RADIOBLOG #NOTICIASDEALMERÍA.COM: ‘Tribunales y políticos osados’, por Rafael Martos.
En apenas 48 horas conocimos el archivo de la querella por prevaricación administrativa que el PSOE le había puesto al alcalde de Adra, Manuel Cortés (PP), y la absolución del alcalde de El Ejido, Francisco Góngora (PP), de la querella impulsada por el Partido de Almería (PAL) liderado por su antecesor en el cargo, el procesado en la Operación Poniente, Juan Enciso, pero a la que tras sumarse inicialmente la Agencia Tributaria y la Abogacía del Estado, fueron apartándose al ritmo que iban decayendo algunas de las imputaciones, quedándose casi en solitario la acusación política, que ha sido finalmente desacreditada.
No solo eso, es ya de sobra conocido como el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat (PP), ha sido objeto de exhaustivas investigaciones judiciales por denuncias de partidos políticos directamente, y otras mediante pantallas, pero de todas, de más 200, ha salido siempre indemne. Unas veces han sido rechazadas de entrada por distintos fiscales en distintas instancias, otras por jueces, también en distintas instancias, y desde luego resultaría sorprendente que juzgados de Instrucción se confabularan con la Audiencia Provincial, y ésta a su vez con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Al tiempo, y por no ser muy exhaustivo, cabe recordar el archivo de la causa que el PSOE llevó al Tribunal Supremo contra el entonces senador del PP Eugenio Gonzálvez, o la absolución del alcalde de Sorbas, José Fernández Amador (PP), en ambos casos denunciados por prevaricación, como también fue absuelto el alcalde de Oria, Marcos Reche (PP), o el excalde de Garrucha, Juan Francisco Fernández (PP), o el exalcalde de Berja Antonio Torres (PP) en un par de ocasiones, o el exalcalde de La Mojonera, José Cara (PP) y seis de sus ediles, también constan absoluciones alcaldesa de Mojácar, Rosa María Cano (PP).
Podríamos seguir, porque nos hemos ceñido a los dos últimos años básicamente, pero estos ejemplos bastarían a cualquier político mínimamente sensato para ser comedido en sus declaraciones, sobre todo cuando en su partido se acumulan procesados y condenados.
Es cierto que también hay condenas entre el listado de alcaldes y concejales del PP denunciados, pero la balanza se vuelta espectacularmente del lado de la inocencia, pero incluso manteniéndose en un punto intermedio, escuchar a los socialistas encabezados por el portavoz en la Diputación, Antonio Lorenzo, pedir la dimisión del presidente de la Diputación, Javier A. García (PP), por el “caso mascarillas”, cuando tras éste ya había cesado al vicepresidente investigado por la Guardia Civil, Óscar Liria, es sorprendente teniendo en cuenta que el único vicepresidente de esta institución que ha acabado entre rejas es socialista, y que lo hizo quedando además al descubierto una trama para el fraude desde el Patronato de Turismo. Que a eso se sume el secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, investigado en el “caso marismas”, también ha resultado desconcertante.
Imputados y procesados los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, fueron elevados al Senado, y cómo no recordar al almeriense que fuera ministro de Interior, José Barrionuevo, que dio con sus huesos en la trena por secuestrador, pero no evitó que le hiciera una fiesta de despida en la misma puerta el entonces presidente del Gobierno Felipe González.
No quiero alargar el relato de hechos históricos, documentados, pero sí destacar la manipulación de la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas, que supone que alguien deba abandonar su cargo por el mero hecho de ser denunciado, o incluso por ser investigado, es más, incluso si mientras está en su cargo se le abre juicio oral.
¿No habría sido torcer la voluntad de los roqueteros o los ejidenses que Amat o Góngora hubiesen tenido que dimitir al ser objeto de una querella?
¿Y qué pasará si a Óscar Liria se le retiran los cargos que pesan contra él? Ya no es diputado provincial ni vicepresidente.
¿Y si hubiesen sido cesados concejales del Ayuntamiento de Almería tras ser denunciados, habiéndose retirado luego los cargos contra ellos?
¿Por qué Ciudadanos exige dimisiones o justifica mociones de censura con solo la existencia de una denuncia o la apertura de una investigación? Han hundido carreras políticas, y luego todo se ha saldado con absoluciones que han dejado como rastro haber torcido la voluntad mayoritaria de los votantes.
Que ahora tenga que pedir aclaraciones la presidenta del Congreso, Meritxel Batet (PSOE), para cumplir la sentencia que inhabilita para cargo público al diputado de Podemos Alberto Rodríguez, es indignante porque solo la falta de comprensión lectora lo justifica; pero es que no menos indigna que el ignorante Pablo Echenique (UP) asegure que la sentencia rompe el equilibrio parlamentario, cuando de sobra sabe que en lugar de ese diputado entrará otro de la misma formación política; e indigna que la ministra Ione Belarra (UP) hable de que los jueces prevarican y no se vaya directamente al juzgado a denunciarlo si tiene las pruebas, tal como exige ser cargo público, e indigna sobre todo, tener un presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, que permite todo esto.
