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El expediente del material sanitario encargado por Óscar Liria para la Diputación está «impoluto», según fuentes cercanas al caso

El expediente del material sanitario encargado por Óscar Liria

El diputado provincial prestará hoy declaración ante el titular del Juzgado Número 8 de Barcelona y la investigación se centra en otras conexiones, presuntamente delictivas, de la empresa adjudicataria.

El expediente del material sanitario encargado por Óscar Liria para la Diputación está «impoluto», según fuentes cercanas al caso.

El diputado provincial Óscar Liria, que ayer fue relevado de todos sus cargos por la institución provincial, en tanto en cuanto se aclara su implicación en la Operación Lúa, tiene previsto prestar hoy declaración ante el titular del Juzgado Número 8 de Barcelona, previsiblemente de manera presencial en la ciudad condal.

La investigación se centra en una contratación de material sanitario y de protección contra el Covid 19 efectuado el pasado año por la Diputación y fuentes próximas al caso han confirmado a www.esradioalmeria.com que el expediente administrativo de dicha contratación está «impoluto» y conforme al procedimiento, incluyendo incluso la petición de presupuestos a varias empresas y la adjudicación a la propuesta más económica.

Sin embargo, la investigación se centra en las conexiones con otro tipo de delitos de la empresa adjudicataria y en posibles defectos en la contratación, aunque por el momento no se tiene conocimiento público de cuáles son esas posibles deficiencias.

En todo caso, lo que sí ha podido constatar este medio de comunicación es que, en caso de tratarse de derivaciones por otros delitos ajenos a la contratación en sí, la investigación debería haber abierto una pieza diferente o separada con respecto a la causa principal; algo que de momento no se ha hecho.

También se están manejando informaciones respecto de que la empresa adjudicataria tuviera su sede principal en Fines, el municipio en el que Liria es concejal, aunque ello obviamente no supondría en ningún caso un ilícito administrativo ni mucho menos penal. Hay que recordar el momento de máxima necesidad de este tipo de productos (mascarillas, guantes de protección, pantallas, etc) que se vivía en el momento de la contratación, justo en los inicios de la pandemia el pasado año.

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