El próximo 8 de abril tendrá lugar el cambio de turno que actualmente está confinado con los usuarios para protegerlos del COVID-19.
El alcalde de Pechina, Juan Manuel López, ha enviado un escrito a la Subdelegación del Gobierno, Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y Delegación de Salud y Familia para que se realicen test rápidos a parte del personal de la residencia de mayores Cortijo Limonero.
López ha mostrado su indignación por la respuesta de la delegada provincial del gobierno andaluz Maribel Sánchez, quien afirmó recientemente que “la Junta de Andalucía no puede hacer test a personas que no presentan síntomas, siguiendo el procedimiento de actuación establecido por el Ministerio de Sanidad”.
El regidor pechinero considera “más que justificado la realización de dichas pruebas en esta situación tan excepcional”, y advierte que “los representantes de la Junta de Andalucía serán los únicos responsables como el coronavirus llegue a la residencia”. Juan Manuel López añade al respecto que “no servirán de nada las medidas preventivas que se han adoptado por el Ayuntamiento de Pechina y por la dirección de la residencia si la Junta no hace su trabajo”.
Confinadas
Seis trabajadoras del centro geriátrico permanecen confinadas con los treinta usuarios desde el pasado 24 de marzo con la finalidad de aislarse y minimizar el riesgo de contagios. Dicho confinamiento, realizado de manera voluntaria, finaliza el 8 de abril, fecha en la que está prevista la incorporación del resto del personal. Tanto el alcalde de Pechina, Juan Manuel López, como el representante de la empresa que gestiona la residencia, Paulo González, consideran esencial que el nuevo turno de auxiliares de enfermería “se hagan previamente el test y se reincorporen a su puesto de trabajo con la certeza de no estar contagiadas”.
El riesgo de propagación del COVID-19 es especialmente mayor entre tres de las profesionales, que también desempeñan su trabajo en otros hospitales de la provincia como Torrecárdenas y Poniente. El alcalde de Pechina espera que la Junta de Andalucía “rectifique su postura y lleve a cabo los test rápidos antes de la reincorporación del resto del personal”.
