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José Luis Sánchez Teruel, investigado por el supuesto desvío de fondos para zonas regables

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El juez considera que en su anterior cargo pudo «haber tenido algún tipo de responsabilidad» en los hechos investigados.

El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha ordenado tener como investigado a José Luis Sánchez Teruel, el diputado autonómico socialista por Almería y por ende aforado, por su anterior papel como director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Junta de Andalucía a la fecha de el presunto desvío de aproximadamente 40 millones de euros de fondos europeos destinados a proyectos de modernización de las marismas del Bajo Guadalquivir.

Juan Gutiérrez Casillas, magistrado, recuerda que las actuaciones judiciales hacen referencia a una resolución dictada por el Instituto Andaluz de Reforma Agraria el 13 de octubre de 2004, «en la cuál se aprobaba el proyecto de modernización interesado por la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir y en el que se concedía una subvención de 40.119.944 euros, con un presupuesto de inversión subvencionable aceptado y con un plazo de ejecución de obras de 42».

Además, el juez señala que la investigación profundiza en el posible «incumplimiento de los requisitos de la subvención resuelta por la autoridad administrativa, la posible irregularidad en la adjudicación de obras, las posibles irregularidades en sucesivas certificaciones de obras y el fin del dinero público destinado a obras de modernización en territorios del Bajo Guadalquivir interesada por la Comunidad de Regantes».

Por aquel entonces José Luis Sánchez Teruel ocupaba el cargo de director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Junta de Andalucía. El juez instructor determina que «como consecuencia de las funciones de su cargo podría, en su caso, ya sea por acción u omisión, haber tenido algún tipo de responsabilidad en los hechos de investigación y por tanto, procede su constitución en la causa como parte investigada». Todo esto, tras ser expresamente solicitado por el PP andaluz como acusación popular y la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir como acusación particular.

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