El Juzgado de lo Penal 4 de Almería acoge este lunes la vista oral contra el exportavoz municipal del PSOE en Roquetas de Mar (Almería) Juan Fernando Ortega Paniagua por crear presuntamente un «entramado de empresas» para obtener fraudulentamente subvenciones de la Junta de Andalucía para cursos de formación.
El Ministerio Público pide para él penas que suman seis años de cárcel y acusa, asimismo, a su esposa, M.J.M.G., su hija M.O.M. y la administrativa de la mercantil Infosol SL, M.A.M.C., para las que interesa la misma condena.
A todos les atribuye la supuesta comisión de delitos de pertenencia a grupo criminal, continuado de falsedad documental y fraude de subvenciones, por lo que los cuatro se enfrentan, asimismo, al pago de multas de 469.507,50 y 3.600 euros y a la pérdida de la posibilidad de obtener ayudas públicas y el derecho de gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un periodo de cinco años.
El escrito de calificación provisional, consultado por Europa Press, indica que, en 2006, los cuatro procesados se habrían «concertado» para crear un «entramado» de empresas y obtener a través de las mismas diversas subvenciones que la Junta de Andalucía iba a otorgar para impartir cursos de formación.
El fiscal, quien les achaca un «intención de obtener un ilícito beneficio» y «conocimiento» de la «ilicitud» de las conductas que pensaban cometer, sostiene que, dentro de este supuesto «plan preestablecido», justificaron «falsamente» el gasto presupuestado de los cursos en diversas partidas, «utilizando –remarca– este entramado para ocultar el destino real del dinero».
Así, detalla el Ministerio Público que crearon, por un lado, la sociedad Academia Infosol presuntamente «ex profeso» para la obtención de subvenciones ya que «la totalidad de ingresos» percibidos «procedían» de dinero público. Cifra en 383.085 euros los obtenidos en subvenciones desde 2009.
La Academía Infosol SL habría registrado como gastos en tres años 24.757,62 euros que se imputaron supuestamente a otra empresa creada por los acusados en 2008, Orden Simétrico SLU, y otros 46.869,19 euros, también en tres años, que habrían «imputado» a la sociedad Ormar Informatic, también administrada en distintas etapas por alguno de los procesados.
El fiscal señala que, dentro de este supuesto «plan», en 2010 presentaron una solicitud para la obtención de una subvención que sería concedida al amparo de la Resolución de 10 de julio de 2010 por un importe de 158.502,50 euros.
