BLOG #LaVida: “La incertidumbre de los PGE 2022”, por Manoly Roldán.
La semana pasada, la Abogacía del Estado ha ordenado al Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que no devuelva la inmunidad al ex presidente, Carles Puigdemont, ya que una vez la Fiscalía de Sassari (Cerdeña-Italia) decidió suspender la euroorden de extradición hacía España, su abogado, Gonzalo Boye, solicitó al TGUE medidas cautelares (largo plazo) para que le devolvieran la inmunidad como eurodiputado y no ser extraditado hacia España. En esta ocasión la Abogacía del Estado parece que está siguiendo la misma línea marcada por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, quien ha informado al TGUE que la euroorden sigue activa y que en ningún momento se suspendió, contradiciendo a la información que les dio la Abogacía del Estado a una consulta realizada en el mes de junio, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) afirmando que no existía riesgo de detención, lo cual era falso y quedó demostrado al ser detenido por primera vez en Sassari-Cerdeña.
Por otro lado, el presidente Catalán, Pere Aragonès, ha iniciado contactos con los responsables de otras comunidades autónomas, Ximo Puig de Valencia, Francina Armengol de Baleares, y tiene previsto reunirse con Iñigo Urkullu, antes de fin de año. Con estos contactos da inicio a una agenda autonómica que no desarrolló el ex presidente catalán, Joaquín Torra. A su vez, iniciará contactos a nivel europeo con la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, de National Party (SNP), quien pide un nuevo referéndum para separarse del Reino Unido. En relación a este tema, el primer ministro británico, Boris Johnson, en su última visita a Escocia, en el mes de agosto, afirmo: “no es una prioridad” y que “ahora la prioridad es recuperarse, trabajar y salir de la pandemia”. Igualmente, el presidente catalán, quiere mantener contactos con miembros del Parlamento Europeo, para temas relacionados con la industria de automoción o de telecomunicaciones.
Así mismo, se ha producido la renovación de los miembros del Tribunal de Cuentas, de mayoría progresista, hecho que podría variar los resultados del rechazo del pago del aval de 5,4 millones de euros, presentado por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), por promocionar el procés en el exterior, y que ha sido pagado por los partidos de ERC, JxCat y algunos miembros que pagaron de forma individual, Artur Mas, Andreu Mas-Collel y Adam Casals. Ahora, los implicados solicitan al Tribunal de Cuentas que se les aclare las cantidades percibidas del aval. Las defensas de los encausados están preparando recursos contra la resolución del Tribunal de Cuentas. Igualmente, los miembros del TC temen que se les quiten competencias para controlar la contabilidad de los organismos públicos, de esta manera ellos ya no podrían decidir nada y serán otros quienes tengan la última palabra.
Por otra parte, transcurrido el 40 Congreso Federal del PSOE, con el revuelo creado por su futura reforma constitucional, hay otros temas de interés, como es el apoyo que necesita el Ejecutivo central para sacar adelante los PGE 2022. El ambiente es complicado, porque las relaciones entre los socios de Gobierno, PSOE y Podemos, no están pasando su mejor momento. Se producen desavenencias entre ellos, por mostrar quien de ellos consigue aprobar tal o cual ley. En el Govern de Cataluña las cosas tampoco van mejor, los partidos independentistas están divididos tanto en el Parlament de Cataluña y el Congreso de Diputados, para apoyar los PGE 2022, cada uno debe ocuparse de dar o no dar su apoyo al Ejecutivo central, así se lo ha hecho saber el presidente catalán, Pere Aragonès, a su socio de gobierno de JxCat con la siguiente afirmación: “Estoy convencido de que todos los diputados que representan a Catalunya en el Congreso de acuerdo con el peso que les ha dado las urnas defenderán sus propias propuestas”. Además le pide al Presidente del grupo parlamentario de JxCat, Albert Batet: “que vuelvan a la mesa de diálogo para resolver el “conflicto político”, y éste le respondió que: “siempre y cuando levante el veto a Jordi Turrull, Jordi Sánchez y Miriam Nogueras”. JxCat, no se mueve de esa postura.
También tenemos a la CUP, que ha sido nombrada para desarrollar el modelo policial que deben seguir los Mossos d`Esquadra y el resto de fuerzas policiales, para cuidar el orden y seguridad pública de los ciudadanos de Cataluña, gran equivocación, cuando deberían ser todas las fuerzas políticas del Parlament de Cataluña quienes decidan qué modelo de policía se quiere para Cataluña. En respuesta a esta tutela y a la continua agresión a la que están siendo sometidos hace muchos meses, los Mossos d`Esquadra y policías locales de Cataluña han salido el pasado sábado a manifestarse por el centro de Barcelona, afirmando: “ ¡basta! ante las agresiones a agentes y para exigir respeto, apoyo institucional y que se acabe la utilización partidista de las fuerzas de seguridad”, palabras muy duras y de gran significado a tener muy en cuenta y saber cómo es la situación en Cataluña y más en Barcelona, donde se realizan las grandes manifestaciones. Igualmente, el mayor Josep Lluis Trapero ha manifestado su postura en el acto de celebración del Dia de les Esquadres.
Nos encontramos con posturas muy alejadas tanto de los partidos independentistas y de sus votantes como lo muestra un estudio realizado por la empresa GAD3, entre los meses de enero a septiembre de 2021, donde concluye afirmando : “si las posiciones de los votantes son el resultado del discurso de cada partido (pragmático y moderado, el de ERC; intransigente y radical , el de JxCat), o bien la formación de Puigdemont es el refugio electoral de los sectores más inflexibles del independentismo”.
Así mismo, ERC, para apoyar los PGE 2022, entre varias de sus peticiones pide tener una Ley audiovisual para blindar el catalán, aquí surge la pregunta ¿Y quién blinda el uso de la lengua oficial del Estado, ESPAÑOL, en Cataluña? No contentos con la imposición de la inmersión lingüística en el sector educativo (guarderías-bachillerato), ahora aplican la inmersión lingüística en todas las universidades catalanas (uso del 80% de la lengua catalana en los grados y posgrados), en donde se abren Webs para que los alumnos universitarios catalanes, se dirijan ahí para expresar sus quejas de si tal o cual profesor universitario da clases en ESPAÑOL para ser sancionado.
En el Parlament de Cataluña, Pere Aragonès, pide a los Comunes que hagan que el Gobierno firme unas garantías de ejecución, conforme va a cumplir lo acordado en los PGE 2022 y que no todo quede en papel mojado, ya que el Gobierno primero debe cumplir con las inversiones acordadas en los PGE de 2020, que apenas han sido cumplidas, y activar la mesa de “negociación”.
Finalmente, hemos podido ver el sábado pasado en una manifestación a algunos dirigentes independentistas catalanes acompañando a Arnaldo Otegi, EH Bildu (intercambio de casi 200 presos por su apoyo a los PGE 2022), y a otros, en el país Vasco para “demandar una nueva política penitenciaria, el final de las limitaciones al acceso de beneficios carcelarios y la dispersión que se les aplica” a los presos de ETA. Seres que tanto daño han causado a muchas familias y a la sociedad española por más de 40 años. Ahí estaban todos juntos los socios del Gobierno central: EH Bildu, PNV, Podemos, ERC y JxCat…
En conclusión, solo queda esperar que se cumplan las leyes, que se respete la separación de poderes, que la ley sea igual para todos, que se guarde respeto a las fuerzas del orden y que se cuide la democracia que tanto ha costado conseguir. Al Gobierno recordarle que haga unos PGE 2022 justos, que no despilfarre porque el próximo año cuando tenga que elaborar los PGE 2023, Bruselas exigirá unos presupuestos austeros (recorte del gasto público) y equilibrados.
“El gobierno no se ha hecho para la comodidad y el placer de los que gobiernan” (Conde de Mirabeau).
