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El macrojuicio de Poniente entra en su tramo final con conclusiones e informes

La acusación del Ministerio Público indica que el saqueo de las arcas públicas se realizó «orquestando la creación» de una red de sociedades que se dedicaban a «subcontratar» con la empresa mixta Elsur con «una doble finalidad: engordar artificialmente el canon anual que tenía que recibir como contraprestación por parte del Ayuntamiento, y, por otra, aumentar más sus ingresos defraudando a la Hacienda Pública».

El macrojuicio del caso ‘Poniente’ por una presunta trama de corrupción política y empresarial en torno al Ayuntamiento de El Ejido (Almería) entre los años 2002 y 2009 entra este viernes en su tramo final con las conclusiones e informes de la treintena de partes personadas.

El trámite está previsto de comienzo con la Fiscalía Anticorrupción y el tribunal de la Sección Tercera que preside la magistrada Társila Martínez ha acordado no acotar los tiempos de los que goce cada una de las partes para su intervención.

La pericial concluyó hace una semana y la documental, en la que se incluyen en una veintena de tomos del sumario y que fueron los primeros sobre los que se alzó el secreto de actuaciones, se dio por reproducida.

La vista oral que se está celebrando en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce, que se ha habilitado ‘ex profeso’ con una inversión de 44.000 euros para cumplir las medidas sanitarias de prevención del covid-19, acumula ya 35 sesiones.

Los interrogatorios de los acusados, entre ellos el exalcalde de El Ejido, Juan Enciso, dieron comienzo el pasado 16 de febrero tras más de un año de continuos aplazamientos debido primero al estado de alarma y confinamiento, y después a casos de covid entre los intervinientes.

Tras la comparecencia de varios testigos protegidos, de los que uno de cargo de las acusaciones alegó «problemas de memoria» para no declarar ante el tribunal, llegó el extenso turno el pasado 21 de abril de los los peritos de la Agencia Tributaria.

El inspector de la Agencia Tributaria que capitaneó el grupo de técnicos que realizó la decena de informes que constituyen buena parte de la base de la acusación dijo en sala que ni el consejo de administración de Elsur ni el ex alcalde Juan Enciso ni el exinterventor municipal José Alemán «velaron por los intereses públicos» de El Ejido sino que lo hicieron por «sus intereses particulares y familiares», dejando al ayuntamiento en «una situación muy lamentable de quiebra».

Añadieron que la facturación «falsa» detectada en las empresas que conformaban los grupos subcontratistas de la empresa mixta «ocultaba un superbeneficio».

Los peritos de Hacienda aseguraron, asimismo, que que el ex interventor municipal cobró comisiones» con su «sociedad pantalla» por importe de 7,5 millones de euros entre 2002 y 2009 de las empresas que contrataban con el ayuntamiento y Elsur «por ser quien era» y que los destinó, entre otros, a gastos propios «de una vida de lujo».

Mientras, indicaron que no detectaron un aumento de patrimonio «injustificado» en el exalcalde Juan Enciso de 2002 y 2009, aunque sí afirmaron que habría recibido «favores y ventajas» tanto para «sí, como para familiares o para sus sociedades» por parte de las empresas que contrataban bien con el Ayuntamiento bien con la empresa mixta.

Han transcurrido casi once años y medio después de que la mayor operación policial y judicial contra la corrupción en Almería explotase con la intervención del Ayuntamiento de El Ejido y la detención de una veintena de políticos y empresarios.

La acusación del Ministerio Público indica que el saqueo de las arcas públicas se realizó «orquestando la creación» de una red de sociedades que se dedicaban a «subcontratar» con la empresa mixta Elsur con «una doble finalidad: engordar artificialmente el canon anual que tenía que recibir como contraprestación por parte del Ayuntamiento, y, por otra, aumentar más sus ingresos defraudando a la Hacienda Pública».

La Fiscalía Anticorrupción sitúa en el epicentro de la presunta trama para «aprovechamiento ilícito» al grupo empresarial Abengoa como socio privado de Elsur y le acusa de haberse apoderado de poco más de 31 millones de euros con «sobrefacturación», todo ello, según remarca, «con la connivencia» del exalcalde y del exinterventor municipal.

Sostiene que la cantidad detraída de las arcas públicas entre los años 2002 y 2009 por parte de esta «infraestructura de personas que se dedican a realizar actividades mercantiles, a través de un elevado número de sociedades, a unos precios desorbitados» con la presunta «connivencia y participación» del socio privado y los responsables municipales ascendería a casi 71,5 millones de euros.

En concreto, cuantifica el perjuicio causado por el Grupo Abengoa al ayuntamiento ejidense en 31 millones de euros; en 24,6 millones de euros el ocasionado por el Grupo Amate; y en 15,6 el de las subcontratas del denominado Grupo Galán.

PRESCRIPCIÓN PARCIAL DE LOS DELITOS FISCALES

Tras el trámite de cuestiones previas en 2019, el Ministerio Público retiró la acusación por los delitos contra la Hacienda Pública en los periodos impositivos entre los años 2002 y 2005 al considerar que habrían prescrito y acordó rebajar las penas de prisión, en algunos casos en más de la mitad, que solicitaba para los principales acusados.

Estimó parcialmente «por justificadas» las alegaciones realizadas por las defensas, mantuvo, no obstante, los delitos fiscales que imputa respecto a los ejercicios entre 2006 y 2009 ya que señaló que la prescripción quedaría «interrumpida» por una providencia del juzgado instructor de 2011 por la que las «partes tuvieron suficiente información» como para «pensar que la investigación también iba dirigida contra ellos también por delito fiscal».

Tras las modificaciones introducidas en su escrito de calificación provisional y desgranadas en sala, el exalcalde de El Ejido Juan Enciso, y el ex interventor municipal José Alemán se enfrentarían a penas que suman 40 años de cárcel frente a los 64 años de prisión solicitados inicialmente al tiempo que ven rebajada la cuantía de las multas de 49 a 23,2 millones de euros.

En total, se les atribuye la presunta comisión de malversación de caudales públicos en concurso con un delito de falsedad continuada en documento mercantil, ocho delitos contra la Hacienda Pública en calidad de cooperadores necesarios, un delito de cohecho pasivo propio continuado y un delito de prevaricación continuada.

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