A preguntas de los periodistas en Jaén, donde se ha reunido el Consejo de Gobierno de la Junta, Moreno ha remarcado el «absoluto desacuerdo» mostrado por Andalucía.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado un «disparate» el recorte del trasvase del Tajo-Segura que implica la aprobación este martes en el Consejo de Ministros del Real Decreto que revisa los planes hidrológicos de varias cuentas y ha instado al Gobierno a dar «marcha atrás» en un decisión carente de «sentido común» y en la que «no prima el interés general».
«Este es un procedimiento ya habitual por parte del Gobierno, que no respeta los procedimientos habituales para hacer una ley o una modificación legal, en este caso, un trasvase sin consensuar, además, con los sectores y territorios afectados», ha criticado.
A preguntas de los periodistas en Jaén, donde se ha reunido el Consejo de Gobierno de la Junta, Moreno ha remarcado el «absoluto desacuerdo» mostrado por Andalucía «de manera reiterada y clara en los últimos meses» y ha asegurado que estamos ante «una nueva imposición de carácter unilateral» del Ejecutivo de Pedro Sánchez que, según ha dicho, «va a llevar a la ruina a un inmenso porcentaje del sector productivo en el Levante español y en el andaluz».
El líder del Gobierno andaluz ha lamentado que el Ministerio que dirige la vicepresidenta Teresa Ribera no haya atendido las peticiones «para que hiciese una reflexión» y se «sentase a negociar» con las tres comunidades autónomas afectadas y con las organizaciones agrarias, regantes y productores.
«Creo que es una de tantas decisiones políticas que se toman en este Gobierno donde no prima el sentido común, donde no prima el interés general y donde lo que sí prima son los acuerdos políticos e ideológicos, perjudicando al conjunto de los ciudadanos», ha trasladado.
Moreno ha afirmado que la aprobación este martes del Real Decreto es «un gravísimo error» que le han dicho a Pedro Sánchez «los propios socialistas murcianos, valencianos, e incluso, alguno de Almería» y ha asegurado que es indicador de que «es hora de el Gobierno pare y se ponga a hablar, a dialogar» abandonando lo que es «un criterio puramente ideológico».
«Se trata de una decisión claramente política, completamente injustificada en término técnicos, y que, además, se ha tomado una manera precipitada sin atender al propio Consejo de Estado que ha hecho unas aseveraciones que tendría que tener muy en cuenta», ha concluido.
