Radioblog #LaVida: El chantaje independentista, por Manoly Roldán
Mientras los ciudadanos se encuentran inmersos en sus problemas del día a día: falta de empleo, no llegan a final de mes, la cesta de la compra se encarece de forma continua, suben los precios de la gasolina y la electricidad, y pronto llegará el invierno, unos tendrán agua caliente y calefacción, otros no, la guerra en Ucrania en curso, aumento de la pobreza y las enfermedades, etc.
Con éste escenario de fondo, España se encuentra en un momento delicado, donde se va debilitando la democracia frente a nuestros ojos.
Semana tras semana asistimos al desenlace de los acontecimientos donde queda clara la inconstitucionalidad de conceder una amnistía y realizar un posible referéndum por parte de los implicados en el procés independentista de septiembre y octubre de 2017. Una vez conseguidas ambas cosas, se sentirán legitimados a llevar a cabo una declaración de independencia pactada o de forma unilateral.
El Gobierno en funciones cree poder convencerles que si les otorga las dos cosas, ellos a cambio deberían comprometerse a no realizar una declaración de autodeterminación, cosa difícil porque los dirigentes independentistas de ERC y JxCat, creen tener derecho y lo exigen. No están dispuestos a renunciar a nada.
En caso que el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, no consiga ser investido presidente del Gobierno en la sesión de investidura que se inicia este martes 26 de septiembre, el presidente en funciones y su Gobierno están dispuesto a pagar el precio que piden los líderes independentistas a cambio de continuar gobernando. No se dan cuenta de la gravedad que eso significa para España y los españoles.
Diferentes colectivos coinciden en que concederles esos derechos sería una ilegalidad, aunque se cambie de nombre “ley de alivio penal y consulta no vinculante”, entre ellos tenemos a catedráticos universitarios, abogados, jueces y fiscales jubilados de larga trayectoria del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, políticos de reconocido prestigio, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi y la Cepyme, los autónomos, el exlíder de UGT, Cándido Méndez, el sindicato de policía JUPOL, pruebas documentales, etc.
Vemos conforme avanza el tiempo y llegan las fechas señaladas de investidura, como los líderes independentistas, de ERC y JxCat, compiten para exigir más. Ambos piden amnistía y autodeterminación. El líder de JxCat, Carles Puigdemont, a los pedidos iniciales ha incrementado otros: 450 mil millones de euros de “deuda histórica” del Estado con Cataluña, pide recaudar los impuestos, ejecutar transferencias en materia de pensiones, un concierto económico catalán (cupo) similar al país Vasco y Navarra, se compense la transferencia en infraestructuras, pide ejecutar el 19% de los Fondos Next Generation (de ellos han recibido el 15%), pide que se perdone la deuda del FLA de 71.300 millones, traspasar las competencias de recaudación de la Agencia Tributaria a Cataluña y una Agencia de la Seguridad Social Catalana para tramitar las pensiones (las dos últimas siguen el modelo federal y no están de acuerdo a la CE).
Existen tres equipos negociadores, el equipo de tres personas del presidente en funciones que le informan en todo momento de los logros que van obteniendo, la dirigente de Sumar cuenta con un equipo de 20 personas coordinadas por Jaume Asens (Podemos) y el equipo personal de líder de JxCat, en Waterloo (Bélgica).
De esos pedidos iniciales, avanzan según lo previsto y se van viendo los resultados:
El primero de ellos fue el uso de las lenguas cooficiales (catalán, gallego y vasco) en el Congreso de los Diputados, usando pinganillos (auriculares), que fueron utilizados sin haberse aprobado en el Reglamento de la Cámara, pero días después se aprobó con 180 votos por los partidos de: PSOE, Sumar, ERC, JxCat, EH Bildu, PNV, BNG y CC.Es una pérdida de tiempo, dificulta el trabajo de las taquígrafas de la Cámara al tener que presentar los Informes de Sesión con retraso por la dificultad a la hora de traducir, no hay garantía de que las traducciones sean fidedignas como su autor lo expuso y un gasto innecesario porque se traduce de las lenguas cooficiales (catalán, gallego y vasco) al español, que es la lengua común en que todos los parlamentarios se entienden y además contraviene a lo que se indica en la Constitución Española en su artículo 3: “El castellano, es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”.
Es una burla, el Congreso parece un grupo de parlamentarios extranjeros, hablando cada uno para su parroquia existiendo una lengua común. Objetivo conseguido de los independentistas de humillar a la lengua común de todos los españoles, el Español, que lo hablan casi 600 millones en el mundo.
No contentos con eso, quisieron conseguir en el Consejo Europeo que ahí también fuera oficial el uso de las lenguas cooficiales, cuando es sabido que según las normas corresponde a cada Estado un idioma oficial y no otras lenguas propias de Comunidades Autónomas, dificultando el trabajo de los diplomáticos españoles que llevan mucho tiempo solicitando que la lengua española pueda formar parte de las lenguas de trabajo, como lo son: el inglés, el francés y el alemán.
La respuesta del Consejo Europeo fue que “es muy pronto” y lo estudiarán, al saber ese resultado optaron que fuera solo el catalán el que solicitaban para su aprobación, provocando la queja de los líderes vascos. Todo un espectáculo…
En vez de defender el uso de nuestra lengua común, el español, el ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Albares, fue a solicitar por la vía de urgencia la aprobación de las lenguas regionales. Todo para cumplir las exigencias de los independentistas. Fue un requisito para nombrar como presidenta de la Mesa del Congreso, a Francina Armengol.
Por otro lado, según confirmó, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, la amnistía está aprobada por el Gobierno en funciones, como fue corroborado en el primer mensaje en catalán enviado por ERC, el día de la apertura de la XV Legislatura, para nombrar a la presidenta de la Mesa del Congreso (17 de agosto), pero que minutos después se envió el escrito en castellano o español donde ya no constaba la palabra amnistía.
El presidente en funciones en respuesta a éste tema, desde Nueva York (Asamblea de la ONU), respondió que: “Nunca debió judicializarse, que nunca el tema independentista debió de salir de la política” y añadió: “Lo que hemos hechos estos años con enorme esfuerzo ha sido tratar de devolver a la política lo que nunca tuvo que irse de la política”.
Y encaso de ser nombrado como candidato por el Rey, entonces ya explicará más…
Conocido es por todos sus “cambios de opinión” a lo largo del tiempo (estuvo de acuerdo en que se aplicará el artículo 155 de la CE, rebelión, sedición, indultos y ahora amnistía). Según las declaraciones de los líderes de ERC, se “desbrozó” el camino para llegar ahora a la amnistía. Además lo confirman dirigentes de ERC, que está aprobada y firmada la amnistía, fue un requisito para nombrar a la presidenta de la Mesa del Congreso.
Otro aspecto a resaltar, es que cuando el PSOE se presentó a las elecciones del 23 de julio, en ningún momento manifestó que su objetivo era conceder la amnistía, más bien decía lo contrario, que no daría la amnistía ni el permiso de realizar un referéndum porque eran inconstitucionales, además que traería al líder fugado para que rindiera cuentas ante la justicia española, pero cambió de opinión, y ahora está rendido a sus pies, viendo la manera de cumplir con las exigencia del líder independentista. Esto lo corroboró el líder socialista, de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
Por otra parte, frente a los hechos del gobierno en funciones, han surgido voces que están dispuestos a hacer todo lo posible para que no se siga ultrajando a España y a sus ciudadanos.
Entre ellos tenemos a miembros de su propio partido, pero destacan el expresidente Felipe González y su exvicepresidente Alfonso Guerra (minuto 20 en adelante), que durante la presentación del libro “La rosa y las espinas”, hablaron claro de su negativa a aceptar la amnistía como legal, que estaban dispuestos a hacer todo lo posible para su no aprobación, y hacían saber a la población de la gravedad en que se encuentra la Nación Española, sugiriendo que utilicen su libertad de expresión y de opinión, y que salgan a la calle a manifestarse.
Incluso en una encuesta realizada esta pasada semana, a votantes del PSOE, el 49,2% afirmaron no estar de acuerdo en que se conceda la amnistía a los independentistas y prefieren que se convoque a nuevas elecciones, porque cuando antes de votar el 23 de julio, no se les dijo, que esas elecciones eran para un cambio de régimen, de una Monarquía Parlamentaria a una República confederal (una España plurinacional o unos estados plurilingües) y conceder la amnistía a los independentistas.
Igualmente, se ha unido un grupo de abogados, quienes han preparado un modelo de demanda que se distribuye en despachos de abogados de toda España para que cualquier ciudadano que quiera pueda presentarlo en el Juzgado de su localidad, para demandar a la presidenta del Congreso, a los miembros de la Mesa y a los diferentes grupos políticos que participen en la negociación para aprobar la ley de amnistía porque se está vulnerando el art. 14 de la CE, que habla sobre la igualdad entre españoles ante la ley sin discriminación alguna.
A su vez, también el pasado domingo, se celebró el mitin del PP (minuto 29 en adelante), en Madrid, en contra de la aprobación de una ley de amnistía. Acudieron los responsables políticos y entre ellos destacaron José Luis Martínez Almeida, Isabel Díaz Ayuso, José María Aznar, Mariano Rajoy y el candidato popular a presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo y miles de ciudadanos que llenaron la plaza mostrando su malestar por los acontecimientos y de paso dar su apoyo al líder popular para su investidura que se inicia hoy martes 26.
De diferente manera cada uno de ellos explicó la situación delicada en que se encuentra el país, la ilegalidad de conceder una amnistía, la ley debe ser igual para todos y que no existan privilegios de unos políticos independentista que dieron un golpe de Estado. Se hizo un llamamiento a la población a tomar conciencia de la gravedad, manifestarse y defender sus derechos. Están dispuestos a utilizar los medios legales necesarios para impedir éste atropello al orden constitucional. Cometieron un delito y deben pagar por ello y no darles un premio por el ultraje a la soberanía y a la unidad de España.
Para contrarrestar el mitin del PP, el PSC celebró la Fiesta de la Rosa, en Gavà (Barcelona), teniendo como invitado al presidente en funciones que en ningún momento mencionó nada respecto a la amnistía.
Quedan por celebrar las manifestaciones del 8 de octubre, organizado por Sociedad Civil Catalana (SCC) y el día 12 de octubre, Día de la Hispanidad, organizado por diversas asociaciones constitucionalistas, ambas en Barcelona.
Por último, el abogado José María Fuster Fabra, declaró que “esta amnistía se concede como pago a los 7 votos de JxCat, que el líder socialista necesita para gobernar una legislatura”, sin importar si sus concesiones a los independentistas son ilegales, perjudicando a la Nación Española. Echando por tierra: la Transición de 1978, la Constitución Española, la soberanía y la unidad de España, la ley y el Estado de Derecho, la convivencia de la población, la Corona e implantación de un nuevo régimen.
El presidente en funciones puede que vuelva a gobernar y los independentistas rompan España, creyendo que pueden constituirse en un nuevo país, pero es previsible que entren en menoscabo como ya ocurrió con otros territorios de América Latina que se independizaron, además quedarán automáticamente fuera de la Unión Europea, y no se sabe los años que podrían pasar si algún día se les admite.
Para los independentistas, estas negociaciones de votos a cambio de prebendas, representan una gran oportunidad de oro que no podrán repetir, que con un 6% de votos ínfimos tengan en sus manos la gobernabilidad de España, que representan el 94%. Significa para ellos quedar limpios de todo delito como si nunca hubiera existido y volver a la vida política, continuar con el “negocio” que representa la independencia, arreglar su situación personal y económica. Y sean los españoles con sus impuestos quienes sigan pagando el funcionamiento de sus 21 embajadas en expansión por el mundo, porque necesitan tener mayor presencia y así conseguir algún día el reconocimiento internacional para culminar con sus objetivos. Además, destinan grandes sumas de dinero a la imposición y difusión de la lengua y cultura catalana.
En conclusión, estamos asistiendo a un momento delicado de nuestra historia, debemos estar atentos a los acontecimientos que se suceden día a día, porque de alguna manera de cada uno de nosotros depende que esta ofensa pública grave se lleve a cabo o no.
Se hace necesario que España, pueda contar con unos dirigentes con principios y valores, que cumplan las leyes y la Constitución que todos nos hemos dado para vivir en paz, se respete el Estado de Derecho y la separación de poderes.
Para terminar, recordar que cierto día, un periodista español se encontraba en Alemania en una conferencia y al finalizar preguntó al ministro de turno: ¿Qué opinión tiene usted sobre la situación de Cataluña?, y el dirigente le respondió: pregunte al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional de su país, ellos tienen la respuesta. Nosotros tenemos un solo Tribunal. En caso que dos cantones (territorios) por muy diferentes que sean, como por ejemplo: Barcelona y Andalucía pidan la autodeterminación, aquí no tienen derecho a solicitarla.
