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Encrucijada política en Cataluña

#Radioblog #LaVida, “Encrucijada política en Cataluña”, por Manoly Roldán.

En Cataluña y en las comunidades con lengua propia se está produciendo un fenómeno a nivel nacional, la izquierda española y los partidos nacionalistas, están intentando eliminar la lengua española como vehicular.  De forma particular en Cataluña, los partidos independentistas con la colaboración del PSC y los Comunes, apoyan el monolingüismo en lengua catalana. También están los partidos constitucionalistas que respetan y defienden el uso de la lengua catalana, española y aranesa.

Por su parte, el Gobierno catalán no tiene en cuenta a la mayoría de castellanoparlantes, que representan el 55% del total de la población. Esto se pudo apreciar al no querer aplicar la sentencia del 25% de clases en español al iniciar el curso escolar 2022-2023, en las escuelas públicas catalanas, que vendrían a ser 6 horas de clases lectivas en español y 21 horas en catalán, y no como es actualmente: 3 horas de clases en español y 24 horas de clases en catalán y dicen que la lengua catalana está en peligro de extinción…

Para contrarrestar el cumplimiento de la medida crearon unas normas lingüísticas a favor de la lengua catalana. Así tenemos el Decreto ley 6/22 que se refieren a la elaboración, aprobación, validación y revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos catalanes. Y la ley 8/2022 en sus  artículos 2.1 y 2.4 sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria.

En vista de la argucia aplicada, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y los partidos: PP, Ciudadanos y Vox, presentaron recursos ante el Tribunal Constitucional (TC), por considerar que al aprobar dichas normas se incumplen algunos artículos de la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. El martes pasado, el TC decidió admitir a trámite los recursos presentados, hasta que se resuelva seguirá en vigor lo decretado por el Gobierno catalán y su consejero de Educación.

Mientras se espera una respuesta a los recursos presentados, las asociaciones se movilizan, así tenemos a Escuela de Todos, formado por 15 agrupaciones y dirigido por Ana Losada, de AEB. Estos organizaron una manifestación multitudinaria el pasado domingo 18 de septiembre, en Barcelona,  teniendo como lema: “Español, lengua vehicular”, a donde acudieron miles de personas, entre las que se encontraban: personalidades de la cultura, partidos políticos constitucionalistas (PP, Ciudadanos, Valents y Vox),  varias asociaciones, la ciudadanía catalana y muchas personas venidas de otras partes de España.

La marcha se celebró a favor del uso del español como lengua vehicular y no contra el catalán, que es una lengua vehicular de Cataluña.

La protesta en teoría era transversal y no ideológica de los diferentes partidos políticos presentes, pero algunos aprovecharon para hacerse publicidad, llevando signos distintivos de sus partidos.

De igual manera, la asociación Hablamos Español, participó en la manifestación y a su vez sacaron mesas informativas en Bruselas y en varias comunidades autónomas como: Barcelona, Madrid, Vigo, La Coruña, Oviedo, Palma de Mallorca, Castellón, Alicante, Valencia, Valladolid y Zaragoza. En ellas se recogieron firmas de apoyo a la campaña realizada y de ofrecimiento de colaboración.

Por otro lado, tenemos la lucha de poder entre los partidos que forman la coalición del Gobierno catalán, ERC y JxCat. Dentro de éste último, existen dos bandos, el grupo formado por Jaume Giró y Jordi Turull, que les gustaría seguir formando parte del Gobierno y otro grupo más radical dirigido por Laura Borràs, que cuenta con el apoyo de Carles Puigdemont. Estos decidieron poner a consulta de sus bases si continúan apoyando al Gobierno o no, esto lo decidirán el día 27 de septiembre, fecha en que finaliza el plazo entre ambos partidos.

Después de la celebración del Día de Cataluña del 11 de septiembre, el presidente catalán convocó a las entidades independentistas de Òmnium Cultural, AMI y Asamblea Nacional Catalana (ANC) para tratar de limar asperezas, estos últimos pidieron celebrar la independencia el 2023, aprovechando que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez,  tendrá el turno de presidir la UE, la propuesta fue rechazada por el presidente Pere Aragonès.  

El presidente catalán, también se reunió con la cúpula de JxCat, para saber si contaría con su apoyo para seguir gobernando, estos le pusieron tres condiciones sobre la mesa:

  • Creación de una dirección estratégica formado por ERC, JxCat, CUP,  Òmnium, ANC, y el CxR.
  • Centrar la mesa de diálogo en el referéndum de independencia o abandonarla.
  • Coordinación de los grupos parlamentarios independentistas en el Congreso.

Probablemente el presidente no acepte sus propuestas, y al parecer podría gobernar en solitario (espera completar su legislatura) con el apoyo puntual de los Comunes y la CUP. El PSC, se  ofreció a prestar su apoyo, pero ERC prefiere el apoyo de los primeros, ya que les fue bien cuando aprobaron los Presupuestos catalanes del año pasado.

En caso que los partidos independentistas no estén por la labor de llevar a cabo la independencia de Cataluña, la entidad independentista ANC ha planteado formar una Plataforma Cívica y presentarse a las próximas elecciones y tendrán como objetivo realizar la independencia, ya que los partidos independentistas no lo hacen.

Se complica la lucha, detrás de todo está presuntamente el expresidente Carles Puigdemont, que reclama su protagonismo, con su Consell per la República (Consejo para la República), ahora transformado en Consell de la República (Consejo de la República) (CxR), aprobado por sus bases el pasado domingo en Francia (Cataluña Norte). Entre el CxR, dirigido por el expresidente Carles Puigdemont  y la ANC, serán los encargados de organizar la celebración de la manifestación por el quinto aniversario del referéndum del 1-O de 2017. El objetivo del expresidente, JxCat y la ANC, es hacer efectivo “el mandato político”  aprobado en  2017.

Por otra parte, en la Unión Europea debido a la guerra entre Ucrania y Rusia, ha visto amenazada su integridad territorial y el modelo democrático de gobierno, por ese motivo tomó cartas en el asunto y puso un equipo a trabajar y determinar la influencia e intromisión rusa para desestabilizar gobiernos e imponer la dictadura a través de partidos progresistas, populistas y partidos independentistas, en países del espacio Schengen, como: Italia, España, Francia, Escocia, Bélgica y Dinamarca. Se ha planteado como objetivo realizar reformas y entre ellas se encuentra la de fortalecer la unión entre los países que forman la UE, camino a construir unos Estados Unidos de Europa. Así los países como China o Rusia lo tendrán más difícil para imponer su ideología autoritaria y antidemocrática.

Así mismo, el Parlamento Europeo decidió enviar una comisión el segundo semestre del próximo año 2023, para comprobar in situ la situación de la lengua española en Cataluña.

En conclusión, en Cataluña se lleva más de cuatro décadas reclamando el derecho a poder estudiar en español y de momento las autoridades catalanas hacen caso omiso a la mayoría de castellanoparlantes que reclaman que se cumpla la sentencia del 25% y lo que indica el artículo 3 de Constitución Española.

El objetivo del gobierno catalán es erradicar el español desde el jardín de infancia hasta la universidad. Controlar no solo el sector educativo, sino también el sector sanitario, los medios de comunicación, la administración, etc. Es decir, controlarlo todo porque ellos entienden que están realizando una “construcción nacional” de su soñada “república  catalana”  y la lengua es su seña de identidad.

Tratan a la lengua española como si fuera una lengua extranjera e intentan eliminarla como lengua vehicular, apoyado por la izquierda española y los partidos nacionalistas.

El 55% de la población catalana que no comulga con el independentismo, está harta de la imposición lingüística, muchos de ellos dijeron ¡basta! y acudieron a la manifestación del pasado domingo 18 de septiembre, para dar a conocer a Europa y al resto de España, que en Cataluña no se respetan los derechos lingüísticos en los centros educativos de una parte mayoritaria de la población castellanoparlante. Este problema no solo afecta a Cataluña, sino que se extiende a Baleares, Valencia, Galicia y país Vasco.

Después de la manifestación de Barcelona y la colocación de mesas informativas de Hablamos Español en diferentes partes de España, sería aconsejable continuar realizando actividades para pedir al Gobierno central, a dar una solución de acuerdo a lo que se indica en la CE y no a intereses partidista personales de los líderes del momento.

Ha  quedado claro que se acepta como mínimo el 25% de clases en español, pero se aspira a conseguir un 50% tanto en lengua castellana o española como en catalán.

Finalmente, ya que en España no se nos escucha, nos queda la esperanza que el Parlamento Europeo tome cartas en el asunto y ayude a solucionar este problema que nos aqueja en Cataluña. 

“El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas española serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección” (artículo 3 de la Constitución Española).

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