Radioblog #LaVida: En defensa de España, por Manoly Roldán
El 22 de este mes se cumplirá un mes, desde que el Jefe del Estado, el Rey Felipe VI, encargó al líder del PP, formar Gobierno. En esa ocasión presentó 172 apoyos (PP, Vox, UPN y CC), a día de hoy no han variado, siendo que la oposición está conformado por el PSOE, Sumar (formado por 15 agrupaciones) y sus socios de ERC, JxCat, Eh Bildu, PNV y BNG, que sumados son 178.
Varias cosas han pasado desde ese día:
El Congreso de los Diputados está en marcha, están en los preparativos para que se puedan utilizar las lenguas cooficiales de catalán, gallego y vasco, como cumplimiento a lo exigido por los independentistas para que se eligiera a la presidenta del Congreso. Es probable que esta semana se apruebe el cambio del Reglamento para el uso de las lenguas cooficiales.
Será innecesario gastar en servicios de intérpretes y traducción, ya que luego en los pasillos y fuera todos hablan y se entiende en la lengua oficial de España, como se indica en el art. 3 de la CE. Los diputados que hablen otras lenguas deberán llevar sus escritos traducidos, al aragonés, aranés, bable, etc. Ellos reclamarán su derecho a un trato igualitario.
En la Unión Europea, en respuesta al pedido del Gobierno en funciones de que se utilicen las lenguas cooficiales del catalán, gallego y vasco, no está teniendo una respuesta positiva, varios países se están posicionando en contra de su aplicación (Francia, Alemania, Italia, Eslovaquia, Hungría, Suecia y Finlandia), debido al gasto que representa y a la gran dificultad de manejarse en tantos idiomas. De los 27 países que los conforman, existen 24 idiomas y cuando se tratan de temas urgentes se expresan en inglés y francés. Para su aprobación se requiere de la unanimidad de todos los Estados miembros, según lo marca el Tratado de funcionamiento de la UE, en su art. 342.
En este momento hay 60 lenguas menores o regionales donde entran las lenguas cooficiales españolas.
A esto hay que añadir los países que están en proyecto de integración: Ucrania, Moldavia, Albania, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia y Turquía, con ello las lenguas oficiales de sus respectivos países y sus lenguas menores. Todo un galimatías de lenguas.
Como contraposición, podemos citar a la ONU, que la integran 193 Estados y utilizan solo 6 lenguas de comunicación: inglés, español, chino, ruso, francés y árabe y no tantos como en la UE.
Lo curioso es que el Gobierno en funciones, hace todo lo posible para conseguir cumplir con las demandas de los independentistas respecto al uso de las lenguas cooficiales, incluso pagar las facturas por las traducciones, pero en Cataluña el PSC se ha plegado a la iniciativa lingüística de los independentista catalanes, y no se permite que los padres puedan elegir la lengua en que quieren que estudien sus hijos, entendiendo que el idioma en que mejor aprenden es en su lengua materna, sin renunciar a la otra lengua. Los padres tienen que mendigar para ver si pueden conseguir un 25% de clases en español.
En Cataluña, se impone la lengua catalana queriendo hacer creer que la “inmersión lingüística” es un modelo de éxito, cuando los datos objetivos dicen lo contrario, fracaso, abandono escolar y menos oportunidades laborales. Incluso para diciembre, vendrá un equipo de la UE en respuesta a una denuncia planteada por Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que en Cataluña no se respetan los derechos lingüísticos de los estudiantes castellanohablantes y analizarán las razones del incumplimiento del 25% de clases en español, dictaminado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Por otro lado, existe una competición entre los partidos independentistas para ver quién gana más votantes para las próximas elecciones autonómicas del país Vasco (2024) y Cataluña (2025), si no se anticipan antes.
En la fiesta de la Diada de Cataluña se vio un mayor apoyo mostrado hacía el partido de JxCat y su líder, Carles Puigdemont, en detrimento de ERC y sus líderes. Eso fue corroborado por una encuesta realizada por Sigma Dos para el diario el Mundo, donde se aprecia que JxCat se ha incrementado en un escaño más (de 7 a 8) y el descenso del PSC en un escaño, y el resto de partidos se mantienen igual.
Así mismo, los partidos independentistas continúan presionando para que se apruebe la amnistía y a continuación poder realizar una consulta o referéndum para que la población catalana manifieste su voluntad de qué futuro político quiere para Cataluña.
Por otra parte, los miembros del Gobierno en funciones, piensan que el plazo que está transcurriendo para la investidura del líder popular es una “pérdida de tiempo”, más bien está sirviendo para que los líderes de ambos partidos mayoritarios muestren sus puntos de vista.
Así, se aprecia en los líderes históricos del PSOE que manifiestan la inconstitucionalidad de conceder una ley de amnistía a los independentistas por el golpe de Estado que realizaron el 1-O, de 2017.
Entre los más significativos tenemos las palabras de Emiliano García Page, al
recordar al presidente en funciones que: “El PSOE y todo el Gobierno fue con el planteamiento de que la amnistía no cabía en la Constitución” y “no lo llevaban en el programa electoral del 23 de julio, y que lo repetían todos”, pero han cambiado de opinión.
El que habla tal cual es el exalcalde socialista de la Coruña, Francisco Vázquez, al declarar que el “PSOE está llevando a España a un camino de recuperación de un pasado de enfrentamiento que pone en peligro la continuidad de la propia nación” y agregó: “El pacto con los independentistas está hecho. Lo llamarán amnistía, ley de alivio penal o lucero del alba, pero eso ya lo tienen pactado y es una ruptura con la Transición y la propia Constitución. Se va a legitimar el intento de golpe de Estado que llevaron a cabo en octubre de 2017 y eso es lo que encierra realmente esa amnistía”.
Igualmente, el histórico socialista, Alfonso Guerra, en unas declaraciones recientes, afirmó: “Detrás de la amnistía viene el derecho de autodeterminación”, que así lo corrobora la secretaria general de ERC, Marta Rovira, al afirmar, que “da por sentada porque la incluyó en el acuerdo con el PSOE y Sumar para votar a la socialista Francina Armengol como presidenta de la Mesa del Congreso” y añadió: “la amnistía es un compromiso firme y firmado por el PSOE y Sumar para poner fin a la represión política”.
Más tajante fue la portavoz de JxCat en el Congreso, Miriam Nogueras, al declarar que si la ley de amnistía no está aprobada antes de la investidura del presidente en funciones, ellos no aprobarán ninguna investidura, además añadió que no rebajarán sus condiciones, porque ellos “no vienen a reformar España, que parece que es en lo que trabajan algunos, sino se trata de no perder la nación catalana”.
Hay que mencionar, además que en medio de todo este lío, han surgido voces del PP, como la del expresidente, José María Aznar, quién pidió a los españoles que: “sumen sus energías cívicas», para oponerse en una «contienda democrática» a la amnistía a Puigdemont. Es decir, salir a la calle para expresar nuestra disconformidad y proteger nuestros derechos ciudadanos frente a la amnistía que pretende conceder el Gobierno en funciones a los independentistas. Por estas palabras se le acusó de llamar a una “rebelión nacional” y le tacharon de “golpista, terrorista y aprendiz de Trump”.
Además, en una entrevista radiofónica declaró: “La amnistía no es una cuestión de legalidad, es política. Está fuera, excluida de la Constitución. Es un acto en contra de la Transición de la Constitución y en contra de los cimientos de España”.
También, se oyen voces de que la amnistía ya está hecha, solo faltan ajustar algunos detalles, incluso la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se ofreció a tramitarla en el Congreso de los Diputados.
Y en una entrevista, la vicepresidenta en funciones, afirmó: “Estamos hablando de un acuerdo social y político. No es una ley de amnistía, acaba en una Ley Orgánica de Amnistía, pero le antecede un acuerdo que es social”, además distingue 3 tipos de amnistías: amnistía de cambio de régimen político, amnistía utilitarista y amnistías para resolver conflictos políticos que vendría a ser la que están realizando los negociadores del PSOE y Sumar.
Todas las declaraciones anteriores y otras, permiten el debate y que la población tome conciencia de lo que implica conceder la amnistía a los independentistas y del peligro en que se encuentra la Nación Española.
En esa proposición de ley de amnistía o de “alivio penal”, los independentistas quedarían libres de delitos penales, podrán volver a la vida pública como si nada hubiera ocurrido, lo peor de todo es que quieren realizar otra vez una consulta y al parecer el presidente en funciones lo permitiría, a eso lo llama “consulta no vinculante”, grave error porque ellos lo tomarán como que están autorizados para volver a hacerlo, entonces vendrá el arrepentimiento de haber concedido esa gracia y será demasiado tarde.
Se aplicará a los responsables políticos, otros implicados y a las fuerzas y cuerpos de seguridad que participaron en esos días de septiembre y octubre de 2017, en cualquier tipo de actos que guardan relación con el procés, desde el 1 de enero de 2013, el 14-N de 2014, el 1-O de 2017 y hasta la actualidad en que entraría en vigor la amnistía. No se sabe exactamente cuántos serán los beneficiados.
Respecto a la inclusión de las fuerzas de seguridad en la amnistía, las entidades independentistas no están de acuerdo, pero es que los 45 implicados no quieren que se les incluya en esa amnistía porque consideran que esos días ellos cumplieron con su deber según manda la CE, y piden que sus casos sean llevados fuera de Cataluña y ser juzgados como cualquier otro ciudadano sin una justicia condicionada por lo que ocurre en Cataluña.
Algunos de ellos han sido juzgados y otros se encuentran en proceso. Se encuentran con problemas físicos y psíquicos por lo acontecido aquellos días.
En cuanto al tema del dinero utilizado para el procés, será complicado porque entra en el delito de “malversación de caudales públicos”, artículos 432 a 435 del Código Penal, y la Comisión Europea está al tanto de lo que ocurre en España al respecto, y al ser preguntado por la amnistía, el comisario de Justicia, Didier Reynders, declaró que hasta que no tengan documentos del tema no pueden decir nada, y una vez los tengan, entonces los servicios jurídicos se encargarán de su estudio, que no vulneren los principios del Estado de Derecho y se aplicará el Reglamento de la UE. Y el portavoz de Justicia, Christian Wigand, declaró: “Se trata de un asunto interno para España, simplemente debe abordarse dentro del orden constitucional, incluida la cuestión de posibles perdones”.
Con la aprobación de la ley de amnistía, iría acompañada de realizar una consulta, que por cierto la CE no la prohíbe. En caso que lo vuelvan a hacer, ya no existe el delito de sedición que los sancione, pero está el delito actualizado de desórdenes públicos agravados (art. 557.1 Código Penal) y el delito de rebelión (art. 472 Código Penal).
Conceder la amnistía implica varias cosas: la difamación que hacen los independentistas sobre España tanto dentro como fuera se convierte en cierta, reconoce que existe un conflicto político entre el Estado español y la región catalana, el golpe de Estado que dieron en octubre de 2017 se convertirá en legal, acabará con la Transición de 1978 y con la Constitución Española, pone en peligro la soberanía, la unidad de España, el Estado de Derecho y la separación de poderes; se inmiscuye en las decisiones del poder judicial, la pérdida de credibilidad de la justicia en España; rompe la igualdad entre los ciudadanos ante la ley, está en contra de los cimientos de la convivencia entre españoles, incluso promueve un cambio de régimen de Monarquía a Republica, etc.
En respuesta a lo que está ocurriendo ya salió la población española a manifestarse el pasado 10 de septiembre, en muchos ayuntamientos de toda España, pero esto continua y el próximo domingo 24 se celebrará un mitin del PP en Madrid. También en Barcelona el 8 de octubre, Sociedad Civil Catalana está organizando una gran manifestación y el 12 de octubre, diversas asociaciones constitucionalistas realizarán de nuevo una manifestación en Barcelona.
Por último, llama la atención que se hagan tantos planes sobre la presunta aprobación de una ley de amnistía, y ¿si se diera el hipotético caso de que el líder popular no consiga ser investido, el Jefe del Estado no diera la posibilidad al líder del PSOE de formar Gobierno? En agosto cuando los diferentes líderes políticos fueron a la cita con el Rey, Felipe VI, no acudieron los representantes de ERC, JxCat, EH Bildu y BNG, por tanto el Jefe del Estado no los podría tener en cuenta porque no tiene conocimiento de cuáles son sus propuestas para España, y más sabiendo que no reconocen su autoridad y es conocedor de cuáles son sus verdaderas intenciones.
El Jefe del Estado (art. 62 CE) como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, símbolo de unidad (art. 56 CE) y como garante de que se cumpla la CE y se respete el Estado de Derecho, presuntamente podría estar facultado a no firmar la ley de amnistía y no designar otro candidato y convocar a nuevas elecciones.
En conclusión, la amnistía es la excusa para que los independentistas realicen la consulta para hacer efectiva la independencia y el Gobierno en funciones conseguir el apoyo para continuar gobernando y así poder implantar lo que indica en su Ponencia Marco celebrado en octubre de 2021. El cambio a una “cogobernanza federal”. Cataluña la iniciaría y continuarían otras regiones…
En estos momentos difíciles no debemos olvidar las palabras que el Rey nos dio el 3 de octubre de 2017, a todos los españoles.
“Son momentos difíciles, pero los superaremos. Son momentos muy complejos, pero saldremos adelante. Porque creemos en nuestro país y nos sentimos orgullosos de lo que somos. Porque nuestros principios democráticos son fuertes, son sólidos. Y lo son porque están basados en el deseo de millones y millones de españoles de convivir en paz y en libertad. Así hemos ido construyendo la España de las últimas décadas. Y así debemos seguir ese camino, con serenidad y con determinación. En ese camino, en esa España mejor que todos deseamos, estará también Cataluña”.
