La Asociación de Defensa de las Emisoras Locales de Andalucía (ADELA) recrimina en un escrito que el Sindicato de Periodistas no trata de velar por la pluralidad informativa si no que se pone de parte de la concentración de licencias radiofónicas que el Gobierno Socialista de la Junta de Andalucía perpetró y que tanta crítica ha recibido desde Europa.
La Asociación de Defensa de Emisoras Locales de Andalucía (ADELA) ha publicado este mes de febrero un escrito en respuesta al Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) en el que rebate que la actual Ley 10/2018 de 9 de Octubre no haya conseguido su propósito. Para el SPA, la ley Audiovisual de Andalucía debería hundir inconstitucionalmente a través de la asfixia económica a las emisoras radiofónica pendientes de regulación, que no «piratas», como desde el sindicato con absoluto desprecio y de forma insultante y reiterada mencionan en su escrito “Día Mundial de la Radio: Nada que celebrar”.
Un sindicato de prensa como el SPA debería velar por el artículo 20 de la Constitución (Libertad de Expresión y Prensa) pero desde el ADELA se denuncia estar poniendo intereses personales por encima. Desde la Asociación de Defensa de las Emisoras Locales de Andalucía se pregunta si el Sindicato de Prensa desconoce que varios importantes informes de Catedráticos de Universidades Andaluzas han demostrado que durante los cuarenta años de gobierno socialista en Andalucía, no solo se privó a las pequeñas y medianas emisoras de participar en los concursos para adjudicar el espectro radiofónico, si no que dichos concursos fueron amañados y adjudicados ilegalmente a cadenas afines a ellos y sus intereses políticos. También se preguntan si el SPA desconoce que es un hecho demostrable que Canal Sur Radio cuenta en Andalucía con más de cien emisoras sin «título habilitante» (según fuente Ministerial), no pudiendo ser excusa el que pertenezcan a un ente público.
Todo ello fue obra del anterior ejecutivo andaluz según el escrito de la ADELA, que también se pregunta por qué desde el SPA han omitido que el Informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, de 12 de abril de 2018, del Parlamento Europeo pone de manifiesto la ilegal acumulación de medios que se produce en España y, por si fuera poco, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha pedido a España en reiteradas ocasiones que explique el por qué excluye a medios alternativos del reparto de licencias audiovisuales. Otros de los puntos que el Sindicato de Periodistas se ha olvidado de nombrar en su escrito es que el mismo asunto se pone de manifiesto en el último informe del «Media Pluralism Monitor» el Centro Europeo para el pluralismo informativo y la libertad de prensa, realizado en 2016.
El ADELA explica que a pesar de todas estas circunstancias, se proclamó la referida Ley Audiovisual de Andalucía con la intención de no arreglar la situación ya que dicha ley no recoge ninguna solución sino que perpetúa toda esta «auténtica barbarie dentro de un supuesto sistema democrático». Desde el ADELA se pide que la Ley sea completamente revisada y adaptada al marco constitucional para resolver todos estos problemas que desde Europa también se ponen de manifiesto y que son una lacra para los profesionales de la información en Andalucía.
Por ultimo, desde la Asociación de Defensa de las Emisoras Locales Andaluzas se acusa al Sindicato de Periodistas de tener intereses en las irregularidades con las que se han repartido las licencias radiofónicas y defienden que eso que llaman «decretazo» por parte de la Junta de Andalucía intenta constitucionalizar una Ley flagrantemente inconstitucional, a la vez que ofrecer salida a una más que preocupante deficitaria situación económica provocada por la pandemia.
