Diciembre, organizada por el PP, en el Templo de Debod de Madrid, contra la amnistía y la celebración del Día de la Constitución de 1978.

Por otro lado, se decía que la ley de amnistía era para pacificar el conflicto catalán, nada más lejos de la realidad, más bien está sirviendo para que el independentismo vuelva a planificar qué acciones realizar para llevar a cabo otro referéndum igual al 1-O de 2017, y si eso no lo consiguen llevarán a cabo una declaración unilateral de independencia.

Los dirigentes independentistas no se cortan, es así como el presidente catalán, Perè Aragonès, afirmó, que tanto el Gobierno de Madrid como el suyo funcionarán de forma paralela, es decir, si Madrid cumple lo pactado con los independentistas de ERC y JxCat, ellos seguirán sus planes camino a conseguir la nación catalana.

Igualmente, las entidades independentistas de la ANC (presentarán a Clara Ponsatí como candidata para su lista cívica e ir en contra de ERC, JxCat y la CUP) y Òmnium Cultural,  están preparando acciones para conseguir que se apruebe la amnistía y continuar con la preparación de un referéndum de autodeterminación o de un referéndum unilateral. Los ánimos vuelven a estar como momentos previos al procés de 2017.

No están solos en conseguir sus objetivos de independencia, también se encuentra EH Bildu y PNV, quienes reclaman lo suyo, la creación de Heuskal Herria (nación vasca), la cesión de la Seguridad Social y otras prebendas.

Lo más probable es que los ex terroristas de ETA, reclamen su derecho a la amnistía, porque quieren hacer creer que fueron soldados que lucharon por la libertad de su territorio. A su vez, piden aplicar el lawfare a la Guardia Civil, por su labor contra ETA, dicen que fueron maltratados. El mundo al revés…

Estas incongruencia no solo se discuten en España, sino que se llevó al Parlamento Europeo, donde el miércoles pasado, los representantes de los diferentes partidos políticos de España y algunos miembros de la Comisión Europea, se discutió la constitucionalidad o no de la amnistía y el Estado de Derecho, ambos grupos defendieron su postura a favor y en contra.

El punto final lo puso el Comisario de Justicia, de la Unión Europea, Didier Reynders, quien afirmó, que estará al tanto de lo que ocurra con esta ley y a las modificaciones que se podrían producir, como: amnistiar a la familia Pujol, Laura Borràs y al abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye.

Lo que más preocupa al Comisario, es el tema de la malversación de caudales públicos que utilizaron los independentistas catalanes para difundir su causa a nivel nacional e internacional, y el nombramiento de los miembros del CGPJ, que hace casi cinco años que venció su mandato y se encuentra en funciones.  

Ocho de sus miembros deben ser elegidos por los dos partidos mayoritarios y los otros 12, deberían ser elegidos entre los jueces. Y la Unión Europea, hace tiempo viene pidiendo que una parte de los jueces sean elegidos por los jueces, y así evitar la politización de dicho órgano.

En conclusión, vemos como el Gobierno central tiene las manos atadas y debe gobernar siguiendo los acuerdos a los que llegó con los que apoyaron su investidura y sostienen su gobierno.

También se aprecia que la justicia está politizada y más sabiendo que en los acuerdos de JxCat-PSOE, aprobaron aplicar el lawfare a los casos relacionados con el procés independentista. Es así como los  jueces y fiscales que llevaron los casos del 1-O, están desprotegidos frente a las comisiones de investigación iniciados contra ellos.

Es de vital importancia que la sociedad civil tome conciencia por la situación que estamos atravesando  y se movilice para defender la democracia, la igualdad ante la ley, la separación de poderes, la independencia judicial, la Constitución y la unidad de España.

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