#RadioBlog #ConfinadosPeroNoArrinconados: «¡Y ahora esto quién lo paga!», por Antonio Felipe Rubio.
Una de las noticias más comentadas, por el morbo y la típica comidilla que genera la imprecisión y la inusitada urgencia en difundirla, ha sido la implicación en un presunto delito de violencia de género del gerente del Complejo Hospitalario Torrecárdenas. Igualmente, la difusión de la noticia ha generado en el sector periodístico notables diferencias de criterio sobre la conveniencia de su publicación, especialmente por la hipersensibilidad que un presunto delito de maltrato despierta en la población.
Independientemente de la nefasta ley perpetrada por el actual gobierno socialcomunista, lo cierto es que una mera presunción genera una ineludible contaminación social, de la que es muy difícil resarcirse.
Denuesto la violencia de cualquier género interviniente como la ley que pretende proteger a las víctimas. Esta ley parte de la mayor de las injusticias, situando siempre al hombre como presunto culpable sea cual sea el escenario y las evidencias apriorísticas de la presunta agresión. Aquí no existe presunción de inocencia, la carga de la prueba -que estuviera por ver- radica en el sexo masculino del que pudiera ser inocente, culpable, víctima o victimario.
Volviendo a la noticia, creo que había que publicarla. El SAS envió por los canales oficiales un comunicado en el que aseguraba que se había apartado al gerente del Complejo Hospitalario Torrecárdenas al verse comprometido en un presunto caso de violencia de género. Este comunicado no exige verificación del caso en cuestión, pues lo envía un organismo oficial y obedece a autoridades de alto rango como el delegado territorial de Salud de la Junta de Andalucía que, ante la gravedad del asunto, consultó a la consejería y, quizá, a la dirección política para que apuntalasen esa decisión que se adoptó con urgencia y publicidad a pesar de las consecuencias. Por tanto, la responsabilidad de los efectos adversos que ha podido desencadenar la decisión de emitir el llamativo comunicado recae en quienes lo han redactado y despachado a los medios de comunicación.
En todo caso, insisto, yo lo hubiese publicado por lo que contiene y por quien lo emite. Pero también hubiese incluido alguna adenda con toda la intención. El titular sería: “EL SAS SE APRESURA A COMUNICAR UN PRESUNTO DELITO DE VIOLENCIA DE GÉNERO DEL GERENTE DE TORRECÁRDENAS” y en un antetítulo: “Aunque no existió intervención judicial alguna, el SAS ya le ha removido de su cargo”.
En estos titulares se da a entender que el SAS o el PP estaban esperando cualquier desliz del gerente para arremeter contra él y hacer inviable su continuidad. Otra opción es la inopinada celeridad en la destitución del gerente, que podría obedecer a no esperar que la oposición de izquierdas recriminase a los dirigentes del PP dar cobertura a un presunto delincuente de género. Por tanto, aquí hay dos opciones: le estaban esperando o el PP es más papista que el papa.
Sea como fuere, el daño ya está hecho. Independientemente de la gestión de la intimidad e intensidad pasional con la que cada pareja se administre, lo cierto es que el juez no ha encontrado nada punible y el matrimonio ha quedado en libertad sin cargo alguno.
¡Y ahora esto quién lo paga!
