El delegado, Antonio Jiménez, ha recalcado la importancia del fomento de las políticas de protección de la infancia para la Junta de Andalucía.
El delegado territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, Antonio Jiménez, ha repartido esta semana entre los dos Centros de Protección de Menores de Almería (Indalo y Piedras Redondas) un total de 46 tablets, donadas por UNICEF para que los niños y niñas puedan continuar con sus estudios. Mediante esta iniciativa se pretende disminuir la brecha digital que afecta a uno de los colectivos de mayor riesgo, como es el de los niños que viven en los centros de protección.
Jiménez ha querido agradecer a UNICEF esta donación y ha destacado que “la colaboración entre todas las instituciones y la implicación de toda la sociedad es fundamental para poder salir de la crisis social derivada de la pandemia sin dejar a nadie atrás”. En este sentido, ha resaltado el diálogo y trabajo constante que ha habido entre la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y UNICEF desde que se decretó la alerta sanitaria “siempre pensando en iniciativas para proteger a la población más vulnerable, como en este caso son los niños y niñas de los centros de protección de menores”.
Asimismo, el delegado ha recordado la labor tan importante que se está haciendo para modificar la normativa andaluza de la Renta Mínima de Inserción Social tras la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, con el objetivo fundamental de aumentar la protección a la infancia. “Complementaremos la prestación estatal para hacer más intensiva su cobertura a las familias con hijas e hijos menores de edad, sobre todo a las monoparentales, ya que tienen que afrontar los mismos gastos de crianza con menos recursos”.
Más ayudas a las familias
Antonio Jiménez, ha recordado que esta es solo una iniciativa más del paquete de medidas puesto en marcha por la Consejería de Igualdad, que ha movilizado en la provincia de Almería un total de 40,7 millones de euros para paliar la crisis social provocada por la pandemia del coronavirus. Así, en lo referente a ayudas familiares, se ha aplicado un primer Plan de Emergencia Social frente al Covid-19 que ha supuesto una inversión en la provincia de 8 millones de euros en medidas como el refuerzo de la Renta Mínima de Inserción Social, el programa extraordinario de la tarjeta monedero para la compra de bienes de primera necesidad, la ayuda al Banco de Alimentos, el aumento para las Ayudas Económicas Familiares y el adelanto del Fondo Social Extraordinario.
A esto se ha unido recientemente la publicación de la Orden para la distribución de 2,8 millones de euros entre las entidades locales almerienses para la financiación de los Servicios Sociales Comunitarios y la convocatoria de las subvenciones a entidades privadas y organizaciones sin ánimo de lucro por importe de 1,3 millones destinada a proyectos en el marco de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión y la Inclusión Social (Eracis).
Estas actuaciones han permitido que en junio se haya alcanzado en la nómina de la Renta Mínima en Almería la cifra de 1.634.775,15 euros, lo que supone un máximo histórico desde la implantación de esta prestación en el año 2018. En concreto, esta ayuda ha beneficiado en junio a 2.865 familias almerienses. También está previsto que la tarjeta monedero llegue a más de 3.000 familias en toda la provincia.
«En definitiva, todo un ingente conjunto de medidas con el fin de dar respuesta a una situación excepcional en un momento de emergencia sanitaria y social sin precedentes y que tienen una especial incidencia en las familias y, por tanto, en la infancia», ha apuntado el delegado.
Junto a ello, la Consejería de Igualdad ha constituido un grupo de trabajo con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias para aprobar una nueva orden del Servicio de Ayuda a Domicilio y ya se trabaja en la modificación de la normativa andaluza de la Renta Mínima de Inserción Social con el objetivo de aumentar la protección a la infancia, proteger a los menores extutelados y al resto de adolescentes en situación de exclusión social, así como atender al resto de colectivos vulnerables que ha quedado fuera del Ingreso Mínimo Vital del Estado.
