El PP ha registrado una Proposición de Ley en el Congreso en la que se pide también recuperar el delito de usurpación de bienes inmuebles, prohibir el empadronamiento de los ocupas y endurecer las penas.
El diputado nacional del Partido Popular de Almería Miguel Ángel Castellón ha explicado hoy que su Grupo Parlamentario ha registrado en el Congreso una Proposición de Ley contra la ocupación ilegal en la que se contemplan una serie de modificaciones legislativas para permitir desalojar a los ocupas de forma inmediata y proteger la convivencia vecinal y la seguridad de las personas.
Lo que se pretende según Castellón es que “el ocupa no goce de la protección de morada o domicilio frente a la actuación de la autoridad o sus agentes y que abandone el inmueble en un plazo máximo de 24 horas ya sea voluntariamente o mediante el desalojo inmediato llevado a cabo por los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en caso de tratarse de un delito flagrante”.
El diputado del PP señala que la ocupación ilegal de viviendas es un problema que lamentablemente va a más y que afecta a clases medias y trabajadoras, a familias que con sus ahorros de toda la vida han comprado una vivienda y que se sienten amarrados de pies y manos ante la ocupación de este inmueble por parte de desaprensivos.
Por ello, desde el Grupo Parlamentario Popular proponen también que se reforme el Código Penal para castigar con penas de prisión a las personas que con violencia o intimidación ocupen una vivienda, o a las que ocupen un inmueble sin la autorización debida y se mantengan contra la voluntad de su titular.
Otra de las peticiones que se recogen en la Proposición de Ley del PP son según explica Castellón “modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los delitos de allanamiento de morada y usurpación se resuelvan mediante un juicio rápido; o modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para que los propietarios de una vivienda ocupada sin su consentimiento puedan agilizar el procedimiento para reclamar su recuperación”.
Castellón señala también la necesidad de impedir que los ocupas se puedan empadronar en la vivienda ocupada y que gocen de los beneficios de este trámite. Para ello, los Ayuntamientos estarán obligados a dar de baja del padrón a los ocupas, bien de oficio, o cuando el propietario denuncie la situación.
Además, el PP pide reformar la legislación tributaria para que una vez que haya resolución firme judicial al propietario de la vivienda se le devuelva el IBI y el Impuesto Sobre Patrimonio abonados durante el periodo de ocupación.
“A un ocupa no se le desahucia, se le desaloja, y al vulnerable se le protege. Por ello esperamos que todos los grupos políticos apoyen esta iniciativa para poner freno a una lacra que va en aumento”, concluye.
