Carmen Crespo ha incidido en que solo el cinco por ciento de los productos hortofrutícolas que llegan a Europa procedente de países terceros lo hacen a través del Puesto de Inspección Fronteriza (PIF) de Almería.
La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha defendido este jueves la labor de inspección que se efectúa desde su departamento para comprobar la procedencia de los productos hortofrutícolas procedentes de países extracomunitarios y su posible reetiquetado como producto local, sentido en el que ha reclamado mayor «transparencia» al Gobierno y a la Unión Europa para conocer qué contingentes son los permitidos y si se superan los aranceles establecidos.
«Hemos hecho 869 inspecciones en lo que llevamos de gobierno de cero que se hacía antes y 50 sanciones, más no podemos hacer», ha dicho la consejera en relación a la labor efectuada por la inspección en Almería tras la pregunta oral formulada en la sesión plenaria del Parlamento por el diputado autonómico de Vox por Almería Rodrigo Alonso, quien se ha interesado por las sanciones a empresas que realizan un «falso etiquetado».
Crespo ha incidido en que solo el cinco por ciento de los productos hortofrutícolas que llegan a Europa procedente de países terceros lo hacen a través del Puesto de Inspección Fronteriza (PIF) de Almería, de modo que en él «se inspecciona todo» y «no es fraudulento todo».
No obstante, ha invitado al parlamentario de Vox a poner el foco en la acción del Gobierno central, puesto que estos puestos fronterizos dependen del Ejecutivo, al que ha exigido nuevamente datos sobre los contingentes autorizados y los que se han sobrepasado. «Este año en tomate se ha exportado más de 500.000 toneladas y en cambio solo se tienen que pagar sin arancel 250.000 toneladas», ha dicho.
Con esto, la consejera ha instado a denunciar ante la OLAF aquellos cupos que sobrepasan el contingente al tiempo que ha propuesto a los miembros de Vox que apoyen su petición para solicitar acuerdos con terceros países que «no sean lesivos» para los intereses de los agricultores andaluces, toda vez que se requiera más personal en los PIF para comprobar el origen y calidad conforme a la normativa fitosanitaria en la que llegan los productos en lugar de darle «un balón de oxígeno al Gobierno de España».
Por su parte, Alonso ha reclamado un aumento de las inspecciones sobre los productos de terceros países no solo en origen, bajo la competencia de Agricultura, sino en los propios lineales de supermercado; algo que la consejera ha recordado sería competencia de Consumo.
El parlamentario de Vox se ha hecho eco así de la denuncia pública efectuada por una organización agraria el pasado mes de enero después de que se identificara en un establecimiento comercial melón de origen extranjero como procedente de Almería; algo que, según ha reconocido, la propia cadena admitió después y achacó a un «pequeño error puntual».
«¿Se imagina que hubiera pasado con un pequeño agricultor al que lo hubieran pillado? Le cuesta la ruina de por vida», ha comparado Alonso, para quien la firma comercial debe «pagar por ese error puntual y pedir perdón» al entender que dicho fallo trasciende más allá y conforma un «etiquetado fraudulento» de cara al consumidor.
Así, ha instado al Gobierno andaluz a «inspeccionar las cadenas de supermercados para evitar ese falso etiquetado» no solo por interés económico sino también por «seguridad alimentaria» ya que, según ha sostenido, hay productos que vienen de terceros países y que «se cultivan con fitosanitarios cancerígenos que están prohibidos en la UE».
Del mismo modo, Alonso ha pedido «endurecer las sanciones» para «disuadir a aquellos que realizan las prácticas del falso etiquetado por el daño que realizan al sector primario y a la salud de las personas».
