#Blog #ElMejorApaño: Legislar para empeorar, por Antonio Jesús Hidalgo
Cada vez que este Gobierno ha tomado alguna iniciativa (menos mal que trabajan poco), a diferencia de lo que debiera ocurrir, pensemos en la clase política para arreglar los problemas de la gente, pues aquí pasa justamente lo contrario…y lo que es más grave, yo personalmente no sé a qué responde, aunque tengo mis sospechas…ruina social y económica son los mejores aliados de la izquierda, sin duda.
Es decir, tal y como señala el propio ministro de Universidades (Subirats), también catedrático de Gestión Pública en sus distintas publicaciones doctrinales, el Legislativo como fuente normativa, a instancias del Ejecutivo (gobierno) y reduciendo al absurdo su función, tiene que recoger o hacerse eco de las demandas (principalmente mayoritarias) de la ciudadanía (fase de percepción); estudiarlas y evaluar las posibles actuaciones (fase de diseño); formular la respuesta política/iniciativa legislativa (fase de decisión-formulación); implementar o aplicar la misma (implementación) y por supuesto, (para mí la más importante) valorar las consecuencias y eficacia de las decisiones adoptadas.
No hay que ser tampoco demasiado brillante, para darse cuenta que si detectas un problema social, y la decisión adoptada (derivada de tú incapacidad desde luego) no lo resuelve ni mucho menos, o incluso lo agrava, ¿para qué puñetas están aquí cobrando lo que cobran, entonces? Vamos digo yo!!!!
Si tenemos un problema con la formación de nuestros hijos, que ya nos sitúa de los puestos más bajos de la OCDE en cuanto a la calidad de nuestro modelo educativo, reformamos de nuevo (octava) la ley de educación, para rebajar las exigencias y el esfuerzo, haciéndoles aún más “burros”; si detectamos unos índices alarmantes de inseguridad ciudadana, pues lo que se nos ocurre es derogar la llamada “ley mordaza”, haciendo mucho menos punible las conductas callejeras, dotando de mayor veracidad en un atestado policial la versión del denunciado frente a la del agente y alentando las manifestaciones, sin necesidad ni siquiera de comunicación previa a la autoridad político/administrativa (como hasta ahora)…
Seguimos para bingo…reformamos el código penal para supuestamente proteger aún más a la mujer, y lo que conseguimos es la excarcelación de casi mil violadores y agresores sexuales, por la rebaja de sus penas en el nuevo texto normativo; continuando, en un país como el nuestro donde existen desequilibrios acusados desde el punto de vista pluviométrico, permitimos que cuencas viertan ingentes cantidades de agua al mar, mientras en otras extremadamente secas, abocamos a la ruina a los agricultores y el sector productivo primario y más importante de la zona…en esta línea, si ostentamos las tasas de desempleo más altas de los países desarrollados (especialmente sangrante el juvenil), subimos aún más la carga impositiva a las empresas y autónomos (alcanzando casi el 50% de presión fiscal), para hacer prácticamente imposible su subsistencia y terminar de arruinar el país.
Y ahora la penúltima, ante el complejo panorama de la vivienda en España; surrealista por ser el único país supuestamente desarrollado, donde el derecho a la propiedad privada (una escritura notarial de propiedad) tiene el mismo valor que un cromo del álbum de la liga de fútbol, ya que entran en tú casa, y tienes que ser tú, el que demuestre ante una autoridad judicial que tienes la condición de legítimo propietario (con lo que conlleva ese trámite) y además éste (el juez) para dictar sentencia, tiene que asegurarse que el que te quita tú casa no está bajo los parámetros del artículo 441.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es decir situación de vulnerabilidad social y/o económica…¿alguien lo entiende? Porque sin entrar en valorar la eficiencia del proceso de valoración de las circunstancias, si los okupas tienen (que existen muchísimos casos con signos evidentes de ostentación) la condición de vulnerables, deberían ser los poderes públicos los que se hagan cargo de esa situación y no recaer sobre los particulares esa carga.
Pues bien, si faltaba poco con ese panorama, ya con la ley de arrendamientos actual y en condiciones normales, es el inquilino quién decide si rescinde el contrato en 5 años (las vueltas que te puede dar la vida en ese período sin poder disponer de tú bien); pero es que si nos situamos en un escenario anormal por incumplimientos de la parte arrendataria (falta de pago), para poder recuperar tú vivienda (normalmente incluso destrozada) te cuesta un calvario judicial, económico y temporal. Pues ahora venimos y lo mejoramos aún más con la nueva ley de vivienda, limitando los precios, imponiendo más cargas a los propietarios, prorrogando los desahucios (como si éstos fueran rápidos), bajando el número de inmuebles para ser considerado gran tenedor (situándolo en 5 cuando antes estaba en 10) asfixiándole económicamente, por considerarle un rico.
Qué levante la mano el guapo que va a invertir en ladrillo o se arriesga a alquilar su vivienda.
