Según recoge Noticiasdealmeria.com, la Diputación reclamó una indemnización que investiga la UCO por suministro de mascarillas.
La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ha costado el cargo al vicepresidente tercero de la Diputación de Almería, Óscar Liria, al ser investigado en el marco de la Operación Lúa, está relacionada con la compra de material higiénico-sanitario para su reparto en el conjunto de la provincia a principios de la pandemia. El presidente de la institución, Javier A. Garcia anunció que le relevaba de sus cargos tras confirmarse la detención. con el fin -señaló- de que pudiese dedicar tiempo a su defensa.
Se da la circunstancia de que la actuación de la Guardia Civil ha tenido lugar después de que el pasado día 7 de junio, la directora general de la Benemérita, María Gámez, visitaba la provincia y mantenía encuentros con los responsables del Cuerpo en la Comandancia de Almería, e incluso con el presidente de la Diputación, Javier A. García. Esta visita no tenía más justificación que ella misma, es decir, que no hubo inauguraciones, ni anuncio de inversiones, ni nada de nada, por lo que no es descabellado pensar que este asunto estaba en marcha y tenía que ver su agenda oculta almeriense.
Según un comunicado de la Guardia Civil, la investigación se inició a principios del año 2020, cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una organización criminal afincada en Cataluña y dedicada al tráfico de drogas, «a la cual está vinculado un empresario residente en Barcelona, que sería el beneficiario de las adjudicaciones investigadas». La operación se ha extendido por Barcelona, Gerona, Murcia, Almería y Palma de Mallorca.
La operación está previsto que se desarrolle los días 15 y 16 de junio por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, bajo la dirección y coordinación del Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona, junto con la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, y ha producido 11 detenciones iniciales.
La fecha del inicio de actuaciones es importante, ya que la Diputación no comienza a tramitar todo el expediente para comprar mascarillas hasta el mes de abril de ese año, es decir, cuando la mercantil ya estaba bajo la lupa de la UCO por el tema de las drogas, pero era algo secreto y que por tanto no podía ser conocido por la institución almeriense.
COMPRA DE MASCARILLAS
Por otro lado Noticias de Almería ha podido conocer que la Diputación reclamó una indemnización a la empresa que suministró el material, porque no lo entregó todo, y una pequeña parte del que llegó, no estaba en buen estado. Esto tiene su reflejó en documentos que demuestran que la institución no estaba dispuesta a perder ni un céntimo de lo abonado por adelantado, que como se recoge en el pliego de adjudicación, era la única manera en aquellas fechas de conseguir el material, tal y como se detalla: «El abono del contrato se realizará mediante pago por anticipado, y dispensa de garantías al amparo de lo previsto en el apartado 2) y último párrafo del apartado 4) de la disposición final segunda del Real Decreto Ley 9/2020, de 28 de marzo, dada la situación de escasez de suministro de estos bienes por empresas del territorio nacional, es cada vez más complicado, debiendo de acudirse a contratación con intermediarios, limitado a contactos previos, negociación multiempresarial y con fabricación mediante pedido previo abono. Escenario además al que están acudiendo el resto de las administraciones públicas del territorio.A lo anterior, debe añadirse que en estos casos el riesgo de quebranto que pudiera derivarse de estas operaciones será asumido por el presupuesto del Estado, según la citada disposición final segunda.»
Diputación, desde el área de Presidencia, Lucha contra la Despoblación y Turismo, pidió los informes correspondientes para la compra a empresas, y al tratarse de una adquisición por vía de urgencia dadas las circunstancias de pandemia en aquel momento, solicitó presupuesto a dos empresas que «presentan certificados CE de garantía y validación europea de los productos» para la compra de 500.000 mascarillas FFP2, 500.000 guantes de nitrilo, y 15.570 monos de protección, y fue adjudicado a Azor Corporate Iberica SL, radicada en Barcelona,
El precio pactado con esta empresa era de 1.999.886,24 euros, traería hasta el mismo Aeropuerto de Almería el material, por lo que se incluía en el importe el vuelo chárter correspondiente, siendo la oferta del otro empresario superior en un millón de euros, aunque en ambos casos se añade 36.300 euros (IVA incluido) para “gestión del contrato y gastos financieros”.
Hay que recordar el desabastecimiento generalizado de estos productos en España, hasta el punto de que el Gobierno de Pedro Sánchez se incautó de la producción de una empresa andaluza que trabajaba para el SAS; dejando así sin material a los hospitales andaluces. También hay que recordar que el Gobierno cerró el Portal de Transparencia para no dar cuenta de las adjudicaciones, pero sí se conocieron algunas por medio del BOE, y se compró a mercantiles sin sede social, o sin CIF, a algunas con apenas semanas de vida…
RECLAMACIÓN
El hecho es que la empresa entregó 10.570 monos en vez de los 15.570 acordados por escrito, y por otro lado, la Diputación también le reclamó la entrega de 1.170 batas de protección médica desechable (1.160 llegaron en mal estado y estaban pendientes de sustitución pero no llegaron, y además faltaban 10 que nunca lo hicieron).
El caso es que la Diputación exigió una indemnización a la mercantil catalana de 38.961 euros, ya que el dinero había sido adelantado, por lo que tras establecer los servicios provinciales la cuantía indemnizadoria, el asunto se llevó al Consejo Consultivo de Andalucía, que tras examinar el caso, dio la razón a la Diputación en todos sus términos.
Entre los detalles que sorprenden de la investigación que está teniendo lugar, es la implicación de Oscar Liria, porque en principio ni tan si quiera participó en la contratación de esta compra al no ser de su área.
Si estaba detenido o no el martes, fue un asunto complicado de saber, ya que más allá del rumor que a primera hora comenzó a rondar en Diputación tras aparecer discretamente el personal de la UCO, antes de las ocho de la mañana, el primer impacto oficial fue el titular de agencia que hablaba de la detención del propio presidente de la institución, lo que nunca ocurrió, y luego ya sí la del arresto de Liria. Mientras de la Guardia Civil se admitía la detención del vicepresidente, desde la Diputación se negaba este hecho.
A última hora de la tarde, el presidente destituía de sus responsabilidades a Liria, a quien mantiene como diputado, pero le libera para que se dedique a gestionar su defensa.
EUROPOL
Cuenta esta operación también con el apoyo de EUROPOL para llevar a cabo una veintena de registros domiciliarios y de sedes sociales, así como diferentes requerimientos de información a sociedades relacionadas con la investigación.
Los agentes están bloqueando e interviniendo diferentes productos bancarios y bienes muebles e inmuebles dentro de un amplio despliegue requerido para la operación policial, bautizada como ‘operación Lúa’. Además de la UCO hay efectivos de Seguridad Ciudadana, Servicio Cinológico, Agrupación de Reserva y Seguridad, y de Policía Judicial, pertenecientes a las Comandancias de la Guardia Civil afectadas.
Asimismo se cuenta con la colaboración del Grupo Anticorrupción del Centro Europeo de Delitos Económicos y Financieros de EUROPOL, que ha desplazado una oficina móvil y medios técnicos para prestar su apoyo durante el transcurso de las actuaciones.
