El eurodiputado del PP y portavoz de agricultura del Grupo Popular Europeo, ha advertido del efecto negativo que supone la modificación de las reglas de explotación aprobadas por el Gobierno de España.
El eurodiputado del PP y portavoz de agricultura del Grupo Popular Europeo, Juan Ignacio Zoido, ha advertido hoy del efecto negativo que supone la modificación de las reglas de explotación aprobadas por el Gobierno de Españapara el trasvase Tajo-Segura, que se ha hecho “en base a criterios más ideológicos que técnicos”.
Esta infraestructura “lleva 42 años generando riqueza compartida y vertebrando España” y por tanto su futuro “es una cuestión de supervivencia para todo el Levante español”, ha asegurado Zoido durante la primera Conferencia Europea StepbyWater sobre el valor del agua en Europa, en la que han participado también el Comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, VirginijusSinkevičius, y la ministra española para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Ante ellos, Zoido ha denunciado que la modificación que afecta al trasvase se ha realizado “en base a unos criterios más ideológicos que técnicos y por Real Decreto, sin consenso ni intento de diálogo, y ante el silencio atronador del Ministro de Agricultura”.
Zoido ha celebrado el acuerdo firmado recientemente por los presidentes de Andalucía y Murcia, los populares Juanma Moreno y Fernando López Miras, en defensa del trasvase y de los ciudadanos, que también ha apoyado el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón. También ha recordado que “tan claro es el agravio” planteado que incluso el presidente socialista de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado que presentará alegaciones contra el gobierno de Sánchez por la modificación propuesta.
“Hasta 2 millones y medio de españoles verán no sólo cómo se reduce la llegada de agua a sus provincias, sino también como aumenta la factura del agua cada mes”, ha advertido Zoido.
“El compromiso con la Agenda 2030 no se demuestra con un pin en la solapa, sino con hechos y políticas concretas”
El eurodiputado andaluz ha pedido al Gobierno de Sánchez que “si tanto defiende la Agenda 2030 es hora de demostrarlo y garantizar que el Levante pueda disfrutar de recursos hídricos sin discriminación, porque el compromiso no se demuestra con un pin en la solapa, sino con hechos y con políticas concretas.”.
En este sentido, Zoido ha recordado que el objetivo número 6 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas señala que es responsabilidad de los gobiernos “garantizar la disponibilidad de agua en cantidad y calidad suficiente para todas las personas”.
Zoidoha subrayado la necesidad de“seguir adaptándonos a las consecuencias del cambio climático, que supondrá un mayor estrés hídrico que afecta a la calidad de vida de las personas y a los sectores económicos”. Para ello, ha puesto el acento en el uso eficiente del agua y el ahorro y en una digitalización de todos los sectores afectados.
“El agua es y debe seguir siendo un fuente de prosperidad y de empleo para toda España, también para los millones de murcianos, almerienses o alicantinos cuyos empleos dependen del agua. No podemos dejar a ningún español ni europeo atrás”, ha asegurado.
Además, Zoidoha recordado que el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia sobre los fondos europeos impone a los países de la UE “la obligación de que una parte sustancial de los fondos se destine a cuestiones relacionadas con el medio ambiente, el cambio climático y la digitalización”, además de al sector agroalimentario, porque no se entiende que si este sector supone un 10% del PIB no se entiende que se le dedique un porcentaje de fondos muy inferior.
El eurodiputado popular ha concluido su intervención en esta conferencia asegurando que “que son muchos los retos a los que nos enfrentamos en materia de agua en España” y que “es necesario trabajar para que el agua siga siendo un recurso dinamizador de las zonas rurales y generador de empleo en todas las regiones de España, y en beneficio de todos los españoles: no podemos olvidar que no existe sostenibilidad medioambiental sin sostenibilidad económica y social”.
