#ElMonoDesnudo: ‘De la torpeza o la maldad’, por Gloria Pérez de Colosía
Se dice, y parece lógico, que cuando alguien hace algo rematadamente mal, o bien se ha equivocado, o bien no, siendo que en este segundo caso hay propósito de hacerlo mal. Es decir, hay maldad.
Con esta nueva ley de alquiler, o hay torpeza o hay maldad.
A falta de su tramitación en el Senado, esta ley ha supuesto, a mi juicio, un salto cualitativo y sin precedentes en la degradación y ataque a la clase media de este país. Y digo ataque, porque ni a un estudiante de primero de Ciencias Económicas se le escapa que un control de precios siempre lleva, como muy tarde a medio plazo, a un desplome de la oferta.
España es, y siempre ha sido, un país de propietarios. La concienciación sobre la solidez de invertir en una vivienda, la propia, o como segunda residencia o incluso como objeto de rentabilidad, está profundamente arraigada en nosotros desde la recuperación económica de la mitad del siglo XX.
Todo tenía su lógica, trabajabas, nadie te expoliaba por el camino, y en unos años el español medio acababa teniendo sus ahorros en una o más propiedades que complementasen una perspectiva de jubilación cada vez menos clara.
Pues parece que esto se acabó. ¿Qué es eso de que una gran parte de los ciudadanos españoles tengan una fuente de ingresos adicional, o incluso principal, que les de seguridad y autonomía?
Con lógico pero perverso criterio, nuestros actuales gobernantes han debido pensar que la jugada era maestra, ¿para qué mimar a los que parece que no nos votan, si podemos convertirlos en los que sí lo hacen, transformándolos poco a poco en parias sin patrimonio, dependientes de la caridad pública?
La ley introduce la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, declaración que quedará a cargo de las comunidades, que ya veremos para cuándo lo hacen. Será zona de mercado residencial tensionado aquella zona cuya carga media de la hipoteca o el alquiler, más los gastos y suministros, supere el 30% de la renta media de los inquilinos, o cuando el precio del alquiler o de la compra haya aumentado tres puntos por encima del IPC en los cinco años previos a su declaración.
La ley por tanto, hace menos atractivo ofertar vivienda porque en esas zonas tensionadas, que no se saben aún cuales serán, limita los precios de subida del alquiler a un índice, que no se sabe cuál será, lo que hará que muchos propietarios retiren del mercado sus inmuebles.
Esto es, inseguridad jurídica y bajada de la oferta.
La Ley favorece a los ocupas, hasta el punto de que podría darse el caso, siguiendo el propio tenor de la ley, de ocupaciones de por vida. El propietario será el obligado a determinar la vulnerabilidad del ocupante, pero esto a través de un procedimiento administrativo, que ya se verá cómo es, cuyo desarrollo podrá, literalmente, vetar el propio ocupa.
Esto es, más inseguridad jurídica y bajada de la oferta.
Cuando el inquilino incumpla sus obligaciones o simplemente alguien se haya metido en su casa y, tras un proceso judicial, usted haya conseguido una orden de desalojo, la ley obliga a fijar día y hora para hacerlo, lo que hace más sencilla la tarea de los colectivos anti desalojo. ¿Qué es eso de estar 15 días convocados en la calle con una pancarta? A partir de ahora podrán acercarse 10 minutillos antes de que llegue la comisión judicial, montar la gran bronca, y evitar el desalojo, hasta nueva fecha.
Inseguridad jurídica, y bajada de la oferta, y perdónenme la reiteración.
La Ley, de gran cutrez jurídica, en realidad perjudica a quien se dice proteger, puesto que su efecto va a ser el contrario al que se formula oficialmente, que no es otro que facilitar el acceso a la vivienda de los menos pudientes.
Ante la mayor inseguridad jurídica y rentabilidad, muchos propietarios retirarán su inmueble del mercado, y los que no lo retiren, por aquello básico de la oferta y a demanda, dispondrán de más potenciales inquilinos. No cabe duda de que los requisitos de aceptación serán de una considerada exigencia. Ni niños, ni mayores de 65 años, ni desempleados, ni cualquier otro colectivo vulnerable.
Al mismo tiempo, la Ley denota, ya sin tapujos ni vergüenza, la falta de voluntad del gobierno de construir vivienda pública. ¿Para qué esforzarse en ello si puede trasladarse el coste a los propietarios de vivienda privada ya existente?
Siendo de difícil sostenimiento que en la ley hay torpeza, no me queda otra que pensar que hay maldad.
Si Almería será o no una zona de mercado tensionado lo sabremos. Solo una pista, Almería es la tercera capital andaluza donde más ha subido la vivienda, superando en más de 4 puntos el IPC. Agárrense, que vienen cuervas.
