Juan Colomina advierte que “si esta ley, que se ha hecho desde el desconocimiento, se hace cumplir, será más fácil comprar en cualquier otro país” y Luis Miguel Fernández que “la modificación se ha hecho con precipitación”. El consejero delegado de Coexphal añade que “llevamos cuatro meses diciéndole al ministerio que esta ley es inaplicable. Todas las empresas que están vendiendo por debajo de costes, están en situación de ilegalidad y así no se puede funcionar en un país democrático”.
Coexphal califica la modificación de la Ley de Cadena Alimentaria como una herramienta que dejará “fuera de mercado” a agricultores y empresas
El consejero delegado de Coexphal, Juan Colomina, junto con el gerente de la organización, Luis Miguel Fernández, han comparecido esta mañana para analizar públicamente la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria y, en especial, la que se refiere a la prohibición de la venta por debajo de costes. Todo ello en una presentación en la que se ha lanzado el mensaje que #laleydelacadena es #laleydelacondena.
Colomina ha afirmado rotundamente que “estas modificaciones han venido a establecer un precio mínimo. No hay duda de que esto se ha hecho con la mejor intención y partiendo de las demandas del sector, pero las consecuencias que se derivan de cómo se han hecho las cosas son gravísimas y ponen al sector en una situación muy difícil”.
El consejero delegado de Coexphal ha indicado que “la Ley de la Cadenaha evolucionado hacia un precio mínimo y hay que aclarar por qué ello tiene trascendencia hoy, tras haberse publicado en febrero. La explicación es que la redacción de la modificación legal es bastante farragosa. Hemos querido ser prudentes y eso ha hecho que pasen muchos meses hasta que organizaciones como nosotros nos posicionemos de manera pública”.
Además, Colomina, ha explicado perfectamente el efecto de la modificación de la ley: “el comprador nunca se va a someter al riesgo de comprar por debajo de coste. Así, o bien comprará por encima de coste o bien obligará a quien le vende que en los documentos mercantiles aparezca una cláusula de exención de responsabilidad. Sin embargo, el efecto negativo sobre la competitividad del sector será el mismo: ningún agricultor puede vender por debajo de su coste de producción”, además de advertir que, “más allá de los términos de la ley, podemos ver a los socios de las cooperativas enfrentados a éstas, puesto que en cualquier caso pueden presentar reclamaciones por considerarse infra-pagados. Desde luego es más fácil comprar en cualquier otro país que no tenga esta ley. De esta manera, Marruecos quedaría con una ventaja de unos 20 céntimos por kilo sobre España, es decir, casi el 50% del precio”.
Del mismo modo, Colomina, que ha puesto dos ejemplos muy claros de cómo la aplicación de la ley dejará absolutamente “fuera del mercado” tanto a un agricultor medio como a cualquier cooperativa, ha advertido que “con esta ley nos hemos puesto un obstáculo a la competitividad, seguro que con la mejor intención del Ministerio y de las organizaciones que han apoyado esto, pero con gran desconocimiento de cómo funciona el mercado. Había gente que conoce cómo funciona el mercado, a quien se podría haber consultado, pero parece que no porque no se les ha consultado. Tenemos a gente sufriendo la ley desde febrero y cuando vengan las sanciones sabremos qué voluntad hay de aplicar esto o de hacer la vista gorda, porque si se aplica, nos cargamos el mercado y la producción española. No podemos aceptar que se aplique esta ley y todos quedemos fuera del mercado”. En definitiva, “el cliente internacional que compre a través de filiales españolas no asumirá este aumento de costes, cuando puede comprar el producto en cualquier otro país”.
Además, Colomina que “llevamos cuatro meses diciéndole al ministerio que esta ley es inaplicable. Todas las empresas que están vendiendo por debajo de costes, están en situación de ilegalidad y así no se puede funcionar en un país democrático. Mi opinión es que conozco personalmente a Luis Planas y a Fernando Miranda, a Camino Arroyo y los tres que he mencionado merecen todo mi respeto y los considero grandes profesionales y muy buenas personas. Yo creo que el problema aquí está en dos asuntos: por un lado, en el desconocimiento de la realidad, no de la teoría y, por otro, la interlocución a la que estos señores se han dirigido a la hora de negociar. Esa interlocución está en manos de las organizaciones profesionales agrarias, que son digamos la Iglesia. Entiendo que con la mejor intención, las organizaciones profesionales han dado el visto bueno a esta ley, aunque a la vista de los efectos perniciosos que puede tener la ley, nadie quiere ahora bajarse del burro, nadie quiere reconocer el tremendo error que se ha cometido. Detrás de todo esto hay algo más: la dificultad que tiene el intervenir en la formación de los precios, que es lo más delicado del mercado. Cuando tocas eso, que es la oferta y la demanda, estás trastocando la economía. Si el mecanismo no va acompañado de la intervención, te cargas el sector”.
Finalmente, el consejero delegado de Coexphal ha ofrecido la alternativa, “que hace más de 20 años que se viene proponiendo y no es nuestra, sino de Bruselas y todos los organismos: la alternativa son las organizaciones interprofesionales, que deben representar a todas las que representan a su vez a la cadena de valor, para negociar las condiciones en las que se desarrolla el trabajo sectorial”.
Por su parte, Luis Miguel Fernández ha afirmado que “esta modificación de la ley se ha hecho con precipitación y desde luego no explica a nadie cómo se hace eso de no vender por debajo de coste. Creemos que los agricultores ignoran el contenido y las consecuencias de esta modificación legal y a las empresas las coloca en una situación muy compleja”, además de añadir que “es una ley que funciona sólo para la venta en España, con lo cual, las compras hechas desde fuera de España no están afectadas, lo cual ha abierto la puerta a la utilización de empresas de fuera”.
