El secretario de Estado de Memoria Democrática frena el intento de un ciudadano de conocer más detalles sobre un estudio encargado por Rodríguez Zapatero a cargo de las arcas públicas.
Fernando Martínez López, secretario de Estado de Memoria Democrática del Gobierno de Pedro Sánchez, ha trasladado, según apunta OK Diario, unas duras alegaciones a un particular que, mediante la Ley de Transparencia, pedía consultar los trabajos que coordinó en la Universidad de Almería y que costaron 70.000 euros públicos en subvenciones sobre memoria histórica otorgadas por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011.
En dichas alegaciones firmadas el pasado lunes 2 de noviembre en Almería, el alto cargo ministerial pone numerosas pegas a que esos estudios universitarios sobre memoria histórica se puedan analizar. En lugar de poner una alfombra roja a la transparencia, el alto cargo del Gobierno ataca al ciudadano anónimo que se interesaba por sus trabajos sufragados con las arcas públicas.
«No puede ignorarse, al focalizarse la solicitud en el concepto de Memoria Histórica, que en el actual clima político y mediático emerge un debate promovido por sectores de corte negacionista y totalitario sobre estas cuestiones, que buscan señalar y poner en el punto de mira a los que
consideran adversarios ideológicos», lanza Martínez.
El que fuese alcalde de Almería pide que «en ese sentido, habrá que tener en cuenta y ponderar la consideración y cualificación como datos especialmente protegidos los que se solicitan, ya que el tratamiento de datos personales que revelen, entre otros aspectos, opiniones políticas queda prohibido». En lugar de reconocer que la Ley de Transparencia recoge expresamente que se deben difundir los trabajos subvencionados con dinero público, este alto cargo de la Vicepresidencia de Carmen Calvo apela a normas internas de la universidad. «Habrá que estar a lo que dispongan en cuanto a su publicidad y accesibilidad la normativa de aplicación en materia de trabajos de investigación y transferencia de resultados», advierte.
Así, el también dirigente del PSOE señala: «Por las razones expuestas, debe constar mi derecho de oposición a que los datos personales que me conciernen sean objeto de comunicación alguna en relación con subvenciones en las que la Universidad de Almería haya resultado beneficiaria para la realización de proyectos de investigación, ni que se me vincule de ninguna forma, directa o indirecta, explícita o implícita, con la obtención o percibo de subvenciones de las que no he sido beneficiario».
El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Almería insiste una y otra vez en sus alegaciones que él no se ha embolsado los 70.000 euros de las arcas nacionales. «No he sido beneficiario de subvención alguna en los proyectos de investigación en los que haya participado en el ámbito de la Universidad de Almería, pues la beneficiaria de las subvenciones habría sido la propia Universidad de Almería», subraya.
Fernando Martínez López insiste en que «cualquier vinculación de mi persona a título particular con subvenciones concedidas a la Universidad de Almería incurre en una utilización torticera, cualesquiera que fuesen sus motivaciones».
«La Universidad de Almería, en la atención de sus obligaciones respecto de la Ley de Transparencia, no puede amparar ese uso torticero y debe sin duda evitarlo, garantizando con pulcritud el tratamiento de mis datos personales como ex empleado público de esa Universidad», zanja el alto cargo del Ejecutivo.
