El experto ha declarado que se trata de una ley propia de una dictadura en muchos aspectos.
El gobierno social-comunista de Pedro Sánchez acaba de recibir un palo judicial ya que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el primer estado de alarma ya que para poder vulnerar las libertades fundamentales es necesario un estado de excepción, cosa que resultaba molesta para el ejecutivo ya que de esa forma habría hecho falta un mayor control parlamentario pero, ¿Qué pasa si el ejecutivo incumple la constitución? Para responder a esta pregunta ha estado en los micrófonos de ‘esRadio Almería’ el abogado Juan José Padilla.
Sobre este primer asunto se le ha preguntado al abogado sobre qué supone esta decisión del constitucional. Juan José Padilla ha respondido que la ley se anula desde su origen con efectos retrospectivos. El estado de alarma ha «tumbado» el artículo 7 de la Constitución, «Todas las personas que han podido estar sancionadas por haber estado circulando en horas que el gobierno te decía que estuvieses en casa sean directamente nulas», explica Padilla quien añade que algunos juzgados ya están echando para atrás algunas multas.
Sobre la responsabilidad judicial que se le puede pedir al gobierno de Pedro Sánchez, Padilla ha respondido que: «Si vas por la vía penal, al final el Tribunal Constitucional vela porque el Gobierno en sus funciones no avale una ley que sea anticonstitucional y viole los derechos de la ciudadanía». Al parecer, lo que le va a suponer al Gobierno, es que los ciudadanos puedan pedir una compensación económica al estado y al final «nos cueste dinero a todos».
El último asunto en comentar con el abogado Juan José Padilla ha sido la dudosa legalidad de la ‘Ley de Memoria Democrática’. La impresión de Padilla sobre el encaje de esta ley con la Constitución se ha traducido en las siguientes declaraciones: «Se avecina una batalla jurídica». Padilla piensa que se intenta asimilar esta ley a la de injurias a la Corona y añade que lo más doloroso es el intento del ejecutivo de vulnerar la libertad de reunión ilegalizando fundaciones.
