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La desjudicialización del conflicto catalán

Blog #LaVida: ‘La desjudicialización del conflicto catalán’, por Manoly Roldán

Después de unos días de vértigo del Debate del Estado de la Nación en el Congreso de los Diputados, entre los días 12 y 14, en el cual el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio a conocer varias medidas que sacó adelante, entre ellas las más importantes:  la aprobación para reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que posteriormente pueda nombrar a los miembros del TC; las medidas anticrisis: impuestos a los bancos, impuestos a las eléctricas e impuestos a las petroleras, que al final lo pagaremos los ciudadanos; y la aprobación de la Ley de Memoria Democrática que ha causado mucho revuelo entre la clase política de su propio partido y de otros.

Llegado al viernes 15, se produjo la reunión en la Moncloa entre los presidentes del gobierno central y el presidente autonómico de Cataluña. Los preparativos de la agenda para esta reunión la realizaron la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en dos reuniones celebradas entre Barcelona y Madrid.

La última vez que se reunieron fue el 15 de septiembre de 2021, y por diferentes motivos se ha ido postergando el encuentro, ya sean por las elecciones en Castilla y León o las de Andalucía, por la celebración de la cumbre de la OTAN, pero lo que más ha herido al sector independentista y han estado a punto de romper relaciones ha sido el “Catalangate”, donde supuestamente varios dirigentes independentistas han sido espiados, entre los que se encuentra el presidente catalán, pero el tiempo vuela y se necesitan, así que sus responsables han preparado el encuentro entre los presidentes nacional y autonómico.

Ambos presidentes han intentado que participe algún representante del ejecutivo de JxCat, pero ha sido imposible, según declaró su secretario general, Jordi Turull: “no dejarse arrastrar por cantos de sirena interesados o envenenados”.  Y en el congreso celebrado el pasado sábado afirmó que: “es una mesa para quedar y para eso pueden crear un grupo de WhatsApp” y añadió que el único objetivo que persigue el presidente del Gobierno es:  «para salvar la Moncloa es capaz de ahogar Catalunya» y añadió que: “JxCat quiere crear una mesa para recoser el independentismo y pasar a la acción, el que quiera que se una y no estar pendiente de Madrid”.

Una vez reunidos los dos presidentes durante casi dos horas, se apreció que ambos persiguen objetivos diferentes de lo que quieren conseguir, pero coinciden en que se necesitan para seguir gobernando. A la vez el Gobierno necesita el apoyo de sus 13 votos ante la crisis que se avecina. Esta viene a ser una reunión entre los dirigentes de ERC, PSC y el PSOE. El presidente catalán cree que se debe desjudicializar la causa independentista y arreglarlo de forma política sin tener que recurrir a los tribunales.

Respecto a desjudicializar la política, el fiscal del Tribunal Supremo, Javier Zaragoza, al participar en una mesa redonda y a la pregunta de: ¿Crees que la mejor solución para el procés, como se está diciendo, es que el Estado deje de defenderse en los tribunales? A lo que él respondió: “no se puede desarmar al Estado para evitar respuestas penales a acontecimientos como el denominado procés catalán”, y añadió: “la Constitución permite defender proyectos y políticas inconstitucionales, pero otra cosa es intentar imponerlos coactivamente por vías ilegales, por vías de hecho”.

No se sabe exactamente cuáles serán los acuerdos a los que se llegarán en esta tercera reunión de la “mesa de diálogo” de este Gobierno, pero por lo que declaran a la prensa se podría decir que los objetivos del presidente catalán son:

  • Negociar el retorno de Marta Rovira, secretaria de ERC, que se encuentra en Suiza.
  • Buscar una fórmula  para mejorar la situación procesal de decenas de líderes y excargos independentistas con causas pendientes por el procés. Entre ellos algunos exdiputados, como: Roger Torrent y otros.
  • Reforma del delito de sedición en el Código Penal y adaptarlo a la normativa europea, aunque el presidente Pedro Sánchez, cree que no hay una mayoría parlamentaria suficiente para sacar adelante la modificación.

Los objetivos del presidente del Gobierno son:

  • Negociar los Presupuestos Generales para el próximo año y poder terminar su mandato
  • Cumplir con las inversiones pendientes a realizar en Cataluña.

En lo que no se ponen de acuerdo ninguna de las partes, es en el tema territorial, mientras el Gobierno central defiende el sistema autonómico, según se indica en el Título VIII de la Constitución Española y por el lado del presidente catalán, defiende “el derecho a decidir” que no se contempla en nuestra Constitución Española del 78 ni en los Estatutos de Autonomía de Cataluña de 2006, y tampoco en textos internacionales suscritos por España.

La reunión de la “mesa de diálogo” será a finales del mes julio, no asistirán ninguno de los dos presidentes. Y la próxima reunión se realizará a final de año en Barcelona, coincidiendo con las votaciones de los Presupuestos Generales para el próximo año.

Por otro lado, en los preparativos para esta reunión se han colado los nombres de Carles Puigdemont y Laura Borràs, en principio no se tocarán estos temas, pero afectan al Gobierno de coalición catalán de ERC y JxCat.

En el caso del expresidente Puigdemont, resulta que el abogado general de la Unión Europea, Richar de la Tour, ha dado la razón a la consulta realizada por el magistrado Pablo Llarena, al emitir un informe prejudicial (no vinculante) favorable que dará paso a una sentencia final del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el caso del exconsejero, Lluis Puig, para conseguir ser extraditado a España, y que el Gobierno de Bélgica lo ha impedido porque argumentaba que en España no se respetan los derechos humanos (tendrá que probarlo) y no le corresponde juzgar al Tribunal Supremo, sino al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Entonces el abogado, ha determinado que Bélgica no tiene la facultad de decidir quién debe juzgar en España, eso corresponde a los tribunales del país que solicita la euroorden y su labor consiste en colaborar con los países vecinos que forman la UE.

Falta que en septiembre u octubre el TJUE responda a la petición del magistrado Pablo Llarena, esperando que sea en la línea del letrado, entonces será el momento de volver a solicitar las euroórdenes (orden europea de detención y entrega) de los líderes independentistas fugados: Carles Puigdemont,  Lluis Puig, Clara Ponsatí y Antoni Comín.

Igualmente, respecto a las euroórdenes, el PP y el PSOE han aprobado en el Congreso presentar una reforma de la Euroorden, cuando España ostente la presidencia de la UE en el segundo semestre de 2023, para que no vuelvan a ocurrir casos como el de los líderes independentistas fugados al extranjero.

También, tenemos el caso de la actual presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, que se niega a dimitir, afirma ser inocente, que es una persecución política de las cloacas del Estado, pero la Fiscalía de Cataluña pide para ella 6 años de cárcel por los delitos de prevaricación y falsedad documental y 21 de inhabilitación de cargo público, por haber realizado el supuesto fraccionamiento de 18 contratos en favor de su amigo por un valor de 330.000 euros, por servicios informáticos prestados a la Institución de las Letras Catalanas, mientras ella era la directora de dicho centro.

Todos los partidos catalanes piden que se aparte, menos su partido de JxCat que la apoya, incluso le han hecho un homenaje y este fin de semana han realizado un congreso donde entre otras medidas han reformado los estatutos del partido para protegerla en caso de que la llamen a juicio oral, han creado la figura del “lawfare” (judicialización de la política), no se expulsará al afiliado sin antes analizar caso por caso. Con este congreso dan el pistoletazo de salida a reorganizarse e ir hasta las últimas consecuencias para conseguir la independencia y también se preparan para ganar las elecciones municipales de 2023 en Cataluña.

Por último, Carles Puigdemont y Laurá Borràs son miembros de JxCat, y ponen en peligro la continuidad del Gobierno de la Generalitat, no se sabe quién sustituirá a la presidenta del Parlamento, si gobernará ERC en solitario o quizá requiera del apoyo puntual del PSC y de los Comunes.

En conclusión, se puede decir que los dirigentes políticos no deberían actuar según sus conveniencias partidistas momentáneas, sino pensar que representan a toda la población del país y deben cumplir y hacer cumplir las leyes porque tarde o temprano se encontrarán con la justicia que les pasará la factura de todos sus actos.

Recordar una vez más que el proceso independentista está más vivo que nunca y en marcha, y dirigido por algunos de los que fueron indultados, y como dijo Javier Zaragoza: «El problema es que desde el punto de vista técnico jurídico no constatamos ninguna razón de justicia, de equidad o de utilidad para que se concedieran».

«Por lo tanto si la política cruza determinadas líneas rojas que suponen orillar la legalidad constitucional, vulnerar la Constitución, declarar la independencia, utilizar fondos públicos y financiar procesos ilegales es evidente que entonces y ahora la respuesta del Estado ha de ser aplicar las leyes», (Javier Zaragoza, julio 2022).

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