Francisco Góngora lamentó que, para él, no haya existido presunción de inocencia, y negó cualquier tipo de participación activa en los actos mercantiles de la sociedad en la que Enciso era uno de los socios.
El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha indicado este viernes en sala que no tuvo participación directa en ninguno de los actos realizados por Agrícola Euro Alpujarra SL de las que era socio junto a su padre, su hermano y un tercero y ha enmarcado su enjuiciamiento en «una venganza» del exregidor Juan Enciso, quien interpuso la denuncia a través de su partido, y «sus adlateres».
«Imagínense la situación de impotencia cuando te acusan de cosas que no has cometido, que no has cometido ninguna irregularidad; vamos ya por diez años de idas y venidas con recursos, y es verdad que estamos en un estado de derecho donde existe la presunción de inocencia, pero para mi de hecho no ha existido, por lo que solo espero que este calvario termine cuanto antes», ha dicho al final de su interrogatorio al tribunal.
Góngora, quien ha pedido «comprensión» por la «indignación» presente en algunas partes de su relato debido a que «han corrido ríos de tinta hablando de un pelotazo urbanístico como si yo me hubiera aprovechado de mi cargo de concejal desde 1999», ha dicho también, a preguntas de su defensa, que Enciso, cuyo equipo de gobierno «abandoné en 2005», me dijo en un despacho «quien se aparte de aquí, se tiene que ir de El Ejido«.
«Esa ha sido la forma de actuar desde entonces porque la denuncia llegó semanas antes de ser designado candidato por mi partido en 2011 y después de que, como supe más tarde, hubiesen puesto un funcionario en el ayuntamiento a investigarme a mi y a mi familia», ha apuntillado para añadir que en instrucción «quedó tremendamente claro» que no hubo pelotazo urbanístico aunque «sembraron la sombra de la duda».
Ya en sentido estrictamente jurídico y, a preguntas del fiscal, ha dicho que la sociedad en la que era socio y «administrador único» su hermano porque «él tuvo la idea de constituirla» no tenía actividad alguna, que «tuvo conocimiento» de la adquisición de la finca objeto del procedimiento, pero «no del modo de adquirirla» mediante un préstamo hipotecario, «ni del contrato privado, ni de la escritura pública».
«Cuando se hace no se me participa», ha afirmado para precisar que tampoco se le «informaba de cuándo se iban a girar cuotas del préstamo» o que «nunca se le ha convocado ni informado de las juntas generales» o ha participado «en las cuentas generales o en su aprobación».
Con respecto a la venta posterior de esa finca a la mercantil Murgi Edificaciones SL en 2004, ha dicho que «sí es verdad que se le trasladó la intención» de vender, que «le pareció bien», que no supo «precio» y que dio su «parecer» con respecto a los dos locales comerciales que se incluían en la operación por parte de Murgi Edificaciones SL «diciendo que hubiera preferido un piso».
«No se me hizo ningún caso y ya no sé más pormenores, no sé si recibí alguna cantidad para devolver a mi padre o fue esa cantidad directamente a su cuenta», ha trasladado Góngora, quien ha remarcado que nunca estuvo «en esos pormenores de la sociedad», ni se «interesó», ni se le «comunicaron» porque «los llevaba el administrador único».
«NO TENÍA UNA SITUACIÓN DE DESAHOGO COMO PARA APORTAR CANTIDADES SIGNIFICATIVAS»
Con anterioridad, ha afirmado que si aportó «algo» en la constitución de la sociedad –el fiscal indica que 6.000 euros– «fueron cantidades muy pequeñas» ya que «en el año 2000 vivía todavía con mis padres, me case en 2002, y no tenía una situación de desahogo para aportar cantidades significativas».
Durante el interrogatorio del Ministerio Público y de la Abogacía del Estado, que no acusa al actual regidor ejidense, se han vivido momentos de cierta tirantez, en especial, cuando el fiscal le ha interpelado por la «calificación urbanística del suelo».
En ese intercambio, en el Góngora le ha dicho al fiscal que «se estaba perdiendo» o que estaba «muy confundido y muy equivocado» o ha sido requerido por su abogado para que no contestase, ha remarcado que en 1998 «ya había un documento de avance» del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que calificaba la finca como «urbanizable para actividades económicas» y que este se hizo público «en edictos, en las principales cabeceras de medios de comunicación, en paneles informativos que se montaron en el patio de luces y con cientos de ejemplares que se publicaron».
«Dos años antes de la compra de la finca y hasta que ese PGOU se aprueba en 2002, se movió un viario y la finca salió perjudicada», ha enfatizado. Sobre la operación de compraventa en 2004 de esa finca, ha dicho que tuvo «entendido en su momento» que era un permuta «pero no puedo precisar más, porque al final, era pagar la hipoteca sobre la finca y quedaban dos locales de beneficio».
A preguntas de la Abogacía del Estado, ha subrayado que «siempre ha estado en su declaración pública de bienes, que nunca se ha ocultado», ha negado que como sostiene el PAL, que ejerce la acusación popular y a la que no ha contestado, los locales «estén alquilados ya que continúan en basto» y ha dicho que no se opuso a las operaciones realizadas por la sociedad familiar «porque no tenía conocimiento de ellas».
«Siempre he tenido presente que el beneficio de esa operación son los locales ya que aunque se hable mucho de pelotazos, al final ha ido a la quiebra porque al final no se construyó y los locales eran una expectativa pero ahora ni por un tercio interesarían a nadie», ha señalado para concluir que su interés «siempre ha sido el de aclararlo todo con luz y taquígrafos».
DECLARACIÓN DEL HERMANO
El primero de los cinco acusados en declarar ha sido el hermano del alcalde, quien ha definido la relación de ambos como «nunca buena» y en la actualidad «inexistente» ya que «no nos dirigimos la palabra» al tiempo que ha apuntado que «tenía confianza en él y por eso estaba despreocupado del asunto».
J.G.G.C., administrador único de la mercantil familiar, ha indicado que fue «su padre» el que puso el dinero del alcalde «inicialmente para la compra», que los vendedores «conocían» cuál era la calificación del suelo «previamente aprobada» y ha remarcado que su hermano «nunca intervino» en las actuaciones de Agrícola Euro Alpujarra SL.
Ha trasladado ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería que «no hubo ninguna junta general» aunque «comentaba por teléfono la información» y que las cuestiones fiscales de la sociedad las hacía él.
Antes del comienzo del interrogatorio de los acusados, el tribunal ha resuelto desestimar la expulsión del PAL, partido fundando por Juan Enciso, del procedimiento tal y como planteó en las cuestiones previas el abogado del regidor, y lo mantiene como acusación popular. Cabe recordar que imputa también un presunto delito de blanqueo de capitales.
Francisco Góngora está acusado de «causar» presuntamente «un perjuicio económico» a la Hacienda Pública «alterando» la base imponible del impuesto de sociedad que gravaba la operación de compraventa en 2004 de una finca por una sociedad que constituyó con su padre, su hermano y un tercer socio. Se enfrenta junto a ellos a una petición fiscal de cuatro años de prisión y multa de 1,2 millones de euros por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental.
