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El PP almeriense se une al manifiesto contra le Ley Celaá

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Rafael Hernando, Luis Rogelio Rodríguez y Miguel Ángel Castellón se unen contra esta ley a la que califican de “injusta” y afirman que reduce la calidad del sistema educativo.

Los senadores del PP de Almería Rafael Hernando y Luis Rogelio Rodríguez y el diputado nacional Miguel Ángel Castellón  han firmado hoy contra la Ley Celaá, una Ley que han calificado de “injusta” y contra la que el PP ya ha anunciado que emprenderá todas las acciones necesarias para pararla, ya que además se ha aprobado sin consenso y sin ni siquiera diálogo, tramitándose a toda prisa, a espaldas de la comunidad educativa.

Según explican la LOMLOE, aprobada por el Gobierno de Sánchez, reduce la calidad de nuestro sistema educativo bajando el nivel al permitir que los alumnos se saquen el título de Bachillerato teniendo suspensos, lo que supone un enorme desprecio tanto al esfuerzo del alumnado como al trabajo del profesorado.

Además, reduce la capacidad de las familias para elegir en libertad el tipo de educación que quieren para sus hijos, un derecho que se reconoce en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que tanto la Constitución Española como el Estatuto de Autonomía para Andalucía obligan a los poderes públicos a garantizar.

“Los padres tenemos derecho a elegir el tipo de educación que queremos para nuestros hijos, y para poder elegir es necesario que existan distintas opciones que tienen que estar financiadas por el Estado, porque si no, las familias con menos recursos no pueden elegir en igualdad de condiciones”, señalan.


Para los parlamentarios nacionales del PP de Almería atacar a la enseñanza concertada es atacar a las más de 330.000 familias que en Andalucía optan libremente por este modelo, y es atacar a los más de 20.000 trabajadores que desempeñan su labor en estos casi 2.000 centros.


Por su parte, los parlamentarios populares afirman que la Ley Celaá es una ley “injusta” que pretende acabar con los centros de educación especial, por ello el PP  exige que se garantice expresamente el derecho que asiste a las familias con hijos con necesidades educativas especiales a decidir si escolarizarlos en aulas ordinarias, en aulas específicas dentro de los centros ordinarios, o en centros específicos de educación especial.

“No vamos a permitir los ataques del Gobierno a la educación especial. Los padres tienen derecho a decidir a qué centro quieren llevar a sus hijos y lo que pretende la Ley Celaá es derivar sistemáticamente a este alumnado a los centros ordinarios”, explican.

Por último, los senadores y el diputado nacional critican que la Ley Celaá elimine conceptos como lengua vehicular, lo que además de suponer una clara cesión a los nacionalistas, atenta contra el artículo 3.1 de nuestra constitución, que establece que “el castellano es la lengua española oficial del Estado” y que “todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”.

“Es lamentable que el Gobierno de Sánchez haya entregado la educación de nuestros hijos a los independentistas solo para sacar adelante los Presupuestos de 2021 y seguir en el poder. Eso es lo que verdaderamente busca Sánchez, mantenerse en el sillón a costa de lo que sea”, concluyen.

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