Considera «no adecuado» plantear una modificación de las reglas de explotación en una fase tan avanzada de la planificación hidrológica, al tiempo que genera «inseguridad jurídica» para varios usuarios del trasvase.
El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del posicionamiento de la Junta de Andalucía por el que se rechaza la reducción del volumen de agua que ha planteado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en la reunión del Consejo Nacional del Agua que convocó el pasado 5 de marzo, al modificar la regla de explotación del trasvase Tajo-Segura.
La Junta de Andalucía considera «no adecuado» plantear una modificación de las reglas de explotación en una fase tan avanzada de la planificación hidrológica, al tiempo que genera «inseguridad jurídica» para varios usuarios del trasvase como la distribución de caudales entre regadío y abastecimiento, según ha indicado en una nota.
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible entiende que la principal consecuencia que acarrearía dicha modificación será la «disminución del aporte de agua que viene recibiendo el Levante almeriense» con el consiguiente «perjuicio» de la garantía hídrica para la zona, tanto para el abastecimiento humano como para el regadío por parte de un sector clave para la provincia de Almería y para Andalucía, en general, desde el punto de vista económico y social.
El trasvase Tajo-Segura permite un suministro de agua al Levante almeriense con un volumen máximo anual de 15 hectómetros cúbicos anuales para regadío y hasta nueve hectómetros cúbicos para abastecimiento, permitiendo atender el consumo de agua para unas 130.000 personas, así como para una superficie regada de 23.000 hectáreas en la provincia de Almería.
Según ha recordado el Ejecutivo andaluz, el Gobierno central ha presentado un borrador de Real Decreto que consta de un único punto, el relativo al Trasvase Tajo-Segura, en el que se modifica la regla de explotación del mismo, reduciendo el volumen a trasvasar en situación de nivel 2 –hasta ahora era cuando las existencias conjuntas de los embalses de Entrepeñas y Buendía sean inferiores a 1.300 hectómetros cúbicos–, desde los 38 hectómetros cúbicos al mes que se dan en la actualidad hasta los 27 hectómetros cúbicos al mes.
Esta modificación, según han incidido desde la Junta, también eleva el umbral de aportaciones acumuladas hasta los 1.400 hectómetros cúbicos en los embalses manchegos para decretar el nivel 2.
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha presentado un informe en el que se recoge este posicionamiento ante la convocatoria por parte del Ministerio de Transición Ecológica del Consejo Nacional del Agua en el que se abordará esta cuestión y se votará el informe preceptivo para cambiar las reglas de explotación de este trasvase, vigentes desde 2014. La Consejería ya emitió un voto particular desfavorable a la aprobación de dicho informe preceptivo.
Andalucía plantea incluso la paralización de esta modificación, al menos hasta que finalice el proceso de revisión del tercer ciclo de la planificación hidrológica de todas las demarcaciones hidrográficas implicadas (Tajo, Júcar, Segura y Cuencas Mediterráneas Andaluzas), que está prevista para principios de 2022.
