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Más de una semana después del incendio de Atochares, el Ayuntamiento de Níjar sigue sin reaccionar ante las personas que fueron desalojadas

Más de una semana después del incendio de Atochares, el Ayuntamiento de Níjar sigue sin reaccionar ante las personas que siguen desalojadas
Las 230 personas que se quedaron sin casa el pasado 13 de febrero, reciben ayuda por parte de las ONG y otras entidades que actúan en la zona, sin embargo, las administraciones no han reaccionado aún ante este asunto.

Ha pasado más de una semana desde el incendio del asentamiento de trabajadores de Atochares, en el municipio de Níjar. Los días han sido largos y la intensidad y la desolación sigue en el ambiente. Han sido muchas las organizaciones, tanto del tercer sector como de la Iglesia, las implicadas en ayudar con recursos propios y donaciones de la ciudadanía a estas personas para empezar a levantar sus ánimos y reconstruir, por lo menos en parte, lo que les arrebató el fuego del incendio. Son éstas las que continúan acompañando y escuchando las preocupaciones de los que perdieron todo el pasado sábado.

A nivel material, han proporcionado ropa de abrigo, zapatos, comida…, mientras que ahora se espera una donación de bicicletas para que puedan desplazarse a sus lugares de trabajo, y colchones para tener donde dormir. Este es el resultado del trabajo de preguntar, escuchar activamente y entender cuáles son las necesidades urgentes para despertar la solidaridad que el grito de las personas afectadas demanda. Un trabajo que, desafortunadamente, ha sido descuidado por parte de las administraciones locales, autonómicas y estatales puesto que las 230 personas que perdieron su casa y pertenencias la noche del incendio, siguen sin ser realojadas.

Ahora todo vuelve a construirse gracias a la predisposición y a la voluntad de los asistentes y los mismos afectados por la desventura, pero el problema persistirá, por mucho que vuelvan a levantar sus hogares. Los habitantes de Atochares y de otros tantos asentamientos, siguen relegados a vivir en las periferias, en poblados de infraviviendas y hacinados con las consecuencias que este aislamiento conlleva, sumado a la tensión que aflora en situaciones extremas como la que están viviendo. Hay impotencia, angustia y hostilidad por cuestiones tan básicas como disponer de agua.

Las instituciones de Iglesia, siguen insistiendo en la necesidad de que administraciones, ONGs y el tejido empresarial del sector agrícola almeriense, realicen un trabajo conjunto con un objetivo común, que respalde una propuesta eficaz para responder ante la situación de los trabajadores y trabajadoras del campo. Los agentes que intervienen en este ámbito son un puente entre las personas damnificadas, la administración y la sociedad, pero requieren de las herramientas y los recursos que tienen los representantes políticos para la erradicación de los asentamientos. Por eso exigen que en su agenda política se contemple resolver la problemática de la vivienda digna para estas personas que habitan en nuestros pueblos y ciudades.

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