Después de década y media se conflictos entre el ente autonómico y el local, las arcas municipales se verán beneficiadas
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con sede en Granada, ha estimado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Berja contra una resolución de la Junta de Andalucía, dictada en 2017, que pretendía el reintegro de la subvención concedida para la construcción del espacio escénico de la localidad.
En diciembre de 2003 se formalizó el Convenio de Colaboración entre la Consejería de Cultura de la Junta, la Diputación Provincial de Almería y el consistorio virgitano para la financiación conjunta de las obras de construcción del Teatro Ciudad de Berja Miguel Salmerón, fijándose en él los plazos de un año para la adjudicación de la obra y seis para su terminación, comprometiéndose el ente autonómico en aportar el 37’5% del total del presupuesto.
La obra fue adjudicada en 2004 por parte del equipo de gobierno socialista de Berja a la empresa Climo Cubierta, vinculada a la familia del entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves. Entre 2004 y 2007, la Junta abonaría más de medio millón de euros al Ayuntamiento virgitano en concepto de la parte que le correspondía de financiación.
En 2006, los medios de comunicación destapan el escándalo de Climo Cubierta, que alcanza de lleno a dos hermanos de Chaves, dos sobrinos e incluso a la hija del entonces presidente, quedando acreditado en estas denuncias mediáticas que tras el nombramiento de Leonardo Chaves como alto cargo de la Junta, Climo Cubierta llegó a cuadruplicar su facturación.
Comenzaron ahí los problemas para la empresa, que después de la denuncia por corrupción acabó quebrando y, con ello, paralizándose las obras del teatro en 2007. En mayo de ese año, obtuvo la victoria en las elecciones municipales del municipio virgitano Antonio Torres, del Partido Popular (PP), quien heredó una obra paralizada y ejecutada en una mínima parte.
Tras arduas negociaciones, el Ayuntamiento de Berja consiguió desbloquear la situación y las obras se reanudaron en 2010 por parte de la empresa Obrascampo, que en febrero de 2012 las paralizó por problemas económicos propios. En mayo de dicho año, la Junta requirió al consistorio la certificación de final de obra y en enero de 2013 inició un expediente para el reintegro de la subvención concedida, por lo que, ante este expediente, el Ayuntamiento presentó sus alegaciones, consiguiendo que se archivara y que no se ejecutara.
En 2013, la empresa virgitana Construmar se hizo cargo de la obra, finalizando por fin la misma en octubre de 2014, según consta en el certificado que envió el consistorio a la Junta para pedirle el resto de la subvención pendiente. Terminadas las obras, el Ayuntamiento virgitano reclamó en reiteradas ocasiones a la Junta el pago de su parte, a lo que la administración autonómica (en ese momento gobernada por el PSOE) no solo se negó, sino que incluso en noviembre de 2017, la Dirección General de Innovación Cultural y del Libro dictó una resolución en la que acordaba el reintegro de la subvención concedida más los intereses (casi un millón de euros), además de negar el derecho al cobro de la cantidad pendiente de abonar (en torno al medio millón de euros).
El consistorio recurrió al TSJA, pidiendo la suspensión de la ejecución de esta resolución como medida cautelar, a lo que accedió el Tribunal en marzo del pasado año. Finalmente, el reciente 28 de octubre de este 2019, el TSJA dio la razón al Ayuntamiento de Berja y anula la resolución de la Junta, no solamente eximiendo al consistorio de devolver el millón de euros que le reclamaban desde Sevilla, ya que obliga a la administración andaluza a que pague al Ayuntamiento virgitano la cantidad de 445.882,81 euros correspondientes al resto de la subvención comprometida en su día, más sus intereses legales devengados desde la fecha de la finalización de la obra hasta su completo pago.
Para el alcalde, “esta ha sido una inmejorable noticia para la hacienda municipal, puesto que de haber apoyado el Tribunal la resolución dictada por la Junta en 2017, habría supuesto un duro golpe a las arcas municipales, mientras que ahora no solo no hay que pagar sino que se va a ingresar una cantidad importante, que se empleará para mejorar más nuestro pueblo”.
Una persecución política
Lupión ha mostrado su satisfacción al conocer la sentencia definitiva, y ha manifestado que “esta decisión judicial pone fin a una oscura etapa en la que el Ayuntamiento de nuestro pueblo sufrió la marginación de la Junta, cuando esta estaba en manos del PSOE, y la utilizaban para castigar a los que no eran de su signo, como ha quedado bien acreditado en este juicio”.
Además, ha añadido que “mientras los socialistas gobernaban en Berja y la empresa constructora era de los hermanos Chaves no hubo problemas para pagar, pero cuando los virgitanos dieron su apoyo al Partido Popular y la empresa de los Chaves quebró por las denuncias de corrupción, buscaron una y otra vez la fórmula para negar a los virgitanos lo que en justicia les correspondía”.
El regidor también ha comentado que “este ha sido un ejemplo más de cómo los socialistas utilizaron la Junta de manera partidista, y, lo que es peor, con el apoyo expreso del PSOE de Berja y de su cabeza visible, Isabel Arévalo, que en su etapa de Delegada de Educación no movió un dedo por solucionar este problema, sino que por el contrario buscó que la obra del teatro no se pudiera finalizar. Por suerte esta situación ha cambiado y ahora la administración autonómica se está volcando en cumplir sus compromisos con nuestro municipio. No pedimos que nos den más, pero sí que nos den lo que nos corresponde”.
