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Crisis en el Parlamento catalán

BLOG #LaVida: «Crisis en el Parlamento catalán» , por Manoly Roldán.

El pasado 29 de junio, el magistrado instructor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) presentó un  auto (resolución judicial) dirigido a la Fiscalía para que en el plazo de 10 días presente petición de apertura de juicio oral y escrito de acusación o petición de archivo contra Laura Borràs y otras tres personas, y entre ellos se encuentra su amigo Isaías H. Se les acusa de: delito continuado de prevaricación administrativa, fraude administrativo, falsedad en documento mercantil y delito continuado de malversación de caudales públicos, por un valor de 309.000 euros.

Retrocediendo en el tiempo, Laura Borràs, la actual presidenta del Parlamento catalán, era la directora del Máster “Literatura en la era digital” y del posgrado “Literatura comparada y literatura digital” de la Universidad de Barcelona, y en estos cursos estaba su amigo, como colaborador docente.

Posteriormente llegó a ser nombrada directora de la Institució de les Lletres Catalanes (Institución de las Letras Catalanas), entre el 15 de enero de 2013 hasta el 22 de enero de 2018, tenía entre sus funciones administrar los fondos de la institución, aprobar gastos, ordenar pagos y suscribir contratos. La ILC, es una entidad autónoma del Departamento de Cultura. Su directora decidió que la institución debía tener una web electrónica, entonces presuntamente decidió otorgar a su amigo el privilegio de prestar sus servicios informáticos, realizando 18 contratos desde el año 2013 al 2017, según constan en las investigaciones y en los documentos encontrados por la Guardia Civil, en el domicilio del acusado. Los Mossos de Escuadra, también participaron en la investigación.

Actualmente, Laura Borràs es la presidenta de JxCat y del Parlamento catalán.

En caso que el Ministerio Fiscal decida abrir juicio oral, ella  estaría inhabilitada para ejercer cargo público y sus deberes y derechos parlamentarios quedarán suspendidos de forma inmediata, según se indica en el artículo 25.4 del Reglamento del Parlamento catalán, que dice: “En los casos en que la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción, la Mesa del Parlamento, una vez sea firme el auto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento del mismo, debe acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de forma inmediata. Si se plantean dudas sobre el tipo de delito o sobre el régimen de incompatibilidades aplicable a lo largo de la suspensión, es necesario el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados”.

Este juicio se ha ido posponiendo desde hace tiempo, es así que ella viendo su situación encargó a los servicios jurídicos del Parlamento catalán, realizar un informe sobre la reforma del Reglamento de la Cámara. Estos elaboraron el informe donde no constaba el artículo 25.4, porque consideraron que era inconstitucional y no se respetaba la presunción de inocencia. Solo tuvo el visto bueno de los letrados y JxCat, pero no consiguió la aprobación de sus socios de ERC y la CUP. Este artículo fue introducido por la CUP para luchar contra la corrupción el año 2017.

En caso de ser condenada, los Estatutos de JxCat, en el artículo 10.f,  contemplan como falta muy grave el tema de la corrupción, al afirmar: “La condemna amb sentència ferma per algun delicte relacionat amb la corrupción” (la condena con sentencia firme por algún delito relacionado con la corrupción), es decir, cabría la posibilidad de ser expulsada del partido.

Ante esta realidad en que se encuentra, ella se considera inocente y afirma que es: “una persecución por parte del Estado por ser quien es y por ser independentista”, aunque los hechos son anteriores al procés  del 1-O de 2017.

A continuación se presentan las opiniones de los diferentes partidos:

JxCat, Josep Rius, señaló: “es el enésimo ejemplo de una persecución que ya no solo denunciamos nosotros”.

ERC, Carme Forcadell, expresidenta del Parlamento catalán, consideró que: “no tiene que pensar en ella misma” y añadió: “tiene que dar explicaciones muy convincentes sobre su imputación y no solo porque no puede haber ninguna sombra de sospecha sobre la honestidad del movimiento independentista sino que defiende que por encima de todo lo tiene que hacer por el prestigio de la institución que representa”.

CUP, creen que el caso de Laura Borras es de “mera corrupción que no puede ocultar tras la estelada”. Y que la responsabilidad recae sobre ERC y JxCat.

PSC, Assumpta Escarp, declaró: “Primero, presunción de inocencia, la tiene todo el mundo y todo el mundo tiene derecho. Segundo, cuando sepamos que se dice en el auto, ya que no hemos tenido acceso, a lo que pide y plantea la Fiscalía, en este momento será cuando el PSC tomará las decisiones oportunas. Y lo haremos siempre bajo una premisa, mantener y garantizar el prestigio de esta institución”.

Los Comunes, Joan Mena, pidió que se aparte a Laura Borràs de su cargo “antes de que lo tengan que hacer los demás partidos”, y añadió: “Pido que evitemos a todos los catalanes alargar un espectáculo que solo contribuye al descrédito de una política ya de por sí en horas bajas”.

Los partidos constitucionalistas del PP, C´ y Vox, creen que debería dimitir.

Valents, Eva Parera, indicó: “El futuro de Laura Borrás lo determinará el juzgado, pero todo apunta a una condena seria. Debería dimitir de su cargo de presidenta del Parlament puesto que sólo contribuye a desprestigiarlo”.

Por otra parte, la pregunta que nos planteamos es y ahora qué sigue: toca esperar a lo que decida la Fiscalía, en caso de que se ordene abrir juicio oral, entonces la Mesa del Parlamento catalán podrá aplicar el art.25.4,  conforme se suspenden todos sus derechos. Es decir, no podrá ejercer como presidenta de la Cámara, ni tampoco como diputada, pero puede conservar su acta hasta que se dé a conocer la sentencia.

También, cabe la posibilidad de que Laura Borràs, pueda librarse si consigue  el apoyo de ERC y la CUP (difícil de conseguir) y recurrir al informe elaborado por los juristas a quienes encargó modificar el Reglamento del Parlamento.

Ella cree que debe ser un jurado popular quien decida si hubo corrupción en sus actos. Por su parte, su abogado defensor presentó un auto de procesamiento, solicitando al TSJC que haga una consulta al Tribunal Constitucional para que se excluya al Tribunal del ámbito del delito de prevaricación, espera respuesta y actuará en consecuencia.

Lo grave de toda esta situación es que peligra la gobernabilidad del Parlamento catalán y el prestigio de la institución. Se abren diferentes posibilidades, como por ejemplo: que el presidente Pere Aragonès gobierne en solitario y para asuntos puntuales cuente con  el apoyo del PSC y los Comunes. O veremos qué soluciones dan los dirigentes de JxCat en caso que tenga que dejar el cargo Laura Borràs.

La Fiscalía podría solicitar multas, la inhabilitación y pena de prisión para la presidenta.

Por último, después de conocer el auto contra la presidenta, cómo les explicamos a los ciudadanos estos comportamientos de algunos políticos, que en vez de venir a servir, vienen a hacer cosas indebidas que no se corresponde a la confianza que se les da cada vez que se les elige para gobernar.

En conclusión, todos los partidos, excepto JxCat, coinciden en que lo más recomendable es que la presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, debe dimitir por el bien de la institución que representa.

A través de la lectura del auto, se puede observar como uno tras otro los hecho no son conforme a la ley, lo que es una pena, pero los hechos están ahí, y serán los jueces quienes decidan el futuro de la presidenta.

Una vez más hemos visto que si una sentencia no es de su agrado, intentan modificarla a su conveniencia, pero al final la justicia tarde o temprano pone las cosas en su lugar. Lo hemos visto en el caso del expresidente Joaquim Torra, del exdiputado Pau Juvillà de la CUP, en la sentencia del 25% de las clases en español y ahora en el caso de la presidenta.“La lucha contra la corrupción tiene que empezar dentro de ti, ya que la integridad es una cualidad interior”, (Sadhguru)

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