BLOG #LaVida: “El culebrón de los avales”, por Manoly Roldán.
Cada semana asistimos a un capítulo más del procés en Cataluña y no nos deja indiferentes la osadía de los acontecimientos.
Aprovechando la debilidad del Gobierno, los socios independentistas van asentando sus reivindicaciones a costa de perder cada vez más presencia España. Triste que los diferentes gobiernos y partidos políticos sean del color que sean utilicen Cataluña como moneda de cambio o como ventaja electoral, sin comprender realmente lo que sucede en el día a día a los que sufrimos las consecuencias de este proceso.
La maquinaria no se detiene, la semana pasada se han reunido la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, con el consejero de Empresa y Trabajo de la Generalidad, Roger Torrent, para llegar a acuerdos económicos entre los Gobiernos nacional y autonómico.
Así mismo se ha reactivado la comisión bilateral, Generalidad-Estado, reiniciándose el contacto (16-07-21) vía telefónica entre las responsables, Isabel Rodríguez y Laura Vilagrà, después de casi tres años (1 de agosto de 2018) en que se realizó el último contacto por Ernest Maragall (ERC) y Marixel Batet (PSC), en los inicios del mandato del presidente Pedro Sánchez.
Estas conversaciones van por dos caminos bien definidos, por un lado tenemos: la mesa bilateral estatutaria en la que la ministra de Política territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha puesto sobre la mesa los temas de los que se hablarán el día 2 de agosto, a saber: sanidad y educación, inversiones y transferencias e infraestructuras y transportes. La ministra afirma que estos son los temas que realmente interesan a los ciudadanos de Cataluña, temas que llevan abandonados por más de 10 años. El Gobierno Central sigue la Agenda para el reencuentro que consta de 44 puntos.
Así mismo tenemos la mesa de diálogo político, que se realizará a partir de la tercera semana del mes de septiembre, en donde los dirigentes de
ambos posicionamientos profundizarán en el tema en el que la parte independentista planteará la amnistía y el derecho de autodeterminación.
También esta semana hemos asistido al culebrón de los avales del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), más conocido como el ICO catalán, porque realiza funciones similares a los desarrollados por el ICO español. El Gobierno Catalán creo a medida por Decreto Ley 15/2021, de 6 de julio, un fondo llamado Fondo Complementario de Riesgos, por valor de 10 millones, renovables año a año, para avalar provisionalmente el pago de las multas (5,4 millones) ante el Tribunal de Cuentas por la difusión del procés a través de las embajadas catalanas en el exterior y el Diplocat. Hemos de recordar que los gastos para impulsar, promover y promocionar el procés, superan los 11 millones de euros.
El Instituto Catalán de Finanzas (ICF) en principio era el encargado de gestionar los avales con algún banco privado que estuviera dispuesto a cubrir las fianzas de los 34 encausados por el Tribunal de Cuentas. Según el diario el País, se buscaron diferentes opciones para hacer frente a estos avales, bancos de prestigio tanto extranjeros como nacionales (Caixabank, BBVA, Sabadell y Santander). Ninguno de ellos se atrevió a avalar porque consideraban que era arriesgado para sus posiciones operativas o de reputación. Esta opción hubiera salvaguardado a los funcionarios públicos del ICF frente a posibles acciones judiciales o administrativas (3 directivos se dieron de baja antes de realizar las votaciones para aprobar el aval); pese a que así lo contemplaba el Decreto Ley 15/2021 en su disposición transitoria (preveía que si no se encontraba ninguna entidad avaladora de los afectados, el ICF los avalaría directamente y el fondo de la Generalidad le haría de contraaval), de esta manera serían los propios implicados quienes responderían con sus propios bienes, pero viendo el Gobierno Catalán que el plazo se cumplía (21-07-2021), con el beneplácito del presidente Pere Aragonès (diario Expansión, 22-07-2021) se dio la orden de que fuera el ICF quien se hiciera cargo de la gestión y de los avales, y que sería el mismo presidente Pere Aragonès quien daría el anuncio de la decisión tomada, pero al final fue el Consejero de Economía, Jaume Giró, quien lo anunció en el Parlamento de Cataluña (21-07-2021).
En el plazo estipulado los implicados ante el Tribunal de Cuentas sólo presentaron las solicitudes y no los avales. Ante esta situación dicho Tribunal decidió concederles dos días más de plazo para entregar los avales. Vistas las irregularidades cometidas durante el proceso de aprobación del aval, dicha administración espera que el Tribunal de Cuentas no admita el aval.
Igualmente, ERC llegó a plantearse usar sus propios recursos como partido para cubrir una parte de esos avales. El resto sería aportado por la Caja de Solidaridad promovida por Òmnium Cultural y ANC (consiguieron más de un millón de euros), Junts x Cat, aportaciones de sus militantes y de los bienes de los implicados.
Por su parte las formaciones constitucionalistas de PSC, PP y Cs presentaron alegaciones ante el Consejo de Garantías Estatutarias para ver si era legal la creación de estos fondos, en el caso de que el resultado sea favorable, la próxima semana el Gobierno catalán presentará dicho Decreto Ley al Parlamento de Cataluña con la intención de aprobarlo, para lo cual han invitado a los Comunes a participar y a darles su apoyo.
El Tribunal de Cuentas no ha emitido ninguna valoración, sólo ha indicado que ya se determinará llegado el caso. Lo más probable, es que no acepte estos fondos por ser dinero público. En estos momentos el Tribunal de Cuentas se encuentra analizando todos los documentos enviados.
En el Código Penal encontramos los artículos 252, 253 y 432-435 bis que especifican claramente lo que se entiende por malversaciones de caudales públicos.
Además en la Web del ICF se dice que solo se pueden hacer préstamos públicos pero no a personas particulares.
Así mismo, el presidente Pedro Sánchez, afirmó que “si el fondo era ilegal, serían los primeros en poner una demanda”.
José María Fuster – Fabra (abogado penalista) afirma: “Es un supuesto que no es fácil de resolver jurídicamente, porque no hay ningún precedente en el mundo de que una administración perjudicada por una actuación de unas personas cree un fondo para garantizar las responsabilidades patrimoniales de esas mismas personas”, algo que califica de “jurídica y socialmente irracional e inaudito”.
Si de algo ha servido todo este revuelo, ha sido para enterarnos de que el ICF había reiniciado los trámites en el mes de marzo de este año, ante el Banco de España para obtener la licencia bancaria y así convertirse en ICF Banc, como banco público, la decisión final la tomarán el Banco de España y el Banco Central Europeo. En el caso de haber avalado podría perjudicar sus planes, ya que llevan casi 10 años con la idea de convertirse en un banco público. Es un sueño que tienen los independentistas, contar con una banca pública como si de un país independiente se tratara
Las denuncias no se han hecho esperar, tanto por la sociedad civil ,Convivencia Cívica Catalana, como por los partidos políticos, siendo Cs el primero en poner una denuncia ante la Fiscalía Superior de Cataluña contra el Gobierno catalán y contra la Junta del ICF por los avales a favor de los investigados, en el Tribunal de Cuentas, donde su representante Carlos Carrizosa considera una “absoluta ilegalidad”.
Después de haber relatado a grandes rasgos el culebrón de los avales, surgen algunas preguntas para reflexionar y son las siguientes:
- ¿Es legal la creación de estos fondos?
- ¿Un ente público puede avalar a políticos que han sido condenados por el Tribunal Supremo e indultados de forma parcial por el presidente del Gobierno central, por haber proclamado la independencia en Cataluña?
- ¿Los dirigentes políticos deben esgrimir ética al manejar los caudales públicos que son de todos los contribuyentes?
- ¿Si realmente viviéramos en un país represor, sin democracia y sin respetar los Derechos Humanos, podrían actuar así los que gobiernan la Generalidad de Cataluña?
- ¿Somos iguales ante la ley en Cataluña?
- ¿Cuál es el interés general al que sirven las administraciones en Cataluña?
- ¿Pueden ellos hacer lo que les parezca con el patrimonio y dinero público de todos los contribuyentes de Cataluña y del resto de España?
- ¿Quién controla la contabilidad del ICF?
- ¿El Gobierno de la Generalidad de Cataluña puede presionar al ICF y a la justicia catalana, para que aprueben los avales?
- ¿El ICF es propiedad de los políticos que gobiernan la Generalidad de Cataluña o es de todos los ciudadanos que pagan sus impuestos?
- ¿Se puede utilizar el dinero público para favorecer causas particulares?
- ¿En caso de resultar ilegal la aprobación de los fondos, se penalizará a todos los que participaron en su creación y aprobación del Decreto Ley 15/2021?
- ¿Los responsables políticos deberían responder con sus bienes cuando cometen infracciones contra la administración pública?
“No todo lo que quiero puedo, no todo lo que puedo debo, ni todo lo que debo quiero. Habrá paz de espíritu, cuando aquello que se quiere es al mismo tiempo lo que se puede y se debe”.
