#Radioblog #LaVida, “Gobernar en minoría”, por Manoly Roldán.
El pasado miércoles, en el Parlamento catalán, el presidente Pere Aragonès, en el primer pleno de su Gobierno en solitario se topó con la realidad al querer sacar adelante el proyecto de ley sobre el “Plan Estadístico de Cataluña“, solo contó con los votos favorables de sus 33 diputados de los 135 que tiene la Cámara.
A pesar de verse en minoría, no aceptó la mano tendida que le ofrecieron y le siguen ofreciendo el PSC y los Comunes, pero han advertido que no será un cheque en blanco. Las condiciones del apoyo del PSC, y que deben estar incluidos en los presupuestos son: ayuda a las familias más vulnerables y soporte a la actividad económica para generar puestos de trabajo, apostar por la Formación Profesional, la industria y la sociedad del conocimiento.
Resulta que en el mismo seno de ERC, existen dos corrientes, por un lado se encuentra su presidente Oriol Junqueras, quien se resiste a recibir el apoyo del PSC, afirmando que, “pactará en el Parlament con las formaciones que, entre otras cosas, no compartan la represión al independentismo”, por otro lado Pere Aragonès, pragmático, espera el momento adecuado para solicitar esa ayuda que requiere para seguir gobernando sin sobresaltos, aunque él afirma que, en cada momento requerirá la ayuda puntual necesaria. Es probable que a finales de esta semana se reúna con el líder de la oposición, Salvador Illa, quien se entrevistará antes con tres comisarios europeos.
En cuanto a la aprobación del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2023, decidió darse más tiempo y así conseguir mejores resultados en los acuerdos de la “mesa de diálogo” y por eso aceptó no presentar ninguna enmienda a la totalidad, pero advirtió que quedan semanas hasta su aprobación y que podría cambiar el sentido de su voto. El Gobierno catalán, asumió las palabras del presidente del Gobierno central, quien declaró desde Bruselas: “No se deben mezclar los temas. Son debates paralelos”, una cosa es el apoyo a la aprobación de los PGE 2023 y otra es la carpeta de los acuerdos aprobados en la tercera mesa de diálogo del mes de septiembre.
Como contraprestación, ERC, pedirá: compromisos de inversión en Cataluña, medidas estructurales en materia de energía, vivienda y fiscalidad. Sin olvidar la reforma del delito de sedición del Código Penal, para rebajar las penas a los implicados en el proceso independentista catalán de 2017.
De momento, la aplicación del 25% de la lengua española en las aulas catalanas se encuentra en el Tribunal Constitucional para determinar su constitucionalidad, después que los partidos políticos del: PP, Ciudadanos y Vox, interpusieran recursos al respecto. La próxima mesa de diálogo posiblemente se celebrará antes de final de año.
Igualmente, EH Bildu y PNV, no presentaron enmiendas a la totalidad del proyecto de los PGE 2023. Lo más probable es que se aprueben, pero la aprobación de los Presupuestos catalanes será más complicada a no ser que el presidente Pere Aragonès, acepte la mano tendida del PSC y los Comunes.
Será difícil que reciba el apoyo de JxCat y la CUP, porque para ellos el presidente catalán, es un colaboracionista del Gobierno central y no está por la labor de la independencia.
Por otro lado, el pasado jueves, el presidente catalán asistió a la Comisión Europea, esperando presentar sus quejas al comisario de Justicia, Didier Reynders, sobre el supuesto espionaje a los políticos independentistas, utilizando el programa informático Pegasus, así lo hizo, pero la sorpresa se la llevó él, porque el comisario europeo, declaró: “Hemos intercambiado puntos de vista sobre el informe del Estado de Derecho en España. También hemos hablado sobre la importancia de garantizar la plena aplicación de las sentencias judiciales y el cumplimiento de las normas de seguridad nacional con la legislación de la UE”.
Esto quiere decir que el comisario de Justicia tomó buena nota de su estancia en Madrid, en el mes de septiembre, cuando en una reunión le expusieron la situación de “indefensión jurídica en Cataluña”, además recibió cartas de parte de la eurodiputada Maite Pegazaurtundúa y de la representante de la plataforma Escuela de Todos, Ana Losada. Ambas denunciaron las maniobras de la Generalitat apoyadas por el Gobierno central para no cumplir la sentencia del 25% de clases de español en las aulas catalanas.
Así mismo, se reunió con el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, para que Cataluña sea un centro de diseño de chips, y con el ministro presidente de Flandes, Jan Jambon, representante del partido nacionalista N-VA y defensor del independentismo catalán.
Por otra parte, hemos tenido el escándalo de los Mossos de Esquadra. Se han producido cambios y nombramientos de personas supuestamente no cualificadas para el cargo, con la excusa de feminizar el cuerpo, todo este enredo ha hecho que el prestigio del cuerpo se haya visto afectado, con supuestas injerencias políticas, donde se supone que como entidad que forma parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, debe ser neutral para servir a toda la sociedad y sin realizar ningún tipo de discriminación, sea del tipo que sea.
También, y como es sabido por todos, los independentistas no se detienen y puede que estén hibernando para recuperar fuerzas y volver a la carga, con la experiencia de sus fracasos y con nuevas estrategias para conseguir sus objetivos. En relación a esto, la Guardia Civil ha concluido una investigación sobre el “CNI catalán”, y los resultados del informe los envió a la Audiencia Nacional, para que se incorpore a la causa que se sigue contra los CDR. En dicho dictamen se menciona la supuesta participación de agentes de los mossos, bomberos, policías, sanitarios y personas cercanas a Carles Puigdemont y otros dirigentes políticos de primer orden.
Hay que mencionar, además que el pasado jueves, Carles Puigdemont, inauguró una sede del Consejo de la República en Frankfurt (Alemania) con el fin de establecer una red diplomática a nivel internacional, para denunciar la “represión y vulneración del estado de derecho en España; impulsar el derecho a la autodeterminación y el reconocimiento de la República catalana declarada el 27 de octubre del 2017 en el Parlament y la validez del referéndum del 1-O”. Supuestamente viene a ser una red paralela de “embajadas catalanas” que va abriendo el Gobierno catalán por todo el mundo.
Por último, el próximo 25 de noviembre, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) decidirá sobre su inmunidad parlamentaria y de los otros dos eurodiputados que le acompañan, condición que les fue retirada y luego subsanada de forma provisional hasta la celebración de la próxima vista. De ese resultado dependerá su futuro judicial en Bélgica, la euroorden que pesa sobre él y sus compañeros, y de las prejudiciales del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que deberá resolver el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
En conclusión, se aprecia un Gobierno catalán en solitario y en minoría que requiere de la ayuda del PSC y los Comunes para poder aprobar ya sean leyes, decretos leyes, presupuestos, etc. A su vez, el Gobierno central requiere de los 13 votos de ERC y de otros para sacar adelante los PGE 2023. Además, tiene pendiente cumplir lo aprobado en los acuerdos de la mesa de diálogo. Es posible que pueda cumplir la desjudicialización prometida, reduciendo los tiempos del delito de sedición en el Código Penal, pero tendrá difícil mantener su apoyo al rechazo del cumplimiento del 25% de clases en español en las aulas catalanas, ya que ahora no todo depende de él, sino de lo que determinen los jueces del Tribunal Constitucional y de la Comisión Europea que está atenta a que se cumplan las leyes y las sentencias en España, porque está en entredicho el cumplimiento del Estado de Derecho.
