El portavoz del Ayuntamiento ha destacado en #esLaMañanaDeElEjido que los desalojos se realizan “siempre respaldados por las autoridades judiciales y por la garantía que sea la Policía la que se encarga de hacerla”.
La lucha contra la ocupación ilegal ha sido tratada este jueves en #esLaMañanaDeElEjido indicando Ángel Escobar, concejal y portavoz del equipo de Gobierno, que “muchas veces la gente habla que los pisos okupados son de bancos, pero la mayoría de los pisos que se okupan son de familias que llevan toda la vida trabajando y que han podido prosperar, han comprado otra vivienda y la tienen como un recurso de ahorro para los estudios de su hijo, el futuro de su familia… y cuando se la encuentran okupada, es una situación dantesca”.
Así, “para el Ayuntamiento de El Ejido es una prioridad evitar esta situación, y se puede hacer porque no es complicado, hay que implicarse, nosotros trabajamos identificando a los moradores, colaborando con las empresas que así nos lo piden, evitando los cortes ilegales con esos enganches de agua, de luz y, sobre todo abriendo el expediente por la insalubridad que, por desgracia, viene aparejada prácticamente siempre con la ocupación de esa vivienda, porque son personas que no solo se meten a okupar esa vivienda, sino que la destrozan”.
Escobar ha añadido que “con los Servicios Sociales trabajamos para intentar buscar una solución, pero es verdad que somos muy duros”, habiendo que “felicitar a la Policía Local y a los técnicos del Área de Urbanismo y los servicios jurídicos del Ayuntamiento por esa capacidad que tienen de orquestar estos expedientes, siempre con el visto bueno de las autoridades judiciales”.
Igualmente, “siempre con autorizaciones judiciales”, explicando que “el seguimiento es la identificación de las personas que allí hay, ver la situación de esas circunstancias de inhabitabilidad y de insalubridad que presentan las viviendas, cuando tienen enganches de agua, de luz y, a través de los Servicios Sociales, se procede a desokupar la vivienda, a poner puertas de seguridad en colaboración con los propietarios que son los que asumen ese coste”.
Todo ello, “siempre respaldado por las autoridades judiciales y por la garantía que sea la Policía la que se encarga de hacerla. Es una cosa que se puede hacer, se debe hacer porque no podemos, en los municipios de Almería, que se dé esta circunstancia, que se está dando en toda España, pero es una realidad en nuestra provincia. No puede ser”.
